Un colegio público que elimina la participación de los matriculados en sus decisiones

Por María Laura Blanco Peña (*)

Se está llevando a cabo en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal la reforma al Reglamento Interno que rige el funcionamiento de la institución, junto a la Ley 23187, y de aprobarse, se limitará la representación de los matriculados en el ámbito de la Asamblea restringiendo la actuación de los delegados que no pertenezcan a agrupaciones numerosas u oficialista.-


Días atrás, publiqué la propuesta reformadora traída por Gente de Derecho a la Comisión de Interpretación y Reglamento, la cual integro como delegada de asamblea por una agrupación que representa a 4400 abogados de la matricula (https://www.facebook.com/abogadoscaba/photos/pcb.1506815176229697/1506814132896468/?type=1&theater), a los fines de su divulgación, y toma de conocimiento entre abogados que quedarán afectados -de aprobarse- desde el día 4 de junio próximo.

¿Qué implican éstos cambios? ¿Qué trascendencia aparejarán desde entonces? ¿Qué podría un matriculado hacer al respecto?
El Reglamento Interno propuesto reformará los artículos 1; 2; 12; 20; 36; 37; 42; 46; 61; 83; 95; 96; 97 y 105 respectivamente.
Y como un abogado, no protesta por despotricar ante las injusticias, sino que da razones y fundamentaciones previamente, es necesario analizar las proyecciones que tendrían cada uno, de modificarse.

1) En primer lugar, se incorporan como normas que regirán la actividad de los abogados que ejercen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que dicte la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el sólo hecho de la matriculación del abogado, según proyecto de nuevos artículos 1 y 2.-.

2) Se cambia la “votación nominal en las asambleas”, en los proyectados artículos 20 y 61 y se incorpora como una “atribución” del presidente de la asamblea –hoy oficialista- la determinación de su aplicación para la toma de decisiones; como correlato, se restringe esa posibilidad actual de petición por “15 delegados presentes” en la sesión de asamblea, elevando el requisito a “mayoría absoluta de delegados presentes”.
La incorporación de este nuevo requisito cuantitativo del voto nominal, restará transparencia, responsabilidad individual, y publicidad de actos y sesiones asamblearias que exigen la conformación con la voluntad de la asamblea. Es una realidad, que el oficialismo no necesita jamás utilizar del voto nominal y sí es solicitado por agrupaciones que se comportan como fiscalizadoras de la conducción directiva, y es público y notorio que, cuando se tratan asuntos de importante trascendencia se hace uso del mismo sólo si hay unanimidad y consenso entre los opositores -que minimamente pueden comunicarse en ese breve tiempo- porque cada bloque no reúne solo el recaudo regularmente.
La exigencia de “mayoría absoluta” eliminará esa posibilidad, de obtener la individualización personal del delegado que forma la decisión colectiva que afectará a los abogados de la jurisdicción, y obligará a la persona jurídica de derecho público, y que apela a la responsabilidad individual en “hipotéticos casos en que se infrinjan normas vigentes”, ó, impliquen discrecionalidad del consejo directivo para no dar cuenta ni justificaciones ni información de sus actos cuando se busque sanear irregularidades reglamentarias en la asamblea misma, como se viene observando en las últimas celebradas, en las que fue rechazado el pedido pese a cumplimentar con los 15 delegados presentes, en decisiones relacionadas a aumentos de la matricula anual y la compra del inmueble de calle Paraná bajo la figura del gestor de negocios.

3) Sobre el órgano de la asamblea de delegados los artículos 36, 37, 42, 46, y 61 aparejan cambios importantes en el funcionamiento interno del colegio público.
Actualmente, para constituir un nuevo bloque, se requiere la voluntad de 3 delegados y su manifestación a la presidencia mediante una nota firmada por sus integrantes. A partir de la eventual reforma, se exigirá que esa nota sea suscripta por el “apoderado de la lista” a la que representa. Se empoderará la figura del "apoderado de la lista". De allí, la relevancia de consultar quiénes son -y serán- estos colegas, que ahora en mas, pueden respetar o tergiversar, lo que eligió un abogado con posterioridad a una elección al impedir cualquier escisión cuando algunos decidan omitir el respeto de lo prometido en campaña, o por diferencias internas en cualquier agrupación que conforma una lista, sólo sea posible su continuidad con un nuevo bloque.-

