Un Colegio sin límites

“El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, estas famosas palabras escritas por Lord Acton reflejan de forma precisa la razón de por qué es imprescindible establecer límites al ejercicio del poder, especialmente si hablamos del Estado ya sea directamente o a través de organismos con facultades delegadas.

Por este motivo, mientras que los individuos somos sujetos de derecho, y nuestro campo de acción se encuentra únicamente limitado por los derechos de terceros –o por lo menos, eso debería darse en la práctica– aquellas instituciones que poseen el poder de controlar, reglamentar, y cobrar tasas e impuestos ven sus facultades limitadas a lo que estipula una legislación. Es decir, su libertad de acción está limitada de forma específica en su estatuto fundacional.

Imagínese que de la noche a la mañana usted se encuentra obligado a pagar un tributo a un organismo sobre el que no conoce su finalidad, sus límites, ni el destino de los fondos que recauda. Un verdadero atropello. Es por eso que a la hora de crear instituciones con poder de policía, para impedir que sea utilizado de forma arbitraria o desmesurada se le aplican estrictos límites a su accionar. De lo contrario, quedaríamos sometidos a la discreción de los que ostentan el poder y nuestra libertad pasaría al plano de la ficción.

Esta situación de incertidumbre y abuso es la que vivimos actualmente los abogados que ejercemos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dónde para poder desarrollar nuestra labor profesional estamos obligados a matricularnos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Como decíamos antes, un verdadero atropello.

Esta institución fue creada por la ley 23.187 en el año 1985 con una competencia específica delimitada por la misma ley. Son ocho incisos en los que se establece la competencia del CPACF, es decir las actividades que está facultado a desarrollar. Ni más ni menos. Entre ellas figuran el gobierno de la matrícula de abogados que ejerzan en la Ciudad de Buenos Aires, el ejercicio del poder disciplinario, la promoción y organización de la asistencia y defensa jurídica para las personas que carezcan de recursos económicos, la contribución al mejoramiento de la administración de justicia.

Sin embargo, la actual administración de Gente de Derecho, quienes dirigen la institución desde el año 2006, parece ignorar estas limitaciones y ha convertido al Colegio Público en un negocio polirrubro que se dedica a la organización de fiestas, de eventos deportivos, de torneos de truco y de tiro, a la venta de viajes, y hasta administra un jardín maternal. Pero por sobre todas las cosas, es una verdadera carga para los abogados.

Esta institución no tiene autoridad para desarrollar tales actividades, mucho menos explotando a los matriculados a través del bono, de la cuota anual y de la inscripción a la matrícula (verdadero despropósito el precio de matriculación para noveles abogados), que encima aumenta todos los años muy por encima de la inflación real, con el sólo fin de financiar una institución sin ningún tipo de control interno (no presenta balances en los últimos años) ni externo (no es auditado por ninguna institución de renombre).

Desde Bloque Constitucional, una agrupación creada en 2012 con el objetivo de restaurar las únicas funciones a las que el Colegio está autorizado a desempeñar, creemos que esta expansión del poder es inconcebible y daña la reputación y el prestigio de nuestra profesión.

Mientras tanto, todo el peso de esta institución de magnitudes elefantiásicas recae sobre la espalda de los que dicen representar sus intereses, y mucho más sobre aquellos que encuentran cada vez más difícil y oneroso un rápido y económico acceso a la justicia.

POR EZEQUIEL CAFFARINI
*En colaboración con Adam Dubove.