El próximo 29 de abril el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal celebrará las elecciones que definirán quienes serán los nuevos Consejeros, los integrantes del Tribunal de Disciplina, los Delegados de la Asamblea, y un nuevo Presidente.

Bloque Constitucional - Lista 61 es una agrupación de abogados comprometidos con la Constitución. Por eso, abogamos por un Colegio que sea transparente, cuyo alcance sea el establecido por la ley que lo creó, que tenga una administración austera para el interés de los matriculados y los justiciables.

Somos defensores del derecho a ejercer con libertad y responsabilidad la profesión, y creemos que el CPACF no debe convertirse en una carga para los matriculados con el constante aumento de las cuotas de inscripción, anual y del bono de derecho fijo.

Un CPACF que no presenta balances, que no respeta a los organismos que lo deberían controlar, y que se cree todopoderoso es una mala noticia para los abogados y la sociedad.

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Un Colegio sin límites

“El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, estas famosas palabras escritas por Lord Acton reflejan de forma precisa la razón de por qué es imprescindible establecer límites al ejercicio del poder, especialmente si hablamos del Estado ya sea directamente o a través de organismos con facultades delegadas.

Por este motivo, mientras que los individuos somos sujetos de derecho, y nuestro campo de acción se encuentra únicamente limitado por los derechos de terceros –o por lo menos, eso debería darse en la práctica– aquellas instituciones que poseen el poder de controlar, reglamentar, y cobrar tasas e impuestos ven sus facultades limitadas a lo que estipula una legislación. Es decir, su libertad de acción está limitada de forma específica en su estatuto fundacional.

Imagínese que de la noche a la mañana usted se encuentra obligado a pagar un tributo a un organismo sobre el que no conoce su finalidad, sus límites, ni el destino de los fondos que recauda. Un verdadero atropello. Es por eso que a la hora de crear instituciones con poder de policía, para impedir que sea utilizado de forma arbitraria o desmesurada se le aplican estrictos límites a su accionar. De lo contrario, quedaríamos sometidos a la discreción de los que ostentan el poder y nuestra libertad pasaría al plano de la ficción.

Esta situación de incertidumbre y abuso es la que vivimos actualmente los abogados que ejercemos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dónde para poder desarrollar nuestra labor profesional estamos obligados a matricularnos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Como decíamos antes, un verdadero atropello.

Esta institución fue creada por la ley 23.187 en el año 1985 con una competencia específica delimitada por la misma ley. Son ocho incisos en los que se establece la competencia del CPACF, es decir las actividades que está facultado a desarrollar. Ni más ni menos. Entre ellas figuran el gobierno de la matrícula de abogados que ejerzan en la Ciudad de Buenos Aires, el ejercicio del poder disciplinario, la promoción y organización de la asistencia y defensa jurídica para las personas que carezcan de recursos económicos, la contribución al mejoramiento de la administración de justicia.

Sin embargo, la actual administración de Gente de Derecho, quienes dirigen la institución desde el año 2006, parece ignorar estas limitaciones y ha convertido al Colegio Público en un negocio polirrubro que se dedica a la organización de fiestas, de eventos deportivos, de torneos de truco y de tiro, a la venta de viajes, y hasta administra un jardín maternal. Pero por sobre todas las cosas, es una verdadera carga para los abogados.

Esta institución no tiene autoridad para desarrollar tales actividades, mucho menos explotando a los matriculados a través del bono, de la cuota anual y de la inscripción a la matrícula (verdadero despropósito el precio de matriculación para noveles abogados), que encima aumenta todos los años muy por encima de la inflación real, con el sólo fin de financiar una institución sin ningún tipo de control interno (no presenta balances en los últimos años) ni externo (no es auditado por ninguna institución de renombre).

Desde Bloque Constitucional, una agrupación creada en 2012 con el objetivo de restaurar las únicas funciones a las que el Colegio está autorizado a desempeñar, creemos que esta expansión del poder es inconcebible y daña la reputación y el prestigio de nuestra profesión.

Mientras tanto, todo el peso de esta institución de magnitudes elefantiásica recae sobre la espalda de los que dicen representar sus intereses, y mucho más sobre aquellos que encuentran cada vez más difícil y oneroso un rápido y económico acceso a la justicia.

POR EZEQUIEL CAFFARINI
*En colaboración con Adam Dubove.

Recaudación mata principio de inocencia

Carta firmada por el Dr. Fanego.
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El 28 de noviembre del año pasado me encontraba trabajando en mi estudio jurídico cuando recibí una carta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Al ver el sobre creí que se trataba de otra de las innumerables publicaciones propagandísticas del Dr. Rizzo, tal como la revista mensual que llega puntualmente (llegan 5, una por cada matriculado) o alguna cosa similar. Sin embargo, el tenor de esta misiva era distinto.

