IDEAS PARA MEJORAR EL PODER JUDICIAL

Por: Ricardo Mihura Estrada

[Este trabajo fue presentado en 2014 en un concurso coorganizado por la Universidad Torcuato Di Tella y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Curiosamente, no sólo no fue galardonado, sino que el concurso mismo fue abortado. Como nadie me avisó nada, considero que ha pasado ya un lapso prudencial para publicarlo por acá. RME]

I.- IDEA:

Instaurar la libertad de colegiación de los abogados para evitar la tendencia corporativa a encarecer y entorpecer el acceso al Poder Judicial de las personas de menores recursos.

II.- DISCUSIÓN:

La idea que se propone para mejorar el Poder Judicial es la de liberar el ejercicio profesional de la abogacía de las actuales regulaciones que obligan a los abogados a incorporarse y pagar tributos a sendos colegios públicos y obligatorios en cada jurisdicción provincial en la que se desempeñan.

La libertad en el ejercicio profesional conlleva efectos muy relevantes sobre, al menos, tres aspectos del acceso a la Justicia:
(a)   la expansión del mercado jurídico, debida a la ampliación de la oferta y reducción de precios,
(b) la reducción de costos por eliminación del peso muerto de estructuras innecesarias y de institutos que protegen a los abogados (a algunos abogados) y no a los justiciables, y
(c)  la mejora de los servicios a los que pueden acceder los abogados, debida a la competencia más eficiente entre entidades asociativas y otros prestadores de servicios al profesional.

Veamos cada uno de estos aspectos:

(a) Expansión del mercado jurídico debida a la ampliación de la oferta y reducción de precios

La expansión del mercado jurídico consiste en el incremento de oferta producto de la libertad. De ello se sigue mayor competencia y, naturalmente, tendencia a la reducción de precios para el justiciable y a la mejora de los servicios que se le ofrecen.

El incremento de la oferta que se logra a partir de la libertad de colegiación es consecuencia inmediata de la libre circulación de la oferta. Se trata de incorporar a cada jurisdicción todos los abogados que ya existen en el resto del país, pero cuya disponibilidad está segmentada por las barreras de acceso que impone cada colegio, de cada provincia, y que impiden a los servicios de estos abogados ofrecerse libremente y alocarse eficientemente con respecto a la demanda.

Al circular libremente, estos servicios se verían obligados a competir ofreciendo menores precios, mejor calidad de servicios y –muy importante- abriendo nuevos campos de demanda insatisfecha, es decir, yendo a buscar a las personas que hoy no piensan que pueden acceder al Poder Judicial para solucionar sus cuestiones legales.

Pensar que esta competencia por precios y calidad de servicios puede llegar a perjudicar al bienestar de los abogados sería un error. La libre competencia es la mejor y más eficiente asignadora de esfuerzos y de recursos. Y la distribución eficiente del trabajo es generadora de riqueza.

Sobre todo, cuando se la compara con el reparto artificioso de la escasez de un mercado recesivo, entre los participantes del grupo de privilegiados que están en el reparto.

(b) Reducción de costos por eliminación de pesos muertos de estructuras innecesarias y de institutos que protegen a los abogados (a algunos) y no a los justiciables

Simultáneamente con la reducción del precio de los servicios de los abogados, la libertad de colegiación tiende a reducir otros costos del acceso a la Justicia que hoy pesa sobre los justiciables. Se trata de la eliminación del peso muerto que importa para el sistema el sostenimiento de las organizaciones corporativas (p.ej, bonos contribución que recaudan los colegios públicos obligatorios por la participación en cualquier causa judicial), la financiación de los subproductos generados por esos colegios, como son las estructuras que atienden las contingencias previsionales y de salud de los abogados, y los diversos privilegios corporativos que el estamento tiende a obtener, a través de la fuerza institucional y económica a la que acceden los colegios gracias a su carácter público y obligatorio y al poder delegado (de muy dudosa validez constitucional) de recaudar tributos.

