BLOQUE CONSTITUCIONAL PRESENTA CANDIDATOS AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN

El 11 de Julio de 2014 Bloque Constitucional presentó ante la Junta Electoral designada por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación a sus candidatos titular y suplente, Ricardo Mihura Estrada y Victoria Villarruelpara representar a los abogados de la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones del 9 de Septiembre de 2014.

¿Por qué nos presentamos?

Nos presentamos porque queremos que en la silla de los abogados del Consejo se ubique un profesional con independencia y no que termine ocupada por alguien que responda a intereses políticos y/o corporativos.

La política y la corporaciones han desnaturalizado un sinfín de instituciones que deben cumplir un rol técnico.

Queremos trabajar para que el Consejo cumpla estrictamente sus funciones constitucionales dentro de un marco de transparencia y control republicano.

En Bloque Constitucional hemos aprendido y estamos demostrándolo con hechos que, aún siendo minoría, podemos incidir sustancialmente en la calidad de las instituciones.

Lo estamos haciendo en el Colegio Público de Abogados. Lo haremos en el Consejo de la Magistratura.

Nuestros Candidatos


Ricardo Mihura Estrada es uno de los fundadores y principales referentes de Bloque Constitucional. Tiene 49 años y es socio de un estudio jurídico con activo desempeño en el mundo del litigio, de los contratos y del asesoramiento empresarial.

Tiene una sólida formación profesional. Abogado por la UCA, Especialista en Tributación por la UBA (Cs. Económicas) y LLM in Taxation por la UF (como becario Fulbright). Significativa experiencia docente (principalmente en la UCA) y numerosos trabajos publicados en revistas especializadas.

En su vida personal Ricardo destaca la náutica, el yoga y la literatura como sus ámbitos preferidos de elevación del espíritu y conexión con la energía del mundo.

Ricardo es un convencido de que el trabajo, la dedicación y el estudio todo lo pueden, y está decidido a lograr, con esas armas, que prime la racionalidad, el profesionalismo, la independencia y la honestidad en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de la Justicia.

Victoria Villarruel es una abogada argentina, que fundó y preside CELTYV, la ONG que nuclea a las víctimas del terrorismo de Argentina. En 2010 presentó su primer libro "Los llaman... jóvenes idealistas". En 2014 publicó "Los otros muertos" (en co-autoría), estudio sobre las víctimas del terrorismo de los '70. Es miembro de la Comisión de DDHH del Colegio Público de Abogados de Capital Federal.

Recibió en 2012 el premio "Amigo della forze dell´ordine" otorgado por la Asociación de la Policía Penitenciaria de Italia (Venecia). Ha disertado en numerosos países del mundo sobre DDHH y las víctimas del terrorismo, entre ellos USA, Noruega, España, Italia, Francia, Colombia, Uruguay, Perú y en nuestro país. Fue entrevistada por el Wall Street Journal (USA), el diario ABC (España), El Expreso (Perú), La Nación y Clarín (Argentina), Fohla y Veja (Brasil) entre otros importantes medios del mundo.

"Trabajar para construir una Justicia Independiente tiene todo el sentido para el trabajo que venimos realizando desde hace años", dice Victoria, "porque sin jueces independientes no podemos seguir avanzando en demandar justicia para las víctimas del terrorismo".

Un nuevo proyecto de Ley de Honorarios: NADA ES LO QUE PARECE

por: Ricardo Mihura Estrada

[Reedito este post ante el reciente ingreso de un nuevo proyecto de ley, esta vez en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que propicia honorarios mínimos, indisponibles por las partes. La pena para el abogado que pacte honorarios debajo del mínimo será de entre 6 meses y un año de suspensión de la matrícula]


Un proyecto de ley de honorarios para los abogados de la ciudad de Buenos Aires tiene estado parlamentario en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo promueve el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (en su versión "reloaded" a partir de su alianza con el PRO) y dice beneficiar y devolver la dignidad a todos los abogados, y especialmente a los que paternalistamente (no sin un dejo de desprecio) llaman abogados “de a pie”. He escuchado que que el proyecto es también apoyado por algún que  otro estudio grande, que "de a pie" sólo tiene a los abogados que llaman "pateadores" (acá sí, claramente despectivo). 


Estas breves líneas solamente intentan abrir los ojos sobre los probables efectos del principal cambio normativo que se propone: declarar nulos los acuerdos de honorarios que se pacten por debajo de los aranceles mínimos, y sujetos a sanción disciplinaria por falta de ética a los profesionales que los suscriban.

