BLOQUE CONSTITUCIONAL PRESENTA CANDIDATOS AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN

El 6 de Agosto de 2014 Bloque Constitucional presentó ante la Junta Electoral designada por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación a sus candidatos titular y suplente, Ricardo Mihura Estrada y Victoria Villarruelpara representar a los abogados de la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones del 9 de Septiembre de 2014.

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¿Por qué nos presentamos?

Nos presentamos porque queremos que en la silla de los abogados del Consejo se ubique un profesional con independencia y que no termine ocupada por alguien que responda a intereses políticos y/o corporativos.

La política y las corporaciones han convertido la Justicia en muy costosa, ineficiente, lenta y -muchas veces- injusta. La consecuencia ha sido expulsar a millones de ciudadanos del sistema jurídico, con un enorme costo sobre su calidad de vida y posibilidades de crecimiento económico.

Queremos trabajar para que el Consejo cumpla estrictamente sus funciones constitucionales dentro de un marco de transparencia y control republicano, y tome efectivamente la responsabilidad de mejorar el servicio de Justicia.

En Bloque Constitucional hemos aprendido y estamos demostrándolo con hechos que, aún siendo minoría, podemos incidir sustancialmente en la calidad de las instituciones.

Lo estamos haciendo en el Colegio Público de Abogados. Lo haremos en el Consejo de la Magistratura.

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Nuestros Candidatos


Ricardo Mihura Estrada es uno de los fundadores y referentes de Bloque Constitucional. Tiene 49 años y es socio de un estudio jurídico con activo desempeño en el mundo del litigio, de los contratos y del asesoramiento empresarial.

Tiene una sólida formación profesional. Abogado por la UCA, Especialista en Tributación por la UBA (Cs. Económicas) y LLM in Taxation por la University of Florida (como becario Fulbright). Significativa experiencia docente (principalmente en la UCA) y numerosos trabajos publicados en revistas especializadas.

En su vida personal Ricardo destaca la náutica, el yoga y la literatura como sus ámbitos preferidos de elevación del espíritu y conexión con la energía del mundo.

Ricardo es un convencido de que el trabajo, la dedicación y el estudio todo lo pueden, y está decidido a lograr, con esas armas, que prime la racionalidad, el profesionalismo, la independencia y la honestidad en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de la Justicia.

Victoria Villarruel es una abogada argentina, que fundó y preside CELTYV, la ONG que nuclea a las víctimas del terrorismo de Argentina. En 2010 presentó su primer libro "Los llaman... jóvenes idealistas". En 2014 publicó "Los otros muertos" (en co-autoría), estudio sobre las víctimas del terrorismo de los '70. Es miembro de la Comisión de DDHH del Colegio Público de Abogados de Capital Federal.

Recibió en 2012 el premio "Amigo della forze dell´ordine" otorgado por la Asociación de la Policía Penitenciaria de Italia (Venecia). Ha disertado en numerosos países del mundo sobre DDHH y las víctimas del terrorismo, entre ellos USA, Noruega, España, Italia, Francia, Colombia, Uruguay, Perú y en nuestro país. Fue entrevistada por el Wall Street Journal (USA), el diario ABC (España), El Expreso (Perú), La Nación y Clarín (Argentina), Fohla y Veja (Brasil) entre otros importantes medios del mundo.

"Trabajar para construir una Justicia Independiente tiene todo el sentido para el trabajo que venimos realizando desde hace años", dice Victoria, "porque sin jueces independientes no podemos seguir avanzando en demandar justicia para las víctimas del terrorismo".

EL 9 DE SEPTIEMBRE PODES VOTAR A NUESTROS CANDIDATOS. 
POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE,  TRANSPARENTE Y PARA TODOS


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PROPUESTAS PARA EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

"POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE Y TRANSPARENTE"

Hemos estructurado nuestra propuesta, siguiendo estrictamente el esquema de la Constitución en la creación del Consejo de la Magistratura.

