Derogación del Mepre y libertad de formas

Desde un primer momento Bloque Constitucional ha expresado su posición con relación al sistema MEPRE y a la política de adoctrinamiento y cargas forzosas que lleva adelante el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Algunos mediadores de nuestra agrupación participamos como apoderados y/o litisconsortes activos de una acción judicial que cuestiona la constitucionalidad y legalidad de la normativa que implementó estos cuestionados avances sobre nuestra libertad de trabajar y los derechos de los justiciables ("PEJKOVICH, Maximiliano y Otros c/ E.N.M. DE JUSTICIA Y DDHH s/ Proceso de Conocimiento-Sumarísimo", Exp. No. 37.067/13, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal No. 5 Secretaría 9).

La Unión de Mediadores Prejudiciales ha realizado un arduo trabajo en todo este proceso. Para entender bien cómo funciona, la UMP es una asociación voluntaria, que tiene lo que no tienen las corporaciones coactivas, que es la libertad de salida, el lamado "opt out", es decir que somos libres de elegir si queremos seguir asociados o no.

Como expresó el Doctor Pedro Zuanich pueden haber discrepancias y coincidencias con las gestiones de la UMP. Si no nos gusta la UMP podemos renunciar ya mismo, quedarnos y tratar de cambiarla desde adentro o quedarnos pasivamente porque creemos que nos da otros beneficios. Creo que todas las opciones son válidas.

El problema no son las asociaciones voluntarias, mañana podemos crear una o varias todos o algunos de nosotros. El problema son las corporaciones coactivas como el CPACF. Hagamos lo que hagamos, si queremos trabajar estamos obligados a colegiarnos y contribuir a su sostén. No hay "Exit". El que gana las elecciones en el CPACF decide por nosotros, de hecho dejó pasar el MEPRE sin alzar su voz, sin accionar judicialmente como sí lo hizo con la reforma al Consejo de la Magistratura, ya que ahí vio afectado su propio interés (cargos, poder...).

Mientras nos enfocamos a lo que hizo o dejó de hacer la UMP, el CPACF ni siquiera cumplió con la obligación legal de defender a sus miembros para asegurarles el libre ejercicio de la profesión, velar por la dignidad y el decoro profesional que surge de la Ley 23187, art. 20(c).

Por eso, propongo que no nos equivoquemos de oponente, que son las políticas del Ministerio y el CPACF, que además entre ellos quieren aparecer como adversarios, y no lo son, sino todo lo contrario. A diferencia de la UMP son rivales que nos cobran para fabricar nuestra propia horca, y no podemos zafar de ellos.

Instamos democráticamente a la derogación del sistema MEPRE y la recuperación para los mediadores de la libertad de formas de la Ley 26.589.