Tal como se observa en la foto, mediante dicha carta el CPACF, a través de su Secretario General, el Dr. Guillermo J. Fanego, me informaba que, debido a “informes requeridos” por el mismo colegio, se había detectado que en el período 2010/2013, yo “había intervenido” — sin explicar en carácter de qué — en 261 procesos, habiendo adquirido en dicho período únicamente 5 bonos.-
Al recibir esta carta, me preocupé, si bien sabía que de mi parte no había habido incumplimiento alguno, el CPACF tiene facultades sancionatorias (como inhabilitación, suspensión o multa) y su poder es discrecional.

Ahora bien, el CPACF, ni siquiera se molestaba en verificar en qué procesos se habían presentado los bonos adquiridos, sino que delegaba dicha facultad propia en mi persona. Es decir, el principio de inocencia para el CPACF no existe, ya que uno debe demostrar que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Las autoridades del colegio no se tomaron siquiera la molestia de ir y revisar los expedientes para ver si yo efectivamente había actuado como letrado, así como tampoco me informaron sobre qué expedientes se estaba realizando dicha investigación. Ellos simplemente pidieron informes y no permitieron que yo pudiera ver expediente alguno para poder realizar una correcta defensa.
Con dicha carta me encontraba en una situación de absoluta indefensión, teniendo que demostrar que efectivamente yo no había actuado como letrado en determinados procesos judiciales y que ni siquiera sabía cuáles eran ya que no se me había informado ni tenía posibilidad de conocerlos.

Al comunicarme con la “asesoría letrada” del CPACF, me informaron “off the record” que no tenían el listado de los procesos sobre los que se me investigaba y que, de no abonar antes del 31 de Diciembre los bonos que se me reclamaban, se me impondría una multa de un sueldo de Juez de la Nación (cuarenta mil pesos).

Ante dicha situación formulé mi descargo ante las autoridades del CPACF, presentando un escrito en mesa de entradas y exponiendo la realidad de la situación. Esto es que en el Estudio yo había realizado el sorteo de expedientes de la seguridad social en el sistema informático de dicho fuero pero que de ninguna manera yo había intervenido como letrado, firmado escrito alguno o firmado siquiera la planilla de inicio del expediente. Es más, si al menos se hubieran tomado la molestia de revisar detenidamente dichos sorteos, en todos ellos, aparecían como letrados quienes efectivamente patrocinaban dichos expedientes junto a mí.

Como ya lo mencioné, el CPACF únicamente solicitó un informe sobre qué letrados habían realizado el sorteo informático y no se molestó en realizar una investigación detallada ni mucho menos. Transfirió la carga de la prueba a quien era investigado, obligándome casi a adivinar de qué incumplimientos se me estaba acusando.

Frente a dicho escrito, el CPACF, guardó silencio y, a la fecha, no he recibido notificación alguna. Uno hubiera esperado que con dicha contestación el CPACF me hubiera enviado por carta un pedido de disculpas, pero evidentemente el CPACF no está para realizar dichas cosas, sino únicamente para recaudar.

Recuerdo que en dichos días mi bronca más grande era que, de resultar efectivamente condenado a abonar esa multa, no podría conocer el destino de ese dinero hasta dentro de varios años, ya que el CPACF no cuenta con balances aprobados desde el año 2012.

Es por todo esto entre muchísimas otras cosas que es hora de cambiar las autoridades del CPACF y optar por Bloque Constitucional, la única opción verdaderamente alberdiana que propone reducir sensiblemente los gastos del Colegio y con ello el bono de derecho fijo y la matrícula anual. La única opción que promueve una auditoría sobre los últimos años del CPACF para conocer efectivamente qué se hizo con tanto dinero de los abogados.

Ezequiel Caffarini, candidato a Delegado de la Asamblea por Bloque Constitucional.

Reunión con la Federación Mundial de Trade Points

Bruno Masier
Representantes de Bloque Constitucional se reunieron la semana última con Bruno Masier, presidente de la WTPF dependiente de la ONU, para conversar sobre el alcance de los programas de Digitalización y Transparencia de la organización.

En la reunión se charló sobre la posibilidad de implementar iniciativas con la colaboración de la WTPF en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y los Consejos de la Magistratura de la Nación y CABA para mejorar los procesos y alcanzar niveles satisfactorios de transparencia.

La WTPF nació en el año 2000 como un programa no gubernamental y sin ánimo de lucro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Actualmente tiene una red de 122 Trade Points en 80 países del mundo.

Por Bloque Constitucional participaron del encuentro Ricardo Mihura Estrada y Daniel Rybnik, ambos delegados ante la Asamblea del CPACF.