4) La representación de los bloques en las comisiones de la asamblea debe guardar proporción y correspondencia con la existente en la asamblea, actualmente.
Con la reforma, se transgrede el espíritu de las normas vigentes -y de rango superior-, de lograr la mayor participación interna y posible de los abogados representados en los delegados, al imponer el número de 11 miembros, quedando excluidas aquellas listas ganadoras que aritméticamente NO logren acceder quedando una composición netamente oficialista, sin voces que puedan efectuar observaciones diferentes a las que implementará la conducción directiva ¿y temporaria? del colegio público.
En síntesis, se excluye de las comisiones de la Asamblea a las listas elegidas por los matriculados que tengan menos del 9% de votos del padrón. Menor representación del matriculado y sus delegados.

5) Se elimina la facultad de requerir informes y exhibición de documentación a la Tesorería del colegio, desde la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Cuentas que hoy tienen los delegados que representan los matriculados, poniendo un nuevo recaudo en el proyectado artículo 46 que “dicho pedido sea aprobado por los integrantes de la comisión” (¿unanimidad?) que claramente con estos cambios quedará integrada por delegados de grandes bloques ó, del bloque con mayoría propia. No hace falta aclarar que, esta reforma eliminará la escasa facultad de control real que hoy tiene un delegado electo sobre el uso de las finanzas y recursos patrimoniales del colegio público; así como la de ser informados sobre la afectación de los mismos, recaudación y erogaciones documentadas.

6) En el órgano del Tribunal de Disciplina, se elimina el requisito “previo concurso y a propuesta del Tribunal” para que la designación del Secretario General del Tribunal de Disciplina por parte del Consejo Directivo, y la remoción que actualmente se efectúa por decisión de 2/3 de los miembros del Tribunal, pasará a ser una facultad del Consejo Directivo.
El cambio propuesto equivale a una merma de la imparcialidad necesaria y fundamental que requiere la función disciplinaria, quebrando la independencia funcional que debe imperar para un correcto desenvolvimiento y administración de la justicia que merece el abogado matriculado a un colegio público –y cualquier ciudadano que recurra a él-, y facilitará la impunidad de infractores que puedan ser allegados, amigos, socios de los integrantes de la agrupación que tenga la conducción temporaria del colegio. No se puede desconocer que estos hechos –públicos y notorios- suceden en organizaciones públicas, y que lejos de consolidar la aplicación de justicia y equidad en un juzgamiento concreto, alejan la ecuanimidad del juzgador.-

7) También los “Institutos” regulados en los artículos 95 y 96 respectivamente serían modificados. Se elimina la asistencia y consulta por la Comisión de Institutos del ámbito de la Asamblea, en la formación de nuevos institutos del colegio, quedando como una función exclusiva del Consejo Directivo dicha creación, designación de autoridades y delimitación de competencias.
Con este cambio se evidencia que la interacción e interconsulta previa entre los órganos del colegio va desapareciendo, así como se va quitando la participación de la voluntad de los matriculados electores en la toma de decisiones cuando se excluyen a los delegados que votaron y los representan, y que lejos de ser un “obstáculo burocrático” como pretende señalarse, solo favorecen la concentración de poder en el consejo directivo y fomentan la falta de autocontrol a través de sus órganos de la persona pública.

8) Finalmente, se reformaría el modo de elegir un coordinador y secretario de cada Comisión de la asamblea, por simple mayoría de votos presentes actualmente, pasando a ser una decisión del Consejo Directivo y añadiendo la figura de un prosecretario que no existía hasta el momento.
Con estas modificaciones, que derogan los artículos 43 inc. d) y 47 del reglamento Interno vigente, el Consejo Directivo adoptará como propias, facultades exclusivas del órgano de la asamblea del colegio y una función que es competencia de los representantes de los matriculados quebrando el equilibrio que los legisladores tuvieron en cuenta con la sanción de la ley 23.187… ¿para qué?, …¿por qué?, …. Sobra respuesta, y mientras los matriculados permanezcan inertes ante estos avances institucionales, será un deterioro en su perjuicio irreversible porque poco podrá hacer valer y hacerse escuchar de futuro. El próximo 4 de junio es la fecha.-

(*) Abogada, delegada miembro de la Comisión de Interpretación y Reglamento de la Asamblea del CPACF, periodos 2012-2014/2014-2016.-