“Suba del 43% de la matrícula a abogados es ilegal”, así lo señalaron los delegados de Bloque Constitucional ante la Asamblea de Delegados del CPACF realizada el 31 de Agosto pasado


En una accidentada votación y con los peores vicios de la política vernácula, el oficialismo aliado con un grupo de conservadores logró imponer el aumento de la matrícula anual y el bono de derecho fijo pese a no estar aprobado el presupuesto para el corriente ejercicio y que no hay balances aprobados por el período 2010-11 -presumiblemente tampoco el anterior- y ni siquiera se presentó el correspondiente al del último ejercicio.

Los nuevos valores ascienden a $ 600 de cuota anual, $ 800 de inscripción y $ 35 del Bono de Derecho Fijo que se paga al iniciar o contestar una acción judicial, monto que las cajas del Colegio ya habían empezado a cobrar por una cuestionable decisión del Consejo Directivo que avanzó sobre una potestad exclusiva de la Asamblea. “La no aprobación del presupuesto invalida el aumento de la matrícula y el bono”, sostuvo Martín Abeszyc, delegado por Bloque Constitucional.

“Abuchearon e interrumpieron mi explicación de que las tarifas que cobra el Colegio son verdaderos tributos con un fin legal específico que el Colegio no cumple, y por eso resultan ilegítimos”, declaró Ricardo Mihura Estrada, delegado de Bloque Constitucional especialista en derecho tributario.

No obstante, el pacto del rizzismo con los conservadores vivió un momento de tensión cuando a instancias de la bancada de Bloque Constitucional se aprobó que la votación del aumento de la matrícula se realice por el sistema nominal, que permite individualizar a cada uno de los delegados que votó por la afirmativa y así evitar el posterior deslinde de responsabilidades. El resultado final de la votación arrojó 192 votos por la afirmativa,144 por la negativa y 1 abstención.

Entre quienes votaron por la propuesta rizzista de incrementar los gravámenes que cobra el Colegio sin el presupuesto aprobado figuran los delegados de Cambio Pluralista Juan Curutchet (vicepresidente del Banco Ciudad), Gisela Candarle (consejera del Consejo de la Magistratura de la CABA), Jorge Enriquez (liquidador de CASSABA) y Jorge Ciampoli (funcionario del Gobierno de la CABA).

A medida que avanzaba el conteo y al no quedar dudas de que los votos afirmativos serían suficientes para conseguir la aprobación de la propuesta del oficialimo, algunos de los delegados que responden a Guillermo Lipera optaban por retirarse del recinto para no dejar constancia de su apoyo a los incrementos.

Luego del escándalo por el aval de Alejandro Fargosi en el Consejo de la Magistratura de la Nación a los candidatos a jueces federales propuestos por el kirchnerismo, la alianza con el rizzismo debilita la credibilidad de Cambio Pluralista que se autoproclamaba como la contracara de tales facciones.

Otro trago amargo sufrió el oficialismo por las fundadas críticas de Bloque Constitucional que pusieron en evidencia las severas deficiencias formales y de exposición de los proyectos del Balance 2010-11 y del Presupuesto 2012-13 que obligaron a dilatar su tratamiento para una próxima asamblea, posiblemente el 19 de Septiembre próximo.

Los delegados de Bloque Constitucional distribuyeron copia de sus observaciones entre los asambleistas, pese al ilegítimo intento de militantes rizzistas y de personal de seguridad del Colegio por impedirlo. “La actual conducción gobierna discrecionalmente el Colegio, fuera de la institucionalidad reglamentaria y legal, y ayer aprobó con retroactividad el aumento de la matricula anual, Bono de Derecho Fijo e Inscripción, sin traer a debate el Presupuesto y dictámen que asi lo aconseje”, señaló María Laura Blanco Peña, delegada de Bloque Constitucional.

Finalmente se concretó la designación del abogado Eduardo Awad como presidente de la Asamblea, ampliamente publicitada por el rizzismo por ser no vidente, y de criticada actuación por cerrar la lista de oradores inmediatamente luego de que expusiera el presidente de su propio bloque y así impedir o interrumpir las exposiciones de los delegados de la oposición.

Mientras los delegados de la Cámpora reclamaban que la cuota anual recaiga en forma progresiva sobre los abogados con mayores ingresos, la bancada radical se retiraba del recinto frente al hecho consumado que sus otrora aliados conservadores habían pactado con el rizzismo y distribuido los puestos clave de la Asamblea.

La incógnita sobre el contenido del pacto rizzista-conservador no fue despejada ni a propios ni a ajenos. “¿Cómo pueden tener una posición tan horrible en el Colegio de Abogados? ¿Está bien lo que están haciendo? ¿Puede realmente haber negocios que justifiquen enterrar de esta manera los principios del UPAU y juntarse con lo que siempre combatimos? ¿Qué futuro político puede tener una agrupación que tergiverse la voluntad de sus votantes de este modo?”, preguntaba el fundador de UPAU Carlos Maslatón a Juan Curutchet, Gisela Candarle (flamante vicepresidenta de la Asamblea) y Oscar Jiménez Peña (presidente de la Junta Electoral, que intentó proscribir a Bloque Constitucional en las últimas elecciones y la Justicia remedió).

“Debemos rescatar que, entre tanta arbitrariedad e ilegalidad, se pasó el tratamiento del Balance y Presupuesto para una próxima sesión para la que esperamos poder participar de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Cuentas y dar a conocer nuestro dictámen para concientizar a nuestros colegas sobre sus graves deformidades legales y financieras”, afirmó el Presidente de Bloque Constitucional, Daniel Rybnik.