Competencia Constitucional
Art. CN
PROPUESTAS BLOQUE CONSTITUCIONAL
Régimen republicano
1
Transparencia y austeridad: Administración de los recursos y competencias propios del Consejo en forma transparente. Eliminación de gastos innecesarios y extraños a sus competencias constitucionales.
Ejercicio responsable: presencia física diaria de los Consejeros en las oficinas del Consejo de la Magistratura.
Desefectivización de personal de gabinete: Eliminación de los cargos creados por los consejeros salientes para efectivizar a su propio personal de gabinete.
Escuela Judicial: Eliminación de costos y estructuras burocráticas que son ajenas a la competencia constitucional del Consejo de la Magistratura. Propiciaremos la mejora de la calidad educativa, mediante el reconocimiento de los servicios de formación de magistrados, funcionarios, empleados judiciales y postulantes a dichos cargos por instituciones universitarias de máximo prestigio, con plena libertad de elección para el aspirante o funcionario, eliminando las   ventajas comparativas indirectas en los concursos que hoy tienen los funcionarios judiciales vinculados a la Escuela Judicial, y sin costo para el Estado.
Selección postulantes
114(1)
"Conjueces": Eliminar el sistema de cobertura de juzgados vacantes con "conjueces". Las leyes 26.372 y 26.376 son inconstitucionales porque permiten asignar jurisdicción plena y poner a cargo de Juzgados y Vocalías de Cámara a candidatos del Poder Ejecutivo, sin concurso y sin estabilidad.  En cualquier caso, los jueces “subrogantes” deben ser jueces con estricto cumplimiento de art. 99(4) de la CN, con selección por concurso y estabilidad funcional.
Entrevistas personales por video televisadas: Grabar y exhibir online las entrevistas personales con los candidatos a jueces.  Adherimos a la iniciativa 'Concursos Transparentes' de la ACIJ.
Acelerar Concursos: Acelerar los procesos de selección de postulantes y resolución de concursos. Hoy existe más de un 20% de juzgados y vocalías de Cámara vacantes, muchos de ellos con procesos de selección detenidos o no iniciados, lo cual es funcional para que el Poder Ejecutivo pretenda cubrir esos puestos con gente no calificada ni independiente.
Tomar intervención en la Comisión de Selección: La Ley 26.080 (2006) excluyó a los representantes de los abogados de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, algo insólito e inconstitucional, pero la Ley 26.855 (2013) los restableció, y a pesar de que esta ley difirió su entrada en vigencia en este punto, es necesario ponerla en vigor para cumplir con la Constitución, por lo que actuaremos en todos los ámbitos legales y judiciales para exigir esta participación.
Igualdad entre empleados y abogados para el acceso a cargos judiciales: Concursos abiertos para el ingreso a cubrir cargos de empleados y funcionarios judiciales. Valoración de antecedentes en el ejercicio profesional en igualdad de condiciones que antecedentes en cargos judiciales.
Emitir Propuestas en Ternas
114(2)
Orden de mérito: El CM debe cumplir un rol estrictamente técnico, y la elevación de propuestas de ternas es una de las funciones en donde debe asegurarse la transparencia y el control republicano para que responda a un riguroso orden de mérito.
Postulantes sin mérito: No todos los postulantes que componen una nómina reúnen las condiciones de mérito para integrar una terna. Cuando una nómina es insuficiente o es utilizada para más de una terna, debe determinarse un criterio técnico para asegurar que no se incluyan postulantes que no reúnen las condiciones mínimas de mérito.
Administrar recursos y ejecutar presupuesto para la administración de justicia
114(3)
Administración de recursos y del personal: La administración de los recursos y la ejecución del presupuesto del Poder Judicial de la Nación corresponde al Consejo de la Magistratura, no a la Corte Suprema. Retomaremos el pleno ejercicio de esta competencia constitucional, que hoy es ejercida sólo a medias. El Poder Judicial no debe hacer política a partir del manejo de recursos, cargos, etc., pues ello enturbia la administración de Justicia. Inconstitucionalidad de artículos finales de la Ley 26.855 que negoció el PEN con la CSJN con anterioridad al fallo “Clarín” sobre la Ley de Medios.
Transparencia de recursos de la CSJN: Mientras la administración la siga ejerciendo de hecho la CSJN, realizaremos la publicidad y auditoría total de la ejecución presupuestaria, cargos, sueldos, contratos, etc.
Procesos de compras: Transparencia, racionalidad y calidad en la contratación de todos los servicios y bienes que requiere la Justicia para funcionar.
Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados
114(4)
Proceso voluntario abreviado: Los jueces que reciban una denuncia podrán someterse voluntariamente a un proceso abreviado, de una sola audiencia pública dentro de 30 días, en la que den las explicaciones y se produzca toda la prueba, y se resuelva en el acto la sanción o sobreseimiento.
Audiencias públicas televisadas: Grabar y exhibir online las audiencias con jueces imputados en procesos disciplinarios.
Publicidad de todos los expedientes y resoluciones.
Acelerar la resolución de todos los procesos sancionatorios: Toda denuncia fundada contra un magistrado debe ser tramitada de inmediato y resuelta en no más de 3 meses. La extensión de los procesos disciplinarios sólo sirve para generar presiones morales y de todo tipo sobre los Jueces, lo cual afecta su independencia. La extensión máxima de 3 años que fija la Ley para abrir los procesos de remoción debe ser abreviado sustancialmente por una actuación eficiente y ecuánime del Consejo.
Decidir apertura procedimiento de remoción, ordenar la suspensión y formular la acusación
114(5)
Transparencia y Celeridad en el Procedimiento: el dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación y la acusación formulada por el plenario del Consejo de la Magistratura deberán ser publicados en la página web sin necesidad de requerimiento especial.
Dictar reglamentos de organización judicial y los necesarios para asegurar la independencia de jueces y eficaz prestación de justicia
114(6)
Establecimiento del juicio por jurados
Traspaso completo de Justicia local a CABA
Código de Conducta: Aprobar un Código de Conducta Judicial que establezca normas objetivas sancionables, con respeto del principio de tipicidad y demás requisitos del derecho sancionador.
Procedimientos modernos y ágiles. Estructuras administrativas y tecnológicas acordes a los procedimientos.
Informatización: Informatización total de las actuaciones y del proceso judicial.
Auxiliares de la justicia (peritos, martilleros, síndicos concursales, etc): Selección y designación en forma abierta, competitiva y transparente.
Subastas: Reglamento de subastas bajo sobre y en presencia del Juez y un auditor, para terminar con los negocios de  “la Liga”, que parasita del patrimonio de los justiciables (tanto deudores como acreedores).
Reglamento de contrataciones transparente, igualitario y eficiente.
Reglamento para la Justicia Nacional: Revisión y adopción del Reglamento para la Justicia Nacional y mantenimiento bajo la competencia del Consejo de la Magistratura.
Depósitos judiciales: eliminar el monopolio del Banco Nación y establecer mecanismos de depósitos y transferencias alternativos, competitivos y eficientes.
Matriculación de abogados: eliminar la colegiación obligatoria al CPACF y habilitar un registro de letrados que los habilite a ejercer en los procesos judiciales y prejudiciales con el único requisito de poseer título habilitante





