Ética, para todos y todas


¿hasta qué punto un código de ética es ético en sí mismo, si su aplicación es obligatoria, y sus contenidos difieren de la escala de valores propias de los “obligados” a cumplirlos?
¿Hasta qué punto un código de ética es ético en
sí mismo, si su aplicación es obligatoria, y sus
contenidos difieren de la escala de valores propias
de los “obligados” a cumplirlos?
Para Platón la idea del bien es absoluta. No admite matices, ni individualidades, ni preferencias. En su filosofía, el “bien” es guía ineludible de todas las formas y del mundo ideal al que, según él, es imperativo procurar. No se discute, no se analiza, no se disecciona sino que se lo acepta, de manera indiscutible, de manera uniforme y homogénea. El bien ES.

Para Aristóteles, en cambio, el bien trascendente está integrado a la acción humana, a las elecciones y preferencias de los individuos. Y de ahí que en su Ética a Nicómano se explaya sobre la diversidad del espíritu y la acción humanas. Dice ALBANO (2008) que Aristóteles “investiga la inmanencia de la acción humana y trata de esclarecer su relación con el bien supremo, pero a partir de los principios mismos de la acción del hombre y no ya con arreglo a un fin trascendente”.

De manera consecuente, Aristóteles discrimina entre ética y política, correspondiendo a la primera la consideración y el pensamiento sobre las reglas del recto obrar en la vida privada, mientras que la segunda hace lo propio con relación a la vida pública y de organización de las ciudades.

Así, toda acción humana tiene un fin Y un sentido. La ética, para Aristóteles estudia los diversos fines y sentidos, más no los puede ordenar ni regular, en tanto el bien trascendente –tal como lo propone Platón- no existe, y –consecuentemente- es imprescindible aceptar que el bien tiene muchos significados. Tantos como personas haya. Y en tanto nadie obra sin sentido, la ética permite analizar la jerarquización de tales sentidos. Pero difícilmente la ética pueda ser “enseñada” a personas adultas, siendo que las distintas éticas disponibles se adoptan a edades muy tempranas y –generalmente- en mérito a la escala de valores de la familia o entidad en la que las personas se originan.

Pero, decir esto ¿significa que es inútil pretender que las personas se comporten de acuerdo a una determinada ética, que –para esa época y ese lugar- sustenten las conductas socialmente deseables? Por supuesto que no. Pero sí implica ser conscientes y realistas en cuanto a la metodología, primero, y la eficacia, después de procurar imponer una determinada ética. Y más aún si así se pretende mediante premios o castigos impuestos por una presunta autoridad.

En la actualidad, son abundantes los códigos de ética (generalmente, profesional), y aún leyes que –contrariando a Aristóteles- regulan una determinada conducta. Y, también en general, son ampliamente considerados como unos “buenos” instrumentos para ordenar las conductas y las relaciones interpersonales. En materia corporativa, la tendencia originada en los países anglosajones y conocida con el nombre de “corporate governance” ha llevado a que grandes empresas, por lo general listadas en bolsas de comercio, de manera voluntaria adoptaran para su propio manejo un código de conducta que las demuestre como más respetuosas que la competencia de los derechos de sus accionistas y de la comunidad en general. La tendencia se regó como pólvora, y lo que antes fue excepción, hoy es regla: todas las grandes empresas han adoptado para sí sus propios códigos de gobierno corporativo. De manera voluntaria.

Nuestra profesión no está exenta a la tendencia moderna, y quienes nos vemos impelidos a matricularnos forzosamente en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal estamos obligados a funcionar de acuerdo al Código de Ética que, como en un contrato de adhesión cualquiera, aceptamos sin posibilidad alguna de discutir sus cláusulas.

¿Es eso malo? No. Y sí. Las conductas a las que el Código de Ética aspira podrían aceptarse de manera unánime como conductas deseables, y cuyo cumplimiento significaría una práctica profesional ordenada, pacífica y respetuosa del ejercicio e intereses ajenos. Pero ¿qué sucede con la obligatoriedad de la medida? ¿Qué sucede con la imposición forzosa, bajo amenazas inclusive, de la concreción de esas conductas? ¿Es eso ético?