Asumiendo que esta norma se promulgue y que la amenaza de penas (que van de 6 meses a un año de suspensión de la matrícula, en el proyecto presentado para la CABA) haga que efectivamente se cumpla, con menos ciencia económica que sentido común creo que se puede vaticinar lo siguiente:

(a) Efectos sobre la oferta de servicios jurídicos


Respecto del precio de los servicios, los aranceles mínimos serán un piso para la competencia. El costo agregado de los servicios jurídicos se incrementará. Los usuarios de estos servicios deberán pagar precios más altos de los que hoy pagan en un régimen de libre competencia. Ello significa que los abogados (al menos algunos) se intentarán apoderar de una porción más grande de la renta nacional y que el costo de vivir y de producir en la argentina será más caro. Las víctimas del mayor costo serán los consumidores finales de servicios jurídicos y también los consumidores de todos los demás productos y servicios que contienen el servicio legal como un insumo en algún punto de su cadena de producción y comercialización. También serán víctimas las empresas, allí donde no puedan trasladar el mayor costo legal, es decir en los mercados más competitivos, particularmente en el mercado internacional.

Qué habrá de suceder con la calidad de los servicios jurídicos. ¿Mejorará la calidad por ser ésta la única variable legal que tendrán los abogados para competir? Yo creo que no. La calidad en el servicio jurídico no es algo que el cliente pueda medir fácilmente y –mucho menos- en el corto plazo. Por eso es muy difícil competir por calidad. Como se vende seguridad, se compite más por nombre y antecedentes, los cuales presumen calidad. Y en este punto es indudable que los estudios establecidos tienen un capital acumulado imposible de empardar para sus jóvenes e independientes competidores.

El profesional, en cambio, sí puede medir su propia eficiencia, al menos en el costo final de su servicio. Mejores técnicas y tecnología, menores costos fijos y más vocación al trabajo y a la investigación permiten prestar servicios con menores costos y precios finales. Es muy decisivo en esta ecuación el costo de oportunidad, que se refleja en la mayor o menor disponibilidad de tiempo que tiene un abogado  según la acumulación de trabajo en cada momento. Es allí donde el abogado independiente tiene más posibilidad de vender servicios, llegando al extremo (muy común, por cierto) de tomar el caso entera o mayormente “a riesgo”, lo cual permite a muchísimas personas acceder a un servicio que de otra forma sería demasiado caro. Por eso, la competencia por precio es una competencia en la que gana el abogado más eficiente, o el abogado más dispuesto a trasladar las ventajas de su eficiencia al cliente.  Pero, si el abogado eficiente queda fuera de la competencia porque el precio como termómetro de su eficiencia no es una variable admisible, tienden a prevalecer los otros abogados, los ya establecidos, los que compiten sólo con su capital acumulado de nombre y experiencia. No veo, entonces, que el honorario mínimo sea un incentivo a mejorar la calidad.

De paso, los estudios establecidos obtienen algunos beneficios adicionales: la mayor dificultad de los abogados para competir por precio es un desincentivo para que los abogados en relación de dependencia de otros abogados decidan levantar vuelo y entrar en competencia con sus propios mentores. Al mismo tiempo, esta situación es un incentivo a los jóvenes para entrar y permanecer como empleados en tales estudios, con la lejana promesa de algún día llegar a socios. Mayor disponibilidad y fidelización de empleados es el marco ideal para reducir el costo salarial, es decir, para proletarizar la profesión. 

Por último, al quedar menos prestadores de servicios jurídicos, y ser estos prestadores más conocidos, es fácil prever el incentivo a la cartelización y al reparto de clientes, es decir, a incrementar aún más el costo del servicio jurídico.

(b) Efectos sobre la demanda de servicios jurídicos


Mayores precios, menor calidad, menor cantidad de prestadores… Todo ello parecería indicar que la demanda de servicios jurídicos se habrá de retraer. ¿Qué significa la retracción de la demanda? ¿Es ello posible, o se trata -como la salud- de una demanda rígida porque los servicios jurídicos son un componente necesario del servicio público de Justicia?

Por supuesto que la demanda de servicios jurídicos puede mermar. Hay vida sin servicios jurídicos.