Un nuevo proyecto de Ley de Honorarios: NADA ES LO QUE PARECE

por: Ricardo Mihura Estrada

[Reedito este post ante el reciente ingreso de un nuevo proyecto de ley, esta vez en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que propicia honorarios mínimos, indisponibles por las partes. La pena para el abogado que pacte honorarios debajo del mínimo será de entre 6 meses y un año de suspensión de la matrícula]


Un proyecto de ley de honorarios para los abogados de la ciudad de Buenos Aires tiene estado parlamentario en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo promueve el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (en su versión "reloaded" a partir de su alianza con el PRO) y dice beneficiar y devolver la dignidad a todos los abogados, y especialmente a los que paternalistamente (no sin un dejo de desprecio) llaman abogados “de a pie”. He escuchado que que el proyecto es también apoyado por algún que  otro estudio grande, que "de a pie" sólo tiene a los abogados que llaman "pateadores" (acá sí, claramente despectivo). 


Estas breves líneas solamente intentan abrir los ojos sobre los probables efectos del principal cambio normativo que se propone: declarar nulos los acuerdos de honorarios que se pacten por debajo de los aranceles mínimos, y sujetos a sanción disciplinaria por falta de ética a los profesionales que los suscriban.

Asumiendo que esta norma se promulgue y que la amenaza de penas (que van de 6 meses a un año de suspensión de la matrícula, en el proyecto presentado para la CABA) haga que efectivamente se cumpla, con menos ciencia económica que sentido común creo que se puede vaticinar lo siguiente:

(a) Efectos sobre la oferta de servicios jurídicos


Respecto del precio de los servicios, los aranceles mínimos serán un piso para la competencia. El costo agregado de los servicios jurídicos se incrementará. Los usuarios de estos servicios deberán pagar precios más altos de los que hoy pagan en un régimen de libre competencia. Ello significa que los abogados (al menos algunos) se intentarán apoderar de una porción más grande de la renta nacional y que el costo de vivir y de producir en la argentina será más caro. Las víctimas del mayor costo serán los consumidores finales de servicios jurídicos y también los consumidores de todos los demás productos y servicios que contienen el servicio legal como un insumo en algún punto de su cadena de producción y comercialización. También serán víctimas las empresas, allí donde no puedan trasladar el mayor costo legal, es decir en los mercados más competitivos, particularmente en el mercado internacional.