Es una situación muy frecuente, que la conclusión de costosos y largos trámites judiciales, como la inscripción de partidas de divorcio, declaratorias de herederos, levantamientos de embargos, etc., resulten frustrados e inconclusos solamente por la omisión de realizar aportes previsionales a las cajas de abogados o de regular honorarios a algún profesional que intervino en el proceso. Es notorio que estos casos son mucho más frecuentes y graves en jurisdicciones con más tradición corporativa que la Capital Federal (por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires), pero ¿qué puede decirse de un sistema judicial que no vacila en cerrar las puertas del Poder Judicial federal y rechazar un recurso correctamente incoado cuyo abogado apoderado no está matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal? (ver, por ejemplo, CNCA Fed Sala IV, “R., D. M. c. PNA s/ Recurso directo de organismo externo”, del 12/11/2013, publicada en La Ley on line). Y es también notorio que el reclamo corporativo de los abogados al colegio y del colegio a las instituciones políticas es unánime y consistente en aumentar la protección del abogado en tal sentido. Es decir que el sistema de colegios públicos obligatorios es una fuerza que tiende hacia la creación e incremento de este tipo de costos.

En esta misma categoría de reducción de costos para el justiciable deben incluirse no sólo los costos monetarios ostensibles, como son los bonos que recaudan los colegios y los aportes a cajas previsionales y de salud, y las obstrucciones procesales, sino también los costos indirectos que cargan sobre el sistema institutos tales como las leyes que imponen mínimos arancelarios de orden público (leyes que no permiten pactar honorarios por debajo de ciertos valores que fijan los propios colegios), y también el privilegio corporativo de establecer las normas de conducta “ética” de la profesión por parte de los propios abogados y de juzgar su cumplimiento por tribunales de ética también corporativos. Esto último tiende a sancionar las conductas que dañan a la corporación más que aquellas que dañan a los justiciables, obteniendo como resultado servicios de peor calidad, por desamparo de los justiciables y sobreprotección de los abogados.

(c) Mejora de los servicios a los que pueden acceder los abogados, debida a la competencia más eficiente entre entidades asociativas y otros prestadores de servicios.

La libertad de colegiación genera también un ámbito propicio para la mejora de los servicios a los que pueden acceder los abogados, efecto virtuoso de despejar a la libre competencia el área de todos los servicios que hoy tienden a ser monopolizados o al menos distorsionados por los colegios públicos y obligatorios.

Comencemos por el propio asociativismo: la creación de colegios o instituciones privadas, espontáneas, de cooperación recíproca entre colegas con similitud de necesidades y de intereses. Los colegios privados son de suma utilidad para el abogado, pero por la dificultad para hacerse ver ante los poderosos colegios públicos, y por constituir un costo adicional a la membresía obligatoria de éstos, terminan languideciendo por falta de afiliados jóvenes, de recursos y de relieve institucional. Los colegios públicos y obligatorios compiten en forma desigual con los colegios y asociaciones privadas, opacándolos, pero no por ser más eficientes, sino sólo por el hecho de tener recursos fiscales ilimitados (pueden aumentar los tributos que cobran cada vez que los precisen, casi sin riesgo a perder afiliados).

También las ofertas académicas (institutos de capacitación profesional), y los servicios de toda índole al abogado y a sus familias son invadidos por el accionar de los colegios públicos y obligatorios (salud, turismo, jardines maternales, talleres de cine y teatro, campeonatos de fútbol, comedores, gestoría de trámites, etc, etc.); todo ese mercado profuso de servicios que demanda el abogado para su profesión y para su vida, puede ser provisto en mejores condiciones de costo y eficiencia si se elimina la distorsión que importa la existencia de un prestador ómnibus, que por contar con recursos fiscales y carecer de incentivos de mercado lo hace en condiciones predatorias y sub-óptimas respecto de los prestadores espontáneos y especializados de similares servicios.

Mejorar las condiciones de costo y de eficiencia de los servicios que requieren los abogados, conlleva mejorar las condiciones posibles para la prestación de los servicios jurídicos que consume la población. Menores costos y servicios más eficientes permiten a los abogados competir con menores precios y llegar a satisfacer a un mayor universo de la demanda existente. Es decir que esto redunda, también, en una expansión del mercado jurídico y una mayor inclusión en la Justicia de la población más necesitada y excluida.

III.- SENTIDO E IMPORTANCIA DE ESTA PROPUESTA

Tal vez sorprenda que a un desafío sobre mejoras del Poder Judicial responda con una propuesta sobre la organización de los abogados.

Existe infinidad de aspectos propios de la organización –puertas adentro- del Poder Judicial que merecen propuestas creativas de mejora. Todas muy válidas, y probablemente de costosa implementación y espectaculares resultados esperables.

