Abogados de la Capital Federal. Un Colegio que busca su destino

por Daniel Rybnik y Ricardo Mihura Estrada
(Especial para LA NACIÓN, en redacción)
Candidatos por Bloque Constitucional
Lista 61 en las elecciones del CPACF

La creación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el año 1985 resultó en pleno fervor democrático una síntesis de compromiso entre las posturas enarboladas por quienes pretendían la identificación de la abogacía como una organización corporativa de base representativa, y la de aquéllos que la entendían como una profesión que requiere esencialmente de personas libres y responsables.

El esquema aprobado por el Congreso Nacional fue el de un colegio compulsivo pero con funciones acotadas –casi exclusivamente- al control de la matrícula y ejercicio del poder disciplinario. No obstante, los cuestionamientos a la obligatoriedad de colegiarse no tardaron en aparecer desde el mismo momento en que comenzó a regir la Ley 23.187, y reverdecieron con el Decreto 2284/91 de desregulación económica.

Durante sus primeros años se mantuvo medianamente dentro de la órbita de su competencia legal, seguramente influido por la inseguridad jurídica derivada de que todavía estaba pendiente una resolución judicial que declarara válida su propia existencia y de que cualquier apartamiento del mandato legal podría poner en riesgo su propósito de perpetuarse como el Colegio Único de Abogados (así la denominación en el proyecto de ley original).

Algunos de los reclamos por la violación al derecho de asociación -en su vertiente negativa- de distinguidos colegas como Alejandro Meliton Ferrari, Beveraggi de la Rúa, Luís Eduardo Boffi Carri Pérez, Horacio García Belsunce, Máximo Bomchil, Raúl Alejo Baca Castex y Alberto Robredo Albarracín llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fue en el año 1988 que esa Comisión convalidó la legalidad de la colegiación compulsiva con el criterio que había sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación de que la matriculación al Colegio Público no configuraba un vínculo asociativo sino la delegación del poder de policía estatal para el gobierno de la matrícula y el ejercicio de las facultades disciplinarias.

A partir de allí, el Colegio multiplicó sus funciones, servicios, publicidad, declaraciones públicas, personal, sedes, activos, y –sobre todo- multiplicó su caja y su recaudación, de la mano de un incremento del número de matriculados y de nuevas fuentes de ingresos. Casi como una parada natural en la senda expansionista del Colegio, en el año 2003 se creó la CASSABA, entidad previsional compulsiva para abogados, pero rápidamente fue dejada sin efecto, a raíz del masivo rechazo manifestado por los matriculados.

Pese a haberse frustrado la continuidad de CASSABA, el Colegio no replegó su afán de crecimiento y hoy ya se ha convertido en una gran maquinaria burocrática que acumula y presta dinero -a matriculados y también a entidades privadas- y organiza un sinfín de servicios ajenos a sus funciones legales -como un jardín de infantes, una agencia de viajes, la tramitación de licencias de conducir, un taller de tango o la cesión de espacios para bodas. Incluso hace competencia con actividades emprendidas por matriculados -como la escuela de mediación-, todo ello financiado con una abultada caja sufragada a costa de los aportes compulsivos de los obligados a colegiarnos y de la población que debe pagar mayores costos para acceder a la justicia.

El Colegio también ha pasado a involucrarse en cuestiones políticas o judiciales como la declaración de persona no grata a la Diputada Paula Bertol en oportunidad en que se debatió el proyecto de Ley de Mediación o de apoyo al Juez Eugenio Zaffaroni cuando la prensa dio a conocer cierta información sobre el presunto destino de inmuebles de su propiedad, “reconociéndole a su opinión el carácter de parecer de la comunidad de abogados que forzadamente se ven compelidos a tener una opinión común por medio de una institución creada por el propio Estado”, según lo anticipara el ex camarista Guillermo Mario Galli cuando dio su voto contra la colegiación compulsiva.

Efectivamente, las competencias específicas del Colegio quedaron relegadas y fueron ampliadas con el estilo propio de cada facción que asumió la conducción del Colegio con el común denominador corporativista que se instaló como práctica dominante. Una situación así ya había conjeturado también el juez Pedro Alfredo Miguens cuando afirmara que el “mal uso que pudiera hacer el Colegio” de sus facultades podría dar “cabida al ejercicio de intereses subalternos”.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal es hoy una corporación, al decir de Simone Weil, un “estado dentro del estado” con representantes electos que poseen licencia para imponer cargas (cuota de inscripción, matrícula anual, bono de derecho fijo por iniciar o contestar acciones judiciales, etc.) y ejercer la jurisdicción (Tribunal de Disciplina) sobre sus miembros que de no pertenecer no podrían desempeñar lícitamente su profesión en la Ciudad de Buenos Aires.

Una alternativa al modelo corporativista sería posible si asumen el control de la matrícula y el poder disciplinario directamente los poderes constituidos de la Ciudad, en línea con la reforma constitucional de 1994 que declaró su autonomía, y se deja al Colegio fuera de la esfera pública.

Este es el principal punto de debate planteado en la bienal contienda electoral para conducir los destinos de la institución, el control de la matrícula y la disciplina de los Abogados que tiene lugar el próximo martes 24 de Abril.

Buenos Aires, 20 de abril de 2012