LIBERTAD DE ASOCIACIÓN (por Horacio T. Liendo)

La alternativa que plantea Bloque Constitucional en las próximas elecciones de autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal constituye un soplo de aire nuevo para una vieja aspiración: que el ejercicio de la abogacía sea libre.

La ley de colegiación obligatoria de 1985 estableció una restricción a esa libertad. Desconoció que el derecho a contratar incluye el derecho a no hacerlo y nos obligó a los abogados a matricularnos ante el CPACF, incluso a quienes habíamos adquirido el derecho al libre ejercicio de la abogacía antes de su creación por haber reunido todos los requisitos formales y sustanciales para ello: teníamos el título habilitante y estábamos inscriptos ante la Justicia Nacional en lo Civil para ejercer ante la Justicia Nacional y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ejercer ante la Justicia Federal.

Como era de esperar, esta nueva burocracia creció y se multiplicó; y si bien presta servicios a los matriculados está, sobre todo, al servicio de sus autoridades y allegados, que disponen a su antojo de un gran presupuesto. Es una réplica de lo que sucede en los gobiernos de todos los niveles.

Si la idea del legislador de 1985 fue dar mayor dimensión a los esfuerzos asociativos de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires, dicho fin ya se cumplió y la matriculación compulsiva ante el CPACF no es actualmente necesaria ni benéfica.

Adicionalmente a ello, después de la reforma constitucional de 1994, la Ciudad de Buenos Aires adquirió un nuevo status y el Congreso perdió el carácter de legislador local de la ciudad que tenía hasta entonces, lo cual torna a la ley de 1985 en una rémora que debe ser removida.

La reforma del CPACF en una asociación civil sin fines de lucro a la que los abogados que quisieran pudieran asociarse libremente, como propone Bloque Constitucional, no impedirá que se mantengan los servicios que actualmente brinda la entidad, en la medida que sus asociados decidan solventarlos.

El gobierno de la matrícula, en tal caso, podrá confiarse a la asociación civil más representativa de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires o a la Justicia, como ocurriera hasta el dictado de la ley 23.187.

Mientras ello ocurre, la propuesta de reducir el bono y la matrícula anual, sin duda contribuirá a una mayor austeridad y a luchar contra la corrupción de los valores, esencial para quienes hicimos de nuestras vidas un acto de servicio a los justiciables por quienes abogamos.

Abril, 2014