Es una vida de peor calidad, con menor seguridad jurídica y por ello con más dificultades para la circulación y creación de riqueza. Pero la vida continúa. Así como es enorme la cantidad de propiedades que no se escrituran por el costo notarial y fiscal que conlleva, y los malos títulos dificultan las ventas y el acceso al crédito, del mismo modo, hay divorcios, sucesiones, alimentos, filiaciones, visitas, reclamos de cobro, contratos, en fin, un sinnúmero de negocios y conflictos jurídicos que no se resuelven, o se resuelven mal por las deficiencias del servicio de Justicia, que ya hoy son notorias.

Aumentar el costo y reducir la oferta de los servicios de los abogados no puede sino llevar a reducir aún más a esa ya espantada demanda.

Claro que la parte más rígida de la curva de demanda es la de las grandes empresas, que tienen más intereses que proteger y por eso pueden pagar abogados en relación de dependencia o pagar estudios por sobre los mínimos arancelarios, o bien tienen la posibilidad de trasladar esos costos a sus productos finales. Estas grandes empresas contratan, naturalmente, a los estudios establecidos. 

¿Cuál es la parte más flexible, más sensible de la demanda? La de los particulares y las Pymes, que reducirán su ya decreciente demanda de servicios, privándose de organizar sus intereses y de resolver sus conflictos personales y patrimoniales conforme a derecho, y privando de su legítima fuente de trabajo actual a los abogados independientes, jóvenes, trabajadores y emprendedores.

(c) Conclusión


Este proyecto es una etapa más del corporativismo, que sólo busca privilegios para unos pocos, y descarga el peso de ese privilegio sobre los más indefensos y los más necesitados.

Lo que me gusta de este proyecto es que no se va con eufemismos, sino que deja bien al desnudo la violencia que necesita ejercer la corporación para lograr su objetivo: me refiero a la draconiana pena de suspensión (prohibición de trabajar por un mínimo de 6 meses) a quien ose desafiar el sistema y acordar libremente con sus clientes cómo desea trabajar y cobrar por sus servicios.

CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL

Se trata en el Consejo de la Magistratura la aprobación de un Código de Ética Judicial

En nuestro programa de Abogados en Bloque (FM 97.9 Radio Cultura) el sábado 24 de mayo de 2014 el Dr. Daniel Ostropolsky -Consejero representante de los abogados del interior y Presidente de la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- nos hizo entrega de una copia del proyecto de Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que fue presentado al Presidente del Consejo de la Magistratura el pasado 8 de Abril de 2014 (presentación y fundamentos de la propuesta).

Lo que se intenta aprobar es la adopción de un estándar de conducta ético de reconocimiento internacional, que pueda servir para la evaluación del desempeño de los jueces en funciones, como también para la evaluación de concursos de aspirantes a la magistratura.

Se espera que este Código sea tratado en la próxima reunión del plenario del Consejo de la Magistratura, en la primera semana de Junio.

Las incógnitas son:

¿Apoyará el kirchnerismo la aprobación de este proyecto?

Y, sobre todo:

¿Apoyarán los tres representantes de los Jueces la aprobación de este proyecto?

CRECE BLOQUE CONSTITUCIONAL, CRECE EL DESEO DE LIBERTAD

En nombre de todos los que integramos Bloque Constitucional queremos expresarles nuestro sincero agradecimiento por el apoyo recibido en las elecciones que tuvieron lugar ayer para renovar autoridades del CPACF.

Agradecer a todos los que nos votaron, y eligieron una alternativa para defender sus derechos como abogados, pero por sobre todas las cosas como individuos libres. 22 delegados titulares y 19 suplentes trabajarán para cumplir el compromiso que asumimos con los matriculados.

Con un crecimiento del 550% respecto de la última elección no podemos hacer otra cosa más que confirmar que existe entre los colegas un verdadero interés por la libertad, un deseo de ejercer la profesión de manera libre y responsable, respetando nuestros derechos, sin ser expoliados por una institución que se ha convertido en una carga para los abogados y los justiciables.

Hoy comienza una nueva etapa en la que seguiremos, trabajando al igual que lo hicimos durante los últimos dos años, para defender los valores republicanos, para promover un mayor control y transparencia sobre los que dirigen el Colegio, para remover los obstáculos para el acceso a la justicia y para continuar con la prédica por un Colegio Libre, que respete la libertad de asociación.

Este resultado exitoso solamente nos da más energía y motivación para seguir con la tarea de representar a las decenas de miles de abogados que no quieren ser forzados a pertenecer al Colegio para ejercer su profesión.

Por todo esto, nuevamente gracias.