UNA INSTITUCION NACIDA DE UNA FALACIA

por Alfredo Mendiguren

falacia. (Del lat. fallacĭa).
1. f. Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien.
2. f. Hábito de emplear falsedades en daño ajeno.

El ejercicio de la abogacía en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires se desarrolló, históricamente, sin la existencia de colegiación obligatoria alguna hasta que, en el año 1985, se sancionó la malhadada ley 23.187 que logró imponerla en base a una falacia.

Hasta ese momento coexistían varias entidades a las que los abogados adherían voluntariamente; así, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Corporación de Abogados Católicos San Alfonso María de Ligorio y la Asociación de Abogados Laboralistas, entre otros.

En rigor de verdad, la cantidad de abogados militantes en las entidades precedentemente enunciadas era francamente minoritaria en relación al universo de los abogados matriculados en el ámbito de la Capital Federal que resultaba mayoritariamente prescindente.

Tradicionalmente, la Asociación de Abogados, de tendencia izquierdista, venía bregando desde siempre por la colegiación obligatoria, mientras el Colegio -históricamente identificado como “el de la calle Montevideo”- mas conservador, defendía la colegiación libre.

Así las cosas, con el retorno al estado de derecho de fines de 1983, la asociación retomó sus banderas colegialistas, encontrando en el partido gobernante, proclive a colegiar hasta a los podólogos y peluqueros, terreno fértil para su imposición bajo la falaz consigna de tratarse de una aspiración de larga data de los abogados de la Capital Federal.

Estériles resultaron los esfuerzos por convocar una encuesta entre los abogados matriculados en la ciudad a fin de verificar la verosimilitud de tal afirmación, por cuanto la Asociación de Abogados no pretendía debatir la cuestión sino imponerla lisa y llanamente aprovechándose de su vecindad ideológica y empatía con el partido gobernante.

Empíricamente, habida cuenta la carencia de encuestas o relevamientos serios, cabe afirmar que, en aquel momento, podían distinguirse tres grandes grupos aproximadamente equivalentes, a saber: uno que proponía la colegiación obligatoria, otro que propugnaba la colegiación libre o voluntaria y, un tercero, posiblemente mayoritario, absolutamente prescindente.

Como se ve, lejos se estaba de contar con una aspiración ampliamente mayoritaria de los matriculados de la Capital Federal.

Particularmente y estando como asesor de una diputada nacional en el momento de debatirse el entonces proyecto de ley, mocioné la inclusión de un artículo que estableciera que la participación en la elección de autoridades fuera voluntaria y que, de no concurrir a votar como mínimo la mitad del padrón, ello constituiría un hecho revelador del desinterés de los matriculados en la institución y, por ende, la misma debería entrar en estado de disolución y liquidación. A tal fin el padrón debía incluir al total de los matriculados, sin exclusiones, toda vez que la falta de pago de la matrícula anual también implica desinterés en la subsistencia de la institución.

Como es de suponer, el bloque de la UCR, en aquel momento a través del diputado Vanossi, se opuso totalmente a considerar dicha propuesta.

En rigor de verdad, los colegialistas siempre tuvieron como presunción “iuris et de iure” que todos los abogados de la Capital Federal aspiraban a colegiarse compulsivamente pero, preventivamente, nunca aceptaron cotejar tal presunción con la realidad.

Obsérvese que la pretensión de una nueva vuelta de tuerca intervencionista y parasitaria como lo fue el intento de creación de la Caja de Seguridad Social de Abogados reveló que la mayoría de los abogados reaccionó negativamente, lo que permite suponer similar resultado frente a una encuesta que ausculte respecto de la continuidad de un colegio obligatorio.


En definitiva, nos encontramos formando parte de un colegio, en lo que a mi atañe contra mi voluntad, como consecuencia de un embuste.