Recaudación mata principio de inocencia

Carta firmada por el Dr. Fanego.
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El 28 de noviembre del año pasado me encontraba trabajando en mi estudio jurídico cuando recibí una carta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Al ver el sobre creí que se trataba de otra de las innumerables publicaciones propagandísticas del Dr. Rizzo, tal como la revista mensual que llega puntualmente (llegan 5, una por cada matriculado) o alguna cosa similar. Sin embargo, el tenor de esta misiva era distinto.

Tal como se observa en la foto, mediante dicha carta el CPACF, a través de su Secretario General, el Dr. Guillermo J. Fanego, me informaba que, debido a “informes requeridos” por el mismo colegio, se había detectado que en el período 2010/2013, yo “había intervenido” — sin explicar en carácter de qué — en 261 procesos, habiendo adquirido en dicho período únicamente 5 bonos.-
Al recibir esta carta, me preocupé, si bien sabía que de mi parte no había habido incumplimiento alguno, el CPACF tiene facultades sancionatorias (como inhabilitación, suspensión o multa) y su poder es discrecional.

Ahora bien, el CPACF, ni siquiera se molestaba en verificar en qué procesos se habían presentado los bonos adquiridos, sino que delegaba dicha facultad propia en mi persona. Es decir, el principio de inocencia para el CPACF no existe, ya que uno debe demostrar que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Las autoridades del colegio no se tomaron siquiera la molestia de ir y revisar los expedientes para ver si yo efectivamente había actuado como letrado, así como tampoco me informaron sobre qué expedientes se estaba realizando dicha investigación. Ellos simplemente pidieron informes y no permitieron que yo pudiera ver expediente alguno para poder realizar una correcta defensa.
Con dicha carta me encontraba en una situación de absoluta indefensión, teniendo que demostrar que efectivamente yo no había actuado como letrado en determinados procesos judiciales y que ni siquiera sabía cuáles eran ya que no se me había informado ni tenía posibilidad de conocerlos.

Al comunicarme con la “asesoría letrada” del CPACF, me informaron “off the record” que no tenían el listado de los procesos sobre los que se me investigaba y que, de no abonar antes del 31 de Diciembre los bonos que se me reclamaban, se me impondría una multa de un sueldo de Juez de la Nación (cuarenta mil pesos).

Ante dicha situación formulé mi descargo ante las autoridades del CPACF, presentando un escrito en mesa de entradas y exponiendo la realidad de la situación. Esto es que en el Estudio yo había realizado el sorteo de expedientes de la seguridad social en el sistema informático de dicho fuero pero que de ninguna manera yo había intervenido como letrado, firmado escrito alguno o firmado siquiera la planilla de inicio del expediente. Es más, si al menos se hubieran tomado la molestia de revisar detenidamente dichos sorteos, en todos ellos, aparecían como letrados quienes efectivamente patrocinaban dichos expedientes junto a mí.

Como ya lo mencioné, el CPACF únicamente solicitó un informe sobre qué letrados habían realizado el sorteo informático y no se molestó en realizar una investigación detallada ni mucho menos. Transfirió la carga de la prueba a quien era investigado, obligándome casi a adivinar de qué incumplimientos se me estaba acusando.

Frente a dicho escrito, el CPACF, guardó silencio y, a la fecha, no he recibido notificación alguna. Uno hubiera esperado que con dicha contestación el CPACF me hubiera enviado por carta un pedido de disculpas, pero evidentemente el CPACF no está para realizar dichas cosas, sino únicamente para recaudar.

Recuerdo que en dichos días mi bronca más grande era que, de resultar efectivamente condenado a abonar esa multa, no podría conocer el destino de ese dinero hasta dentro de varios años, ya que el CPACF no cuenta con balances aprobados desde el año 2012.

Es por todo esto entre muchísimas otras cosas que es hora de cambiar las autoridades del CPACF y optar por Bloque Constitucional, la única opción verdaderamente alberdiana que propone reducir sensiblemente los gastos del Colegio y con ello el bono de derecho fijo y la matrícula anual. La única opción que promueve una auditoría sobre los últimos años del CPACF para conocer efectivamente qué se hizo con tanto dinero de los abogados.

Ezequiel Caffarini, candidato a Delegado de la Asamblea por Bloque Constitucional.