Qué habrá de suceder con la calidad de los servicios jurídicos. ¿Mejorará la calidad por ser ésta la única variable legal que tendrán los abogados para competir? Yo creo que no. La calidad en el servicio jurídico no es algo que el cliente pueda medir fácilmente y –mucho menos- en el corto plazo. Por eso es muy difícil competir por calidad. Como se vende seguridad, se compite más por nombre y antecedentes, los cuales presumen calidad. Y en este punto es indudable que los estudios establecidos tienen un capital acumulado imposible de empardar para sus jóvenes e independientes competidores.

El profesional, en cambio, sí puede medir su propia eficiencia, al menos en el costo final de su servicio. Mejores técnicas y tecnología, menores costos fijos y más vocación al trabajo y a la investigación permiten prestar servicios con menores costos y precios finales. Es muy decisivo en esta ecuación el costo de oportunidad, que se refleja en la mayor o menor disponibilidad de tiempo que tiene un abogado  según la acumulación de trabajo en cada momento. Es allí donde el abogado independiente tiene más posibilidad de vender servicios, llegando al extremo (muy común, por cierto) de tomar el caso entera o mayormente “a riesgo”, lo cual permite a muchísimas personas acceder a un servicio que de otra forma sería demasiado caro. Por eso, la competencia por precio es una competencia en la que gana el abogado más eficiente, o el abogado más dispuesto a trasladar las ventajas de su eficiencia al cliente.  Pero, si el abogado eficiente queda fuera de la competencia porque el precio como termómetro de su eficiencia no es una variable admisible, tienden a prevalecer los otros abogados, los ya establecidos, los que compiten sólo con su capital acumulado de nombre y experiencia. No veo, entonces, que el honorario mínimo sea un incentivo a mejorar la calidad.

De paso, los estudios establecidos obtienen algunos beneficios adicionales: la mayor dificultad de los abogados para competir por precio es un desincentivo para que los abogados en relación de dependencia de otros abogados decidan levantar vuelo y entrar en competencia con sus propios mentores. Al mismo tiempo, esta situación es un incentivo a los jóvenes para entrar y permanecer como empleados en tales estudios, con la lejana promesa de algún día llegar a socios. Mayor disponibilidad y fidelización de empleados es el marco ideal para reducir el costo salarial, es decir, para proletarizar la profesión. 

Por último, al quedar menos prestadores de servicios jurídicos, y ser estos prestadores más conocidos, es fácil prever el incentivo a la cartelización y al reparto de clientes, es decir, a incrementar aún más el costo del servicio jurídico.

(b) Efectos sobre la demanda de servicios jurídicos


Mayores precios, menor calidad, menor cantidad de prestadores… Todo ello parecería indicar que la demanda de servicios jurídicos se habrá de retraer. ¿Qué significa la retracción de la demanda? ¿Es ello posible, o se trata -como la salud- de una demanda rígida porque los servicios jurídicos son un componente necesario del servicio público de Justicia?

Por supuesto que la demanda de servicios jurídicos puede mermar. Hay vida sin servicios jurídicos.

Es una vida de peor calidad, con menor seguridad jurídica y por ello con más dificultades para la circulación y creación de riqueza. Pero la vida continúa. Así como es enorme la cantidad de propiedades que no se escrituran por el costo notarial y fiscal que conlleva, y los malos títulos dificultan las ventas y el acceso al crédito, del mismo modo, hay divorcios, sucesiones, alimentos, filiaciones, visitas, reclamos de cobro, contratos, en fin, un sinnúmero de negocios y conflictos jurídicos que no se resuelven, o se resuelven mal por las deficiencias del servicio de Justicia, que ya hoy son notorias.

Aumentar el costo y reducir la oferta de los servicios de los abogados no puede sino llevar a reducir aún más a esa ya espantada demanda.

Claro que la parte más rígida de la curva de demanda es la de las grandes empresas, que tienen más intereses que proteger y por eso pueden pagar abogados en relación de dependencia o pagar estudios por sobre los mínimos arancelarios, o bien tienen la posibilidad de trasladar esos costos a sus productos finales. Estas grandes empresas contratan, naturalmente, a los estudios establecidos. 

¿Cuál es la parte más flexible, más sensible de la demanda? La de los particulares y las Pymes, que reducirán su ya decreciente demanda de servicios, privándose de organizar sus intereses y de resolver sus conflictos personales y patrimoniales conforme a derecho, y privando de su legítima fuente de trabajo actual a los abogados independientes, jóvenes, trabajadores y emprendedores.

(c) Conclusión


Este proyecto es una etapa más del corporativismo, que sólo busca privilegios para unos pocos, y descarga el peso de ese privilegio sobre los más indefensos y los más necesitados.

