Colegiatura obligatoria para abogados: la expresión del corporativismo



Por Ezequiel Spector, Profesor de Derecho, Universidad Torcuato Di Tella

Ezequiel Spector: los colegios obligatorios son como mafias
Todos hemos oído de mafias que hostigan a los comerciantes callejeros, obligándolos a pagarles un porcentaje de sus ganancias a cambio de dejarlos trabajar en paz, sin acosarlos, e incluso a cambio de algo de protección. Los comerciantes no hablan de ellas, probablemente por miedo, pero ahí están, controlando a los trabajadores de a pie que sólo desean ejercer el comercio libremente.

Lo que no todos saben es que los abogados también son obligados a pagar una cuota anual y de inscripción para poder ejercer su profesión; si no lo hacen, simplemente tienen prohibido trabajar. Los colegios públicos de abogados, que son las corporaciones que se encargan de cobrar ese dinero, cada uno en una jurisdicción diferente, cosa de mantener bien establecidos los monopolios, no son mafias, porque actúan con el uso de la coerción estatal. Quizá ello lo haga más grave aún: el Estado puede castigar a las mafias que hostigan a los comerciantes, pero cuando el mismo Estado actúa así con los abogados, el problema se vuelve más serio.

Algunos sostienen que la colegiatura obligatoria es necesaria porque es crucial para que los abogados que desempeñan incorrectamente sus funciones sean sancionados. Al establecer la ley ciertos deberes para los abogados, el Colegio Público puede sancionarlos en caso de incumplimiento. No obstante, este argumento resulta implausible. Cualquier abogado que viole alguna normativa vigente del ejercicio de la profesión debería ser sancionado, y quizá impedido de volver a ejercer la profesión si la falta fue especialmente grave. Pero, ¿por qué para ello es necesario obligar al abogado a pertenecer a un colegio público y destinar parte del fruto de su trabajo a mantenerlo? El mal ejercicio de las diferentes profesiones debería ser juzgado y sancionado por el Estado, así como debe juzgar y sancionar todos los daños que pueden hacerse los privados, ya sea una lesión, un homicidio, o una mala praxis médica o legal. Es innecesario obligar al abogado a pertenecer a un colegio público para ello, y menos a mantenerlo económicamente, así como es innecesario obligar al panadero a pertenecer a un colegio público de panaderos para sancionarlo si vende productos en mal estado. No faltará dinero para juzgar y sancionar la mala praxis profesional, porque lo que destinan en promedio los contribuyentes, incluidos los abogados, al Estado es aproximadamente un 50% de su salario, promediando impuestos nacionales, provinciales y municipales, y excluyendo el impuesto inflacionario.

Quizá estoy siendo injusto con los colegios públicos. Tal vez, después de todo, lo que los abogados pagan les es devuelto con beneficios para su profesión. No obstante, en tal caso, no habría problema con que la colegiatura sea voluntaria: los letrados mismos, en vista de esos beneficios, decidirían asociarse. Obligarlos sugiere que los abogados tienen más para perder que para ganar.

El artículo 20 de la ley 23.187 dice que es función del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal “defender a los miembros para asegurarles el libre ejercicio de la profesión”. Obligarlos a asociarse no es la forma de cumplir con esto. En efecto, la libertad de asociación, consagrada constitucionalmente, supone la libertad de no asociarse. Puede que algún día, finalmente en una sociedad libre y abierta, recordemos a carcajadas cuando muchos profesionales, para poder ejercer su profesión, eran obligados a asociarse a un colegio público y a mantenerlo económicamente, con cuotas cada vez más caras. Pero es necesario poner el tema sobre la mesa para alcanzar ese ideal.