Vale por 1 Café y 2 medialunas

¿Suena tentador el título de esta nota? ¿Siente lo mismo si el que lo tiene que pagar es Usted?

Este es el “vale” que nos dieron a todos y cada uno de los 345 delegados y autoridades salientes que participamos en la última Asamblea del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En la reunión de coordinación previa, ya nos habían ofrecido el cafecito, por supuesto pagadero con el dinero que el Colegio cobra coactivamente a todos los matriculados.

De hecho, $ 1.612.000 es lo que va a gastar en “provisiones y refrigerios” el Colegio en el ejercicio iniciado el 1ro. de Mayo del corriente año, según el tardío y aún no aprobado proyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos.

Para mayor intranquilidad, es probable que este número no represente el total de los gastos de “refrigerios” que se va a “patinar” el Colegio, pagado por todos los matriculados. En otros rubros del proyecto de Presupuesto, pueden también estar incluidos más gastos de “refrigerios”.

Por ejemplo, el Colegio “invita” con nuestro dinero el cafecito y las medialunas de las reuniones de los Institutos y Comisiones, que prevé una erogación de $ 312.000 anuales. Otros $ 1.014.000 se destinarán a “actividades sociales” en donde probablemente no falte la correspondiente merienda a expensas de los abogados.

No crea que la Escuela de Mediación deja a sus alumnos sin el “tentempié”, los $ 1.144.400 presupuestados deben cubrirlo de nuestro peculio. Ídem los $ 1.896.000 de la escuela de postgrado. Y así podemos seguir con los $ 439.500 que se gastan en la Asamblea de Delegados, o con los $ 5.333.500 que eroga el Tribunal de Disciplina o los $ 1.300.000 en “insumos” de oficina.

En realidad no podemos saber cuánto gasta el CPACF en cócteles, refrigerios, caterings y otros por el estilo porque no lo informa, y no es que no lo hayamos solicitado. En reiteradas oportunidades Bloque Constitucional ha presentado notas dirigidas al Presidente, al Secretario General y al Tesorero para conocer la estructura de gastos del Colegio sin que respondan a nuestra inquietud.

Se escudan en que no existe obligación legal a brindar la información, en que los abogados no tenemos legitimación activa para pedirla, en la supuesta confidencialidad, en que la información no existe, en que el órgano al que dirigimos la solicitud no tiene competencia para evacuarla -sin cumplir con la obligación de remitir la solicitud al órgano supuestamente competente- y otras ilegales excusas.

La realidad es que no es necesario integrar alguno de los órganos del CPACF para que sean atendidos y respondidos adecuadamente todos los requerimientos de información. Cualquier matriculado tiene derecho a obtener información sobre la actividad del Colegio y a conocer los fundamentos de los actos que emanan de sus órganos en virtud de los principios de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública amparados por el art. 3 del Reglamento Interno de la institución, el art. 8 de la Ley 23.187, el Decreto 1.172/2003, los arts. 1o. y 33 de la Constitución Nacional y los Tratados con jerarquía constitucional incorporados mediante el art. 75, inc. 22 y disposiciones complementarias y concordantes aplicables.

La negativa a brindar la información resulta funcional a una turbia utilización de los recursos, quien nada tiene que ocultar no tiene por qué esconderse. No nos confundamos, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal no nos convida el café y las medialunas, no nos brinda servicios de turismo, no nos provee un jardín maternal, no nos capacita en mediación ni en posgrado, no nos ofrece la tramitación de documentos, pasaportes y licencias de conducir: nos impone a todos los matriculados y a los justiciables -sin sustento legal- que se los paguemos a una minoría.

No hay tal cosa como un almuerzo gratis.(1)