Pero el primer cometido, objeto y finalidad misma del Poder Judicial es llegar a todos los justiciables, resolver conforme a derecho todas las cuestiones legales que éstos puedan tener. Por ello, si la buscada “mejora” del Poder Judicial promete por resultado un órgano del Estado que funcione maravillosamente, pero que sólo esté al alcance de los ricos y de las grandes empresas, entonces seguirá siendo un Poder Judicial raquítico, impotente.

Un Poder Judicial sano y fuerte es un Poder Judicial que llega a todas las personas, un Poder Judicial que logra hacer regir el imperio del derecho en todas las relaciones humanas de nuestra sociedad.

La reducción de costos y mejora de los servicios al justiciable resultantes de la instauración de los elementos de libertad en el mercado legal que aquí se proponen, y que hoy no existen, produciría una expansión del universo de ciudadanos que podrían acceder a soluciones jurídicas para resolver sus conflictos y otras cuestiones legales, no conflictivas, pero que también requieren del Poder Judicial y de los abogados para su resolución.

Me refiero a que gente que hoy no puede acceder al derecho debido al costo adicional que los colegios causan o generan sobre la Justicia, comience a hacerlo efectivamente.

Se podrá decir que los costos directos de los colegios públicos obligatorios son mínimos, o que son justificados con relación a los servicios que ellos prestan al sistema de Justicia (¡por ejemplo, participar en la organización de este concurso!). Pero es muy difícil –y de lo más variado a lo largo y ancho del país- determinar el costo real indirecto que los colegios terminan haciendo cargar sobre el sistema de justicia y que –en definitiva- encarecen su acceso y excluyen a los más necesitados. Además, por la forma piramidal que tiene la estructura socio-económica de la población, es esperable que una reducción, por leve que ella sea, de los mencionados costos legales produzca una enorme ampliación del universo de justiciables a los que se les franquea un acceso a la Justicia, que hoy tienen vedado.

Y hago especial hincapié aquí en los efectos económicos que tiene tal acceso a la Justicia, porque en muchos casos ello resulta necesario para que las personas adquieran y mantengan títulos perfectos sobre los bienes registrales que poseen (inmuebles, automotores, acciones y participaciones en sociedades regulares). Ello es así no sólo en las ejecuciones de bienes embargados, sino también en las sucesiones, separación de bienes de sociedades conyugales, adquisiciones por usucapión, demandas de escrituración de boletos con posesión, divisiones de condominios, liquidación de sociedades, transferencias de bienes por parte de incapaces o que involucran derechos de incapaces, levantamientos de embargos e inhibiciones.

Ha sido demostrado con maestría por Hernando de Soto que la fluida circulación jurídica y económica de los bienes registrables (especialmente inmuebles) es clave para el progreso de los más pobres.[1] Pero las fuerzas corporativas que encarecen y dificultan la llegada del Poder Judicial a los más humildes, generan obstáctulos legales para la adquisición de títulos perfectos, y provocan que se vayan perdiendo, con el paso del tiempo, incluso los títulos perfectos que alguna vez éstos pudieron detentar.[2]

En suma, considero que cualquier propuesta de mejora del Poder Judicial debe tener por norte y principal objetivo, facilitar el acceso al mismo de la mayor cantidad posible de personas. Esto es mucho más que una necesidad de los abogados, para trabajar más cómodos, o de los jueces, para irse más temprano a descansar. Se trata de hacer regir el estado de derecho y de hacer llegar a los más rezagados, a los excluidos del sistema, los beneficios de la ley y de la Justicia.

Y ello no se puede hacer sin pensar en los abogados, los famosos “auxiliares de la Justicia”, cuya organización actual en colegios públicos y obligatorios atenta contra dicha finalidad del Poder Judicial y convierte a la profesión en una pesada mochila que se carga sobre los hombros de la sociedad.






[1] HERNANDO DE SOTO, El Misterio del Capital,  Gráficas La Bodoniana C.A., Caracas, 2007.
[2] Por supuesto que esto no es sólo por causa de las corporaciones de abogados. También los escribanos –férreamente colegiados y con numerus clausus de registros- han sido señalados como artífices de esta exclusión. Ver ENRIQUE PASQUEL y ots, La Guerra de los Notarios, Instituto Libertad y Democracia, Perú, 2009