Lo que me gusta de este proyecto es que no se va con eufemismos, sino que deja bien al desnudo la violencia que necesita ejercer la corporación para lograr su objetivo: me refiero a la draconiana pena de suspensión (prohibición de trabajar por un mínimo de 6 meses) a quien ose desafiar el sistema y acordar libremente con sus clientes cómo desea trabajar y cobrar por sus servicios.

CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL

Se trata en el Consejo de la Magistratura la aprobación de un Código de Ética Judicial

En nuestro programa de Abogados en Bloque (FM 97.9 Radio Cultura) el sábado 24 de mayo de 2014 el Dr. Daniel Ostropolsky -Consejero representante de los abogados del interior y Presidente de la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- nos hizo entrega de una copia del proyecto de Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que fue presentado al Presidente del Consejo de la Magistratura el pasado 8 de Abril de 2014 (presentación y fundamentos de la propuesta).

Lo que se intenta aprobar es la adopción de un estándar de conducta ético de reconocimiento internacional, que pueda servir para la evaluación del desempeño de los jueces en funciones, como también para la evaluación de concursos de aspirantes a la magistratura.

Se espera que este Código sea tratado en la próxima reunión del plenario del Consejo de la Magistratura, en la primera semana de Junio.

Las incógnitas son:

¿Apoyará el kirchnerismo la aprobación de este proyecto?

Y, sobre todo:

¿Apoyarán los tres representantes de los Jueces la aprobación de este proyecto?

CRECE BLOQUE CONSTITUCIONAL, CRECE EL DESEO DE LIBERTAD

En nombre de todos los que integramos Bloque Constitucional queremos expresarles nuestro sincero agradecimiento por el apoyo recibido en las elecciones que tuvieron lugar ayer para renovar autoridades del CPACF.

Agradecer a todos los que nos votaron, y eligieron una alternativa para defender sus derechos como abogados, pero por sobre todas las cosas como individuos libres. 22 delegados titulares y 19 suplentes trabajarán para cumplir el compromiso que asumimos con los matriculados.

Con un crecimiento del 550% respecto de la última elección no podemos hacer otra cosa más que confirmar que existe entre los colegas un verdadero interés por la libertad, un deseo de ejercer la profesión de manera libre y responsable, respetando nuestros derechos, sin ser expoliados por una institución que se ha convertido en una carga para los abogados y los justiciables.

Hoy comienza una nueva etapa en la que seguiremos, trabajando al igual que lo hicimos durante los últimos dos años, para defender los valores republicanos, para promover un mayor control y transparencia sobre los que dirigen el Colegio, para remover los obstáculos para el acceso a la justicia y para continuar con la prédica por un Colegio Libre, que respete la libertad de asociación.

Este resultado exitoso solamente nos da más energía y motivación para seguir con la tarea de representar a las decenas de miles de abogados que no quieren ser forzados a pertenecer al Colegio para ejercer su profesión.

Por todo esto, nuevamente gracias.

Colegiatura obligatoria para abogados: la expresión del corporativismo



Por Ezequiel Spector, Profesor de Derecho, Universidad Torcuato Di Tella

Ezequiel Spector: los colegios obligatorios son como mafias
Todos hemos oído de mafias que hostigan a los comerciantes callejeros, obligándolos a pagarles un porcentaje de sus ganancias a cambio de dejarlos trabajar en paz, sin acosarlos, e incluso a cambio de algo de protección. Los comerciantes no hablan de ellas, probablemente por miedo, pero ahí están, controlando a los trabajadores de a pie que sólo desean ejercer el comercio libremente.

Lo que no todos saben es que los abogados también son obligados a pagar una cuota anual y de inscripción para poder ejercer su profesión; si no lo hacen, simplemente tienen prohibido trabajar. Los colegios públicos de abogados, que son las corporaciones que se encargan de cobrar ese dinero, cada uno en una jurisdicción diferente, cosa de mantener bien establecidos los monopolios, no son mafias, porque actúan con el uso de la coerción estatal. Quizá ello lo haga más grave aún: el Estado puede castigar a las mafias que hostigan a los comerciantes, pero cuando el mismo Estado actúa así con los abogados, el problema se vuelve más serio.

