Resistencia a las ilegales subas de la Matrícula y el Bono de derecho fijo


El próximo martes 31 de julio de 2012 a las 14hs. el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal debatirá en una Asamblea en el auditorio de su edificio de la Avenida Corrientes 1441 la aprobación del presupuesto del ejercicio en curso y de los aumentos de tarifas propuestos por el oficialismo que conduce el Dr. Jorge Rizzo.

La Asamblea promete ser controvertida, ya que la convocatoria fue realizada con severas deficiencias y sectores de la oposición ya han adelantado su postura contraria al incremento del 43% sobre la matrícula, que pasaría a costar $600 por abogado. La cantidad de abogados matriculados, por obligación legal para ejercer en la Ciudad de Buenos Aires, es de aproximadamente setenta mil.

También hay resistencia en convalidar el aumento del 40% sobre el Bono de derecho fijo, que es la suma que debe abonarse al iniciar o contestar una demanda con la intervención de un abogado. Este aumento recae sobre aproximadamente 430 mil presentaciones judiciales que el Consejo Directivo estima se realizarán este año.

“En un nuevo rapto de ilegalidad, el Consejo Directivo del Colegio habría dispuesto la suba del bono, potestad reservada a la Asamblea de Delegados, y las cajas ya empezaron a cobrar el importe de $ 35 pese a que no existe una publicación oficial del acta de la que surge el incremento”, señaló Daniel Rybnik, líder de la agrupación Bloque Constitucional.

La recaudación anual presupuestada, sobre la base de los aumentos propuestos por el oficialismo es de $79 millones, un 89% por encima del Balance del ejercicio finalizado en Abril del 2010 que el oficialismo pretende sea aprobado por la Asamblea de Delegados sin el dictamen de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Cuentas.

Bloque Constitucional ha difundido un detallado análisis crítico sobre el presupuesto y sobre estos aumentos, del que se desprende que el Colegio puede cumplir su cometido legal con una matrícula única de $100 anuales y sin el Bono de derecho fijo, suma que suele representar un mayor costo para los justiciables.

“No nos parece justo ni conveniente que nuestros colegas y nuestros clientes tengan que pagar un mayor costo sólo para mantener una institución que está abocada a subsidiar actividades que cada vez se apartan más de sus competencias legales”, declaró Ricardo Mihura Estrada, delegado ante la Asamblea de Bloque Constitucional.

“No se comprende cuál es el sentido de no gastar los ahorros del Colegio y seguir acumulando superávit a costa de nuevos aumentos, justamente en este momento de recesión” agregó Mihura Estrada.

Tanto el bono de derecho fijo como la cuota de la matrícula anual son gravámenes que tienen como afectación específica integrar los fondos destinados al cumplimiento de las finalidades delegadas por la autoridad estatal al Colegio, establecidas taxativamente por el art. 20 dela Ley 23.187.