Una matrícula diferenciada


El actual sistema de matriculación que rige para los abogados en la Ciudad de Buenos Aires se haya descripto en la ley 23.187 de 1985. En ella se dispone la colegiación obligatoria y la creación del Colegio Público de Abogados en la jurisdicción de la Capital Federal. Los abogados tenemos que sujetarnos, obviamente, a sus disposiciones. A nuestro entender, esta ley refleja un pensamiento corporativo contrario a las ideas de libertad que iluminan nuestra Constitución, y en cierta medida, también nuestro Código Civil.

Muchos pretenderíamos derogar esta legislación, pero todos sabemos que ese proceso será largo y tedioso puesto que habrá que derrotar pensamientos corporativos muy arraigados en nuestra sociedad. Y tomará un tiempo que deberemos transitar soportando mientras tanto, el actual estado de cosas.

En años recientes, los Colegios Públicos, que mantienen cautivos a todos los profesionales en sus padrones gracias al imperio de esta ley y perciben una cuota anual por ello, han incrementado exponencialmente sus cánones anuales haciéndolo, en la opinión de muchos colegas entre quienes me incluyo, francamente confiscatorios por no guardar relación con el retorno que efectivamente disfruta el abogado, ni con el ingreso que se presume perciben los profesionales.

Un gran número de colegas considera al pago de ese canon como altamente gravoso, y otros sencillamente se oponen a él por considerar que viola su libertad de elección, pero todos debemos acatar su exigencia, como una carga tributaria adicional, un “peaje”, un tributo al Colegio, que nos devuelve lo que él considera que necesitamos: turismo, seguros, bancos, jardín maternal, tramitación de licencias de conducir, descuentos en las fotocopias, gestiones ante la IGJ y el Registro Civil, etc.

La propuesta de matriculación diferenciada consiste en la creación de una matrícula básica, hasta que sea posible derogar la colegiación obligatoria, por la cual el abogado pagaría una suma mínima capaz de financiar el mantenimiento de los padrones de abogados, emitir las credenciales, sostener el Tribunal de Disciplina; y luego de eso, elegir por su cuenta donde compra sus paquetes turísticos, qué servicio de salud contratar, en qué lugar saca las fotocopias, cómo gestionar ante el Registro Civil, etc.

Creemos que con una suma no superior a los $95 se financian sobradamente estas prestaciones. Quien quiera continuar abonando los $890 y acceder a los servicios que presta el colegio y que no surgen de la ley, puede continuar haciéndolo.

Quien considere que estos servicios son una fuente de corrupción, que violan el libre comercio y restringen la voluntad de elección de los matriculados, entre quienes también me cuento, tendríamos así una opción de ejercer libremente nuestro derecho de no ser obligados a sostener un gigantesco “elefante rojo” (por ahora) que decide por nosotros.

Así, quien opte por esta variante de matriculación, solo abonaría una suma mínima, algo parecido a lo que en salud se logró con el PMO, y con ello tendría acceso a la credencial, al Tribunal de Disciplina, y a las certificaciones que fueran menester para el ejercicio de la actividad. Y lo que es más importante, rescataría la dignidad de elegir LIBREMENTE.