Algunos sostienen que la colegiatura obligatoria es necesaria porque es crucial para que los abogados que desempeñan incorrectamente sus funciones sean sancionados. Al establecer la ley ciertos deberes para los abogados, el Colegio Público puede sancionarlos en caso de incumplimiento. No obstante, este argumento resulta implausible. Cualquier abogado que viole alguna normativa vigente del ejercicio de la profesión debería ser sancionado, y quizá impedido de volver a ejercer la profesión si la falta fue especialmente grave. Pero, ¿por qué para ello es necesario obligar al abogado a pertenecer a un colegio público y destinar parte del fruto de su trabajo a mantenerlo? El mal ejercicio de las diferentes profesiones debería ser juzgado y sancionado por el Estado, así como debe juzgar y sancionar todos los daños que pueden hacerse los privados, ya sea una lesión, un homicidio, o una mala praxis médica o legal. Es innecesario obligar al abogado a pertenecer a un colegio público para ello, y menos a mantenerlo económicamente, así como es innecesario obligar al panadero a pertenecer a un colegio público de panaderos para sancionarlo si vende productos en mal estado. No faltará dinero para juzgar y sancionar la mala praxis profesional, porque lo que destinan en promedio los contribuyentes, incluidos los abogados, al Estado es aproximadamente un 50% de su salario, promediando impuestos nacionales, provinciales y municipales, y excluyendo el impuesto inflacionario.

Quizá estoy siendo injusto con los colegios públicos. Tal vez, después de todo, lo que los abogados pagan les es devuelto con beneficios para su profesión. No obstante, en tal caso, no habría problema con que la colegiatura sea voluntaria: los letrados mismos, en vista de esos beneficios, decidirían asociarse. Obligarlos sugiere que los abogados tienen más para perder que para ganar.

El artículo 20 de la ley 23.187 dice que es función del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal “defender a los miembros para asegurarles el libre ejercicio de la profesión”. Obligarlos a asociarse no es la forma de cumplir con esto. En efecto, la libertad de asociación, consagrada constitucionalmente, supone la libertad de no asociarse. Puede que algún día, finalmente en una sociedad libre y abierta, recordemos a carcajadas cuando muchos profesionales, para poder ejercer su profesión, eran obligados a asociarse a un colegio público y a mantenerlo económicamente, con cuotas cada vez más caras. Pero es necesario poner el tema sobre la mesa para alcanzar ese ideal.
 

RIZZO Y GENTE DE DERECHO LLEGARON AL PODER CON UNA PROPUESTA ANTICORPORATIVA


Rizzo votó a favor de la creación de CASSABA. Pero de inmediato su sagacidad le permitió advertir que la gran mayoría de los abogados, que se enfrentan día a día a las adversidades de la profesión sin un sindicato, sin un “papa estado” que los proteja y que dependen de su profesionalismo para subsistir y aportar valor a la defensa de sus clientes, rechazaban de plano el supuesto proteccionismo que les otorgaba la “Caja salvadora”, y que casi unánimemente preferían decidir sobre el destino de sus aportes y que el carácter obligatorio de las retenciones los ponía de mal humor.

Entonces, rápidamente cambió de opinión y la emprendió contra el monstruo que había contribuido a crear y, sin vergüenza alguna, enarboló la bandera de CONTRA CASSABA, a derogarla!. Con esa propuesta, de nítido corte libertario, logró ganar las elecciones, y con ello el poder en el CPACF. Rizzo es un político muy vivo que se dio cuenta para dónde soplaba el viento.

Claramente la opinión contraria a CASSABA era una bandera liberal que enseguida respaldamos quienes ejercemos PROFESIONES LIBERALES, como la abogacía. Pero como tantas veces ocurre, fue levantada por un oportunista que vio la posibilidad de ubicarse en una posición que reclamaban los colegas. Como no podía ser de otra manera, al llegar Rizzo al poder, dejo caer su piel de cordero y el Colegio se convirtió en un feudo poblado por aplaudidores que lo conviertieron en la corporación que es hoy, que suma cada vez mas kioskos y administra cuantiosos fondos, inmuebles y contratos millonarios al amparo de peajes cada vez mas caros que los abogados debemos oblar sin hesitar ya que la ley de colegiación obligatoria resulta un inmejorable caldo de cultivo para el crecimiento de esta expresión del corporativismo.

Por eso decimos BASTA. ¿Hasta dónde va a llegar este populismo en el Colegio Publico? Ya es imposible ejercer la profesión sin abonar los costos cada vez mas altos que nos impone esta corporación. Es hora de poner un freno al monstruo en que se ha convirtido el CPACF.

No a CASSABA era una idea anticorporativa del mismo modo que lo es la derogación de la colegiación obligatoria al CPACF. Los abogados tenemos que poder decidir libremente a qué grupo queremos unirnos, qué opiniones queremos apoyar, si queremos sostener una agencia de viajes, subvencionar máquinas fotocopiadoras, dar préstamos a terceros y qué hacer con nuestro dinero. Sin sostener con nuestro trabajo entidades corporativas que nos tienen prisioneros.

La solución siempre está en la LIBERTAD.

