Un nuevo proyecto de ley de honorarios para abogados. Nada es lo que parece

por: Ricardo Mihura Estrada

[Reedito este post ante el reciente ingreso de un nuevo proyecto de ley, esta vez en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que propicia honorarios mínimos, indisponibles por las partes. La pena que impone al abogado que pacta honorarios debajo del mínimo o que trabaja gratis es de entre 6 meses y un año de suspensión de la matrícula]


Un proyecto de ley de honorarios para los abogados de la ciudad de Buenos Aires tiene estado parlamentario en el Congreso Nacional. Lo promueve el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal porque supuestamente beneficia a todos los abogados, y especialmente a los abogados “de a pie”. Curiosamente el proyecto es también apoyado por algún gran estudio. 

Estas breves líneas solamente intentan abrir los ojos sobre los probables efectos del principal cambio normativo que se propone: declarar nulos los acuerdos de honorarios que se pacten por debajo de los aranceles mínimos, y sujetos a sanción disciplinaria por falta de ética a los profesionales que los suscriban.

Asumiendo que esta norma se promulgue y que la amenaza de penas (que van de 6 meses a un año de suspensión de la matrícula, en el proyecto presentado para la CABA) haga que efectivamente se cumpla, con menos ciencia económica que sentido común creo que se puede vaticinar lo siguiente:

(a) Efectos sobre la oferta de servicios jurídicos


Respecto del precio de los servicios, los aranceles mínimos serán un piso para la competencia. El costo agregado de los servicios jurídicos se incrementará. Los usuarios de estos servicios deberán pagar precios más altos de los que hoy pagan en un régimen de libre competencia. Ello significa que los abogados (al menos algunos) se intentarán apoderar de una porción más grande de la renta nacional y que el costo de vivir y de producir en la argentina será más caro. Las víctimas del mayor costo serán los consumidores finales de servicios jurídicos y también los consumidores de todos los demás productos y servicios que contienen el servicio legal como un insumo en algún punto de su cadena de producción y comercialización. También serán víctimas las empresas, allí donde no puedan trasladar el mayor costo legal, es decir en los mercados más competitivos, particularmente en el mercado internacional.

Qué habrá de suceder con la calidad de los servicios jurídicos. ¿Mejorará la calidad por ser ésta la única variable legal que tendrán los abogados para competir? Yo creo que no. La calidad en el servicio jurídico no es algo que el cliente pueda medir fácilmente y –mucho menos- en el corto plazo. Por eso es muy difícil competir por calidad. Como se vende seguridad, se compite más por nombre y antecedentes, los cuales presumen calidad. Y en este punto es indudable que los estudios establecidos tienen un capital acumulado imposible de empardar para sus jóvenes e independientes competidores.

El profesional, en cambio, sí puede medir su propia eficiencia, al menos en el costo final de su servicio. Mejores técnicas y tecnología, menores costos fijos y más vocación al trabajo y a la investigación permiten prestar servicios con menores costos y precios finales. Es muy decisivo en esta ecuación el costo de oportunidad, que se refleja en la mayor o menor disponibilidad de tiempo que tiene un abogado  según la acumulación de trabajo en cada momento. Es allí donde el abogado independiente tiene más posibilidad de vender servicios, llegando al extremo (muy común, por cierto) de tomar el caso entera o mayormente “a riesgo”, lo cual permite a muchísimas personas acceder a un servicio que de otra forma sería demasiado caro. Por eso, la competencia por precio es una competencia en la que gana el abogado más eficiente, o el abogado más dispuesto a trasladar las ventajas de su eficiencia al cliente.  Pero, si el abogado eficiente queda fuera de la competencia porque el precio como termómetro de su eficiencia no es una variable admisible, tienden a prevalecer los otros abogados, los ya establecidos, los que compiten sólo con su capital acumulado de nombre y experiencia. No veo, entonces, que el honorario mínimo sea un incentivo a mejorar la calidad.

De paso, los estudios establecidos obtienen algunos beneficios adicionales: la mayor dificultad de los abogados para competir por precio es un desincentivo para que los abogados en relación de dependencia de otros abogados decidan levantar vuelo y entrar en competencia con sus propios mentores. Al mismo tiempo, esta situación es un incentivo a los jóvenes para entrar y permanecer como empleados en tales estudios, con la lejana promesa de algún día llegar a socios. Mayor disponibilidad y fidelización de empleados es el marco ideal para reducir el costo salarial, es decir, para proletarizar la profesión. 

Por último, al quedar menos prestadores de servicios jurídicos, y ser estos prestadores más conocidos, es fácil prever el incentivo a la cartelización y al reparto de clientes, es decir, a incrementar aún más el costo del servicio jurídico.

(b) Efectos sobre la demanda de servicios jurídicos


Mayores precios, menor calidad, menor cantidad de prestadores… Todo ello parecería indicar que la demanda de servicios jurídicos se habrá de retraer. ¿Qué significa la retracción de la demanda? ¿Es ello posible, o se trata -como la salud- de una demanda rígida porque los servicios jurídicos son un componente necesario del servicio público de Justicia?

Por supuesto que la demanda de servicios jurídicos puede mermar. Hay vida sin servicios jurídicos.

Es una vida de peor calidad, con menor seguridad jurídica y por ello con más dificultades para la circulación y creación de riqueza. Pero la vida continúa. Así como es enorme la cantidad de propiedades que no se escrituran por el costo notarial y fiscal que conlleva, y los malos títulos dificultan las ventas y el acceso al crédito, del mismo modo, hay divorcios, sucesiones, alimentos, filiaciones, visitas, reclamos de cobro, contratos, en fin, un sinnúmero de negocios y conflictos jurídicos que no se resuelven, o se resuelven mal por las deficiencias del servicio de Justicia, que ya hoy son notorias.

Aumentar el costo y reducir la oferta de los servicios de los abogados no puede sino llevar a reducir aún más a esa ya espantada demanda.

Claro que la parte más rígida de la curva de demanda es la de las grandes empresas, que tienen más intereses que proteger y por eso pueden pagar abogados en relación de dependencia o pagar estudios por sobre los mínimos arancelarios, o bien tienen la posibilidad de trasladar esos costos a sus productos finales. Estas grandes empresas contratan, naturalmente, a los estudios establecidos. 

¿Cuál es la parte más flexible, más sensible de la demanda? La de los particulares y las Pymes, que reducirán su ya decreciente demanda de servicios, privándose de organizar sus intereses y de resolver sus conflictos personales y patrimoniales conforme a derecho, y privando de su legítima fuente de trabajo actual a los abogados independientes, jóvenes, trabajadores y emprendedores.

(c) Conclusión

Este proyecto es una etapa más del corporativismo, que sólo busca privilegios para unos pocos, y descarga el peso de ese privilegio sobre los más indefensos y los más necesitados.

Lo que me gusta de este proyecto es que no se va con eufemismos, sino que deja bien al desnudo la violencia que necesita ejercer la corporación para lograr su objetivo: me refiero a la draconiana pena de suspensión (prohibición de trabajar por un mínimo de 6 meses) a quien ose desafiar el sistema y acordar libremente con sus clientes cómo desea trabajar y cobrar por sus servicios.