¡¡DE NUEVO CON LOS HONORARIOS OBLIGATORIOS!!

A continuación, el texto de las notas que hemos presentado en las Comisiones de Justicia y de Legislación General del Senado de la Nación, que analizan el Proyecto de Ley del CPACF sobre HONORARIOS PROFESIONALES

Buenos Aires, 5 de octubre de 2015


Sr.
Presidente de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales del
Senado de la Nación
D. Pedro Guillermo Guastavino
S.                    /                 D.
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                                                        Ref: Proyecto S-2993/15
                                                        Ley de Honorarios de Abogados


De nuestra consideración:

                                 Nos dirigimos a Ud. en representación de la agrupación de abogados independientes Bloque Constitucional (Lista 61, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), con relación al Proyecto de Ley S-2993/15, de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal, a fin de expresar nuestro decidido apoyo a la iniciativa en general, pero también nuestra muy grave preocupación con relación al cercenamiento de la libertad de contratación que contienen algunas de sus previsiones, y a los efectos perjudiciales que ello acarrearía.

                                 El artículo 5° del proyecto prohibe la renuncia o pacto de honorarios por debajo de los aranceles fijados en el mismo. A tal efecto declara nulos los acuerdos y considera incurso en falta ética al abogado que renunciare o acordare con sus clientes honorarios inferiores a los legales.

                                 Esta restricción a la libertad de trabajo, a la privacidad de los actos que en modo alguno ofenden al orden y a la moral públicos y a la libre competencia es insostenible de cara a las garantías de la Constitución Nacional en sus artículos 14, 19 y 43. Pero, además de ello, produce gravísimos perjuicios a nuestra profesión y a la sociedad en general.

                                 Entres tales perjuicios destacamos los siguientes:

·   Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1255, acaba de sancionarse definiendo que “Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios.” El mero hecho de haberse incluido esta norma en el novísimo Código que regula todas las relaciones de derecho privado, es una definición explícita de que la legislación procesal y/o administrativa –como lo son las leyes de aranceles profesionales- no pueden avanzar por sobre la libertad de contratación, pues esta libertad es una cuestión jurídica de fondo y derivada directamente de garantías constitucionales de orden superior. La mera definición de que esta ley sería “de orden público” no alcanza para sanear esta contradicción, sino que la muestra con toda crudeza. Pues no puede ser que en una misma jurisdicción territorial, sea “de orden público” la libertad de contratación (según el Código Civil y Comercial) y la prohibición de esa misma libertad de contratación (según el proyecto analizado).

·   Asimetrías e ineficiencias territoriales. Más allá de que no tendría ningún sentido ni razonabilidad legislativa que el Código Civil y Comercial prohíba la indisponibilidad de los mínimos arancelarios en todas las jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que los fueros nacionales y federales rigiese exactamente lo contrario, esta situación crearía un doble estándar de trabajos profesionales: los remunerados en condiciones de libertad y los remunerados según mínimos obligatorios. Posiblemente el efecto a mediano plazo será una migración de la litigiosidad hacia jurisdicciones provinciales, lo cual perjuicaría nuestras posibilidades de trabajo y la eficiencia en la asignación macroeconómica de esfuerzos profesionales. A tal efecto las empresas que puedan hacerlo pactarán jurisdicción u optarán por demandar en la Provincia de Buenos Aires y no ante la Justicia Nacional con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

·   Abogados perjudicados. En el ámbito profesional quienes mayormente sufren estas restricciones contractuales son los abogados independientes y los abogados jóvenes. Se trata de los colegas que no tienen un gran estudio o empresa detrás, pero que pueden ofrecer sus propios servicios con costos más eficientes y competir de esa forma con los estudios establecidos. El efecto económico de esta norma, entonces, es condenar a estos profesionales a ser empleados toda su vida, dificultándose su desarrollo en forma independiente.

·   Quiénes pagan el mayor costo. Dado que este aspecto del proyecto está ordenado a encarecer el precio de los servicios legales, es importante identificar quiénes serán los que habrán de soportar este encarecimiento. En este sentido, quienes, en forma individual o colectiva, mayor demanda hacen de nuestros servicios profesionales son:

§         En primer lugar el Estado Nacional. La mayor parte de los servicios legales que consume el Estado lo hace con su personal en relación de dependencia, lo cual le podría hacer creer que está inmune a este mayor costo. Pero no es así, ya que el Estado Nacional también contrata servicios jurídicos como locación de servicios, sea para complementar a los profesionales de planta, como también para encarar cuestiones de alta especialización y enorme volumen, como podrían ser la emisión de deuda pública o la asisteencia en otros contratos administrativos relevantes. Si los abogados a contratar por el Estado Nacional a tales efectos están obligados a cobrar en términos porcentuales de los contratos en que intervienen un mínimo del 1% ó del 0,3% “del valor del contrato”, se establecen costos fijos que terminan repercutiendo en el erario público en forma sustantiva.