Una matrícula diferenciada


El actual sistema de matriculación que rige para los abogados en la Ciudad de Buenos Aires se haya descripto en la ley 23.187 de 1985. En ella se dispone la colegiación obligatoria y la creación del Colegio Público de Abogados en la jurisdicción de la Capital Federal. Los abogados tenemos que sujetarnos, obviamente, a sus disposiciones. A nuestro entender, esta ley refleja un pensamiento corporativo contrario a las ideas de libertad que iluminan nuestra Constitución, y en cierta medida, también nuestro Código Civil.

Muchos pretenderíamos derogar esta legislación, pero todos sabemos que ese proceso será largo y tedioso puesto que habrá que derrotar pensamientos corporativos muy arraigados en nuestra sociedad. Y tomará un tiempo que deberemos transitar soportando mientras tanto, el actual estado de cosas.

En años recientes, los Colegios Públicos, que mantienen cautivos a todos los profesionales en sus padrones gracias al imperio de esta ley y perciben una cuota anual por ello, han incrementado exponencialmente sus cánones anuales haciéndolo, en la opinión de muchos colegas entre quienes me incluyo, francamente confiscatorios por no guardar relación con el retorno que efectivamente disfruta el abogado, ni con el ingreso que se presume perciben los profesionales.

Un gran número de colegas considera al pago de ese canon como altamente gravoso, y otros sencillamente se oponen a él por considerar que viola su libertad de elección, pero todos debemos acatar su exigencia, como una carga tributaria adicional, un “peaje”, un tributo al Colegio, que nos devuelve lo que él considera que necesitamos: turismo, seguros, bancos, jardín maternal, tramitación de licencias de conducir, descuentos en las fotocopias, gestiones ante la IGJ y el Registro Civil, etc.

La propuesta de matriculación diferenciada consiste en la creación de una matrícula básica, hasta que sea posible derogar la colegiación obligatoria, por la cual el abogado pagaría una suma mínima capaz de financiar el mantenimiento de los padrones de abogados, emitir las credenciales, sostener el Tribunal de Disciplina; y luego de eso, elegir por su cuenta donde compra sus paquetes turísticos, qué servicio de salud contratar, en qué lugar saca las fotocopias, cómo gestionar ante el Registro Civil, etc.

Creemos que con una suma no superior a los $95 se financian sobradamente estas prestaciones. Quien quiera continuar abonando los $890 y acceder a los servicios que presta el colegio y que no surgen de la ley, puede continuar haciéndolo.

Quien considere que estos servicios son una fuente de corrupción, que violan el libre comercio y restringen la voluntad de elección de los matriculados, entre quienes también me cuento, tendríamos así una opción de ejercer libremente nuestro derecho de no ser obligados a sostener un gigantesco “elefante rojo” (por ahora) que decide por nosotros.

Así, quien opte por esta variante de matriculación, solo abonaría una suma mínima, algo parecido a lo que en salud se logró con el PMO, y con ello tendría acceso a la credencial, al Tribunal de Disciplina, y a las certificaciones que fueran menester para el ejercicio de la actividad. Y lo que es más importante, rescataría la dignidad de elegir LIBREMENTE.

UNA INSTITUCION NACIDA DE UNA FALACIA

por Alfredo Mendiguren

falacia. (Del lat. fallacĭa).
1. f. Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien.
2. f. Hábito de emplear falsedades en daño ajeno.

El ejercicio de la abogacía en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires se desarrolló, históricamente, sin la existencia de colegiación obligatoria alguna hasta que, en el año 1985, se sancionó la malhadada ley 23.187 que logró imponerla en base a una falacia.

Hasta ese momento coexistían varias entidades a las que los abogados adherían voluntariamente; así, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Corporación de Abogados Católicos San Alfonso María de Ligorio y la Asociación de Abogados Laboralistas, entre otros.

En rigor de verdad, la cantidad de abogados militantes en las entidades precedentemente enunciadas era francamente minoritaria en relación al universo de los abogados matriculados en el ámbito de la Capital Federal que resultaba mayoritariamente prescindente.

Tradicionalmente, la Asociación de Abogados, de tendencia izquierdista, venía bregando desde siempre por la colegiación obligatoria, mientras el Colegio -históricamente identificado como “el de la calle Montevideo”- mas conservador, defendía la colegiación libre.

Así las cosas, con el retorno al estado de derecho de fines de 1983, la asociación retomó sus banderas colegialistas, encontrando en el partido gobernante, proclive a colegiar hasta a los podólogos y peluqueros, terreno fértil para su imposición bajo la falaz consigna de tratarse de una aspiración de larga data de los abogados de la Capital Federal.