Como ejemplo de lo que estamos proponiendo pensar, podemos tomar el Artículo 11 del código de ética que reza: “Deber de Colaboración: Es deber del abogado prestar su concurso personal para el mejor éxito de los fines del Colegio Público”. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los fines del Colegio Público? ¿Y cuál éxito es mejor que otro? Supongamos que, por ejemplo, una terrible falla en las cañerías del edificio de la Avenida Corrientes inundara la totalidad del Colegio. En mérito a este artículo, no sería ilógico recibir una llamada de las autoridades indicándonos concurrir con uno o dos baldes para cumplir con nuestro deber de colaboración, y ayudar a sacar el agua de la inundación entre todos los matriculados.

Pero supongamos que no podemos dirigirnos materialmente hasta la inundada sede. O peor aún, que tal requisitoria nos resultara ridícula y simplemente decidieramos no asistir, ni cumplir con el “deber de colaboración” auto-impuesto al momento de matricularnos.

Pues bien, debido precisamente a la adopción obligatoria del código de ética, y en caso que optemos por no colaborar con el CPACF, estaríamos sujetos a las consecuencias de tal decisión, y se nos aplicaría el Artículo 25 que reza “SANCIONES: La violación de los deberes y obligaciones contenidos en la Ley 23.187, y en éste Código de Ética, será sancionada disciplinariamente conforme las previsiones del artículo 45 de la Ley 23.187 y las normas contenidas en el presente Capítulo”.

Es decir, si nuestra ética personal nos indica que la exigencia del CPACF no responde a la escala de valores a las que –como individuos- adherimos, por imperio de la reglamentación positiva estaríamos obligados a priorizar la “ética profesional” que difiere de nuestra ética personal, bajo la amenaza de terribles consecuencias en caso de no hacerlo.

La pregunta, entonces, es ¿hasta qué punto un código de ética es ético en sí mismo, si su aplicación es obligatoria, y sus contenidos difieren de la escala de valores propias de los “obligados” a cumplirlos? Si estamos de acuerdo en que una serie de conductas son preferibles a otras, ¿cuál sería el mecanismo para imponerlas, sin afectar la decisión de quienes difieren de la escala de valores contenidos en dicho código?

La respuesta no puede ser otra que la voluntaria aceptación del código en cuestión. Como enseña Aristóteles, no existe un único “bien universal” al cual aspirar. El “bien” es variable, muta con el paso del tiempo y las distintas circunstancias, y existen tantos como individuos o personas haya. Esto no significa no adherir a un juego de reglas éticas particulares, o abstenerse de militar en favor de aquellas en las que creemos.

Pero por su propia naturaleza, un código de ética que se impone obligatoriamente, al que sin convicción profunda algunos deben adherir para poder ejercer su derecho natural a trabajar, abiertamente se declara adherente a una particular ética: la que admite como superior aquella que desoye la libertad individual de sujetarse o no a dicho código. Así, en un sistema de obligatoriedad, de imposición y de apremio como es la colegiación obligatoria, su código de ética no puede sustraerse de su natural condición de autoritario, haciendo caer por su propio peso la presunta inclinación al “bien” que de sus contenidos parecería desprenderse.

El “deber de colaboración” al CPACF, por imperio legal y de manera ineludible –en tanto quien pretenda ejercer su constitucional derecho a ejercer industria lícita no tiene alternativa más que la imperativa colegiación- refleja de manera indubitable la vocación autoritaria y forzosa que impone y significa la obligatoriedad de la matriculación.

Por el contrario, si la matriculación fuera voluntaria, tal deber de cooperación sería libremente asumido. Por el resto de su contenido, sin lugar a dudas que una conducta fiel para con el colega, con los clientes y con el sistema de Justicia en general es el juego de valores al que cualquier persona de bien aspira. Pero son incontables los casos en que –aún vigente el código de ética – tales aspiraciones no se alcanzan, y los tribunales de disciplina rebosan de causas en contra de los matriculados. Entonces, las infidelidades profesionales suceden, las conductas abusivas ocurren, y –encima- las libertades individuales se ven violentadas, por la obligatoriedad del código de ética y de la matriculación para el –de otro modo- libre ejercicio de una profesión liberal. ¡Vaya ironía!