§         En segundo lugar, el mayor demandante de servicios legales –como colectivo- es la enorme población de familias e individuos que requieren asistencia legal para sus divorcios, separación de bienes y sucesiones. Si bien individidualmente, el incremento derivado de la innegociabilidad de los hoonorarios podría parecer pequeño, en su conjunto significa trasladar un costo significativo a toda la población, con el agravante de que los sectores de menor poder adquisitivo, al no poder asumir este costo, habrán de quedar directamente excluidos del orden jurídico, con detrimento de sus derechos de propiedad, títulos inmobiliarios, alimentos, filiaciones, etc.

§         Por último, las empresas que contratan y litigan en forma masiva, como las compañías de seguros, bancos y cadenas de comercios minoristas también habrán de incrementar grandemente sus costos legales. Lamentablemente este tipo de empresas suelen tener también la posibilidad de trasladar estos costos a los precios de sus productos, por lo cual también este mayor  costo legal terminará repercutiendo en la población, en general.

·   Arbitraje y métodos alternativos. La prohibición de contratar libremente honorarios, tiene un especial y negativo impacto con relación a los métodos alternativos de resolución de conflictos, como son los arbitrajes, conciliaciones y mediaciones. El proyecto fija un arancel mínimo para los árbitros y mediadores, del 10% sobre el monto del litigio (artículo 33 inciso “d”), lo cual puede resultar absolutamente impeditivo de la solución alternativa. En todo caso este arancel funciona como un grave desincentivo, ya que el costo de acceder a la justicia (tasa de justicia) es mucho menor, del 3% (Ley 23.898). Estando establecida la mediación obligatoria –que a su vez ya cuenta con su  propia regulación arancelaria mediante Ley 26.589 y Decreto 1467/2011, de incierto destino en su convivencia con este proyecto- y siendo un objetivo con amplio consenso el de descomprimir la demanda de servicios judiciales, parecería que esta norma no ha sido objeto de suficiente ni apropiado análisis.

·   Por último, la prohibición de contratar libremente es tan artificial que resulta en la práctica imposible de cumplir y de hacer cumplir, en un mercado que es totalmente atomizado y muy populoso como es el de los matriculados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (casi llega a los cien mil abogados). La amenaza de sanción ética a quienes se apartaren de dicha prohibición configura una amenaza gravísima para toda esta población, que pasa así a quedar expuesta a todo tipo de denuncias e investigaciones persecutorias por parte de los colegios profesionales.

                                 Aprovechamos la oportunidad para señalar otras disposiciones que también afectan a la libertad de trabajo, con grave y potencial perjuicio a los profesionales independientes, y que requieren de una meditada revisión en el proyecto:

·   Cuota litis previsional. Limitar el pacto de cuota litis, en materia previsional, de alimentos y menores, a un máximo del 20% (artículo 6° inciso “c”). Si bien esta disposición parecería encontrar cierto sustento en la protección de quienes –se presume- estarían en peores condiciones de negociación con el abogado, debido al carácter alimentario de sus créditos, lo cierto es que al limitar de esta forma el honorario profesional se deja sin asistencia letrada, y en definitiva sin derecho a reclamar, a los casos en los que por su complejidad, menor cuantía o imposibilidad de cubrir los gastos mediante el pago de anticipos, una expectativa de sólo un 20% resulta insuficiente para satisfacer el interés del profesional. Se trata de los casos de mayor necesidad de asistencia letrada y se los condena así a la indefensión.

·   Instrumentación del contrato de honorarios. Obligar a instrumentar por escrito los contratos de honorarios, prohibiendo otras formas de prueba (artículo 4) contraría la libertad de formas y pruebas que el Código Civil y Comercial de la Nación admite y protege en general (arts. 1015 y 1019). Dada la relación de confianza en la que se suele contratar los servicios del abogado, es usual que los honorarios se cierren por correo electrónico, notas o meras facturas. Prohibir estas formas de instrumentación puede resultar en una grave inequidad, perjudicial para el abogado, y eventualmente también para el cliente.

                                 Muchas de estas cuestiones referidas a restricciones artificiales e injustificadas en la libertad de contratación recientemente debatidas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a la sanción de la Ley 5134, ya que en ese caso también el proyecto original contemplaba la indisponibilidad de los mínimos arancelarios y sanciones por acordar por debajo de los mismos, lo cual fue abandonado en el proyecto en definitiva sancionado.

                                 Reiteramos nuestra favorable predisposición a que se trate y se sancione una nueva ley de aranceles profesionales de abogados que atienda a las múltiples problemáticas y situaciones que son abordadas por el Proyecto de la referencia, pero las cuestiones que hemos señalado son de una gravedad tal que exigen su debida atención y revisión, para no generar peores perjuicios sobre la profesión y sobre la sociedad, en general.


                                 Saludamos a Ud. muy atentamente