Estériles resultaron los esfuerzos por convocar una encuesta entre los abogados matriculados en la ciudad a fin de verificar la verosimilitud de tal afirmación, por cuanto la Asociación de Abogados no pretendía debatir la cuestión sino imponerla lisa y llanamente aprovechándose de su vecindad ideológica y empatía con el partido gobernante.

Empíricamente, habida cuenta la carencia de encuestas o relevamientos serios, cabe afirmar que, en aquel momento, podían distinguirse tres grandes grupos aproximadamente equivalentes, a saber: uno que proponía la colegiación obligatoria, otro que propugnaba la colegiación libre o voluntaria y, un tercero, posiblemente mayoritario, absolutamente prescindente.

Como se ve, lejos se estaba de contar con una aspiración ampliamente mayoritaria de los matriculados de la Capital Federal.

Particularmente y estando como asesor de una diputada nacional en el momento de debatirse el entonces proyecto de ley, mocioné la inclusión de un artículo que estableciera que la participación en la elección de autoridades fuera voluntaria y que, de no concurrir a votar como mínimo la mitad del padrón, ello constituiría un hecho revelador del desinterés de los matriculados en la institución y, por ende, la misma debería entrar en estado de disolución y liquidación. A tal fin el padrón debía incluir al total de los matriculados, sin exclusiones, toda vez que la falta de pago de la matrícula anual también implica desinterés en la subsistencia de la institución.

Como es de suponer, el bloque de la UCR, en aquel momento a través del diputado Vanossi, se opuso totalmente a considerar dicha propuesta.

En rigor de verdad, los colegialistas siempre tuvieron como presunción “iuris et de iure” que todos los abogados de la Capital Federal aspiraban a colegiarse compulsivamente pero, preventivamente, nunca aceptaron cotejar tal presunción con la realidad.

Obsérvese que la pretensión de una nueva vuelta de tuerca intervencionista y parasitaria como lo fue el intento de creación de la Caja de Seguridad Social de Abogados reveló que la mayoría de los abogados reaccionó negativamente, lo que permite suponer similar resultado frente a una encuesta que ausculte respecto de la continuidad de un colegio obligatorio.


En definitiva, nos encontramos formando parte de un colegio, en lo que a mi atañe contra mi voluntad, como consecuencia de un embuste.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN (por Horacio T. Liendo)

La alternativa que plantea Bloque Constitucional en las próximas elecciones de autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal constituye un soplo de aire nuevo para una vieja aspiración: que el ejercicio de la abogacía sea libre.

La ley de colegiación obligatoria de 1985 estableció una restricción a esa libertad. Desconoció que el derecho a contratar incluye el derecho a no hacerlo y nos obligó a los abogados a matricularnos ante el CPACF, incluso a quienes habíamos adquirido el derecho al libre ejercicio de la abogacía antes de su creación por haber reunido todos los requisitos formales y sustanciales para ello: teníamos el título habilitante y estábamos inscriptos ante la Justicia Nacional en lo Civil para ejercer ante la Justicia Nacional y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ejercer ante la Justicia Federal.

Como era de esperar, esta nueva burocracia creció y se multiplicó; y si bien presta servicios a los matriculados está, sobre todo, al servicio de sus autoridades y allegados, que disponen a su antojo de un gran presupuesto. Es una réplica de lo que sucede en los gobiernos de todos los niveles.

Si la idea del legislador de 1985 fue dar mayor dimensión a los esfuerzos asociativos de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires, dicho fin ya se cumplió y la matriculación compulsiva ante el CPACF no es actualmente necesaria ni benéfica.

Adicionalmente a ello, después de la reforma constitucional de 1994, la Ciudad de Buenos Aires adquirió un nuevo status y el Congreso perdió el carácter de legislador local de la ciudad que tenía hasta entonces, lo cual torna a la ley de 1985 en una rémora que debe ser removida.

La reforma del CPACF en una asociación civil sin fines de lucro a la que los abogados que quisieran pudieran asociarse libremente, como propone Bloque Constitucional, no impedirá que se mantengan los servicios que actualmente brinda la entidad, en la medida que sus asociados decidan solventarlos.

El gobierno de la matrícula, en tal caso, podrá confiarse a la asociación civil más representativa de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires o a la Justicia, como ocurriera hasta el dictado de la ley 23.187.

Mientras ello ocurre, la propuesta de reducir el bono y la matrícula anual, sin duda contribuirá a una mayor austeridad y a luchar contra la corrupción de los valores, esencial para quienes hicimos de nuestras vidas un acto de servicio a los justiciables por quienes abogamos.

Abril, 2014