CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: 354 votos. Quienes nos escucharon nos votaron. La lucha continúa



Los 354 votos (3,88%) que nos escucharon y confiaron en nuestras propuestas sabían que no teníamos chance de ganar estas elecciones. Pero igual nos votaron.

¿Por qué nos votaron?

Nos votaron porque saben que nuestra lucha por las instituciones recién ha comenzado. Que es lenta pero constante. Que enfrentamos un aparato de corrupción, negligencia y connivencia muy poderoso. Que no hay que dejarse llevar por los resultados inmediatos, sino que hay que apostar al camino de mediano y largo plazo que BLOQUE CONSTITUCIONAL está señalando y liderando, y que no es otro que el del apego a la Constitución Nacional, que es modelo de respeto a los derechos individuales, al estado de derecho y a los principios republicanos como forma de convivencia en sociedad.

¿Y por qué no nos votaron más?

Porque el aparato violó el Reglamento Electoral en cuanto se refiere a las norma de publicidad de campaña. El Reglamento Electoral ordenaba:

  • Que todas las listas pudieran hacer publicidad en forma igualitaria dentro de los Colegios profesionales y de los Tribunales, y
  • Que ninguna lista pudiera hacer publicidad en la vía pública, en radio ni televisión.
Frente a normas tan claras BLOQUE CONSTITUCIONAL tenía dos opciones: aceptar y exigir el cumplimiento de la ley, o sumarse a la violación generalizada de la misma (que se preveía desde el primer momento que iba a ocurrir).

Obviamente, optamos por la vía del cumplimiento de la ley. No utilizamos medios de publicidad prohibidos, y le exigimos a la Junta Electoral que hiciera cumplir las normas de campaña. La Junta Electoral miró para otro lado, lo cual nos obligó a denunciar la situación y pedir remedio ante la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL, que fue connivente con los intereses representados por la Junta Electoral, y eludió su responsabilidad de resolver  (VER y VER).

Las listas de los grandes aparatos y de los sospechosos presupuestos (GENTE DE DERECHO y CAMBIO PLURALISTA) obviamente arrasaron con las normas de publicidad de campaña y saturaron la vía pública y los medios audiovisuales con su publicidad, vacía de contenido, pero con mucho ruido y color. 

Es interesante ver qué hizo la lista ABOGADOS DE PIE: ellos tenían la opción de sumarse a nuestra lucha por el derecho o competir en la de la violación de ley. Preveían que por el lado del Derecho no se iba a lograr nada y entonces abandonaron los principios y salieron a la cancha de la publicidad prohibida y la violación legal. ¿Cuál fue el resultado? Se hicieron ver un poco más que BLOQUE CONSTITUCIONAL y lograron -también sin ninguna propuesta sustancial- unos 400 votos más que nosotros. La pregunta es: ¿Valió la pena? ¿Cuánto pagaron por esos votos? ¿Cuánto en dinero y cuánto en renuncia a principios diferenciadores de la vieja política?

BLOQUE CONSTITUCIONAL puede decir con la cabeza en alto, a cada uno de sus votantes: ¡Gracias por escuchar nuestras propuestas y por confiar en nosotros! Su voto nos ayuda a continuar en la lucha por el imperio del derecho, la Constitución y la República.


Denuncia por Campaña Ilegal: "Pasen estos autos a engrosar el listado de las violaciones de la Ley que quedan sin resolución, debido a nuestro deficiente servicio de Justicia"

La denuncia que presentó BLOQUE CONSTITUCIONAL contra la Junta Electoral de las elecciones para el Consejo de la Magistratura, por no cumplir ni hacer cumplir el Reglamento Electoral en lo referido a la publicidad de campaña, terminó como algunos predijeron: se tornó ABSTRACTA por la ineficiencia crónica de nuestro sistema judicial.

Para cualquier persona -digo: cualquiera no contaminada por los formalismos leguleyos- la situación no resistiría el menor análisis:

  • Uno denuncia que se están violando las normas de publicidad, lo cual le impide hacer campaña en el ámbito del Colegio y de los Tribunales, en condiciones de igualdad con todas las listas (eso es lo que el Reglamento indica).
  • La Jueza gana tiempo resolviendo CUALQUIER VERDURA.
  • La Cámara le dice a la Jueza que LA VERDURA NO SIRVE, que ella es competente y que debe resolver lo que se le denunció.
  • Llegan el día de las elecciones. Se consolidan los efectos de la campaña ILEGAL y gana una de las listas que abrumaron con la utilización de los medios de campaña prohibidos (vía pública y radio y televisión), y que además había designado a los miembros de la Junta Electoral que violó el Reglamento en perjuicio del denunciante.
  • La Jueza, entonces, declara que la situación SE TORNÓ ABSTRACTA!!

Si el pedido se tornó abstracto, es porque las normas en nuestro país son abstractas. Nadie espera que se cumplan!!!

Si es cierto que la cuestión es abstracta, es sólo porque la Justicia falló, pero no en el sentido técnico, sino en el sentido puramente mecánico: la Justicia es una máquina que no funciona.

Por ello BLOQUE CONSTITUCIONAL consintió esa resolución final y cerramos el caso manifestando, como titula este post  "Pasen estos autos a engrosar el listado de las violaciones de la Ley que quedan sin resolución, debido a nuestro deficiente servicio de Justicia"

Dios salve a S.S.

BLOQUE CONSTITUCIONAL PRESENTA CANDIDATOS AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Bloque Constitucional presentó ante la Junta Electoral designada por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación a sus candidatos titular y suplente, Ricardo Mihura Estrada y Victoria Villarruelpara representar a los abogados de la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones del 9 de Septiembre de 2014.

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¿Por qué nos presentamos?

Nos presentamos porque queremos que en la silla de los abogados del Consejo se ubique un profesional con independencia y que no termine ocupada por alguien que responda a intereses políticos y/o corporativos.

La política y las corporaciones han convertido la Justicia en muy costosa, ineficiente, lenta y -muchas veces- injusta. La consecuencia ha sido expulsar a millones de ciudadanos del sistema jurídico, con un enorme costo sobre su calidad de vida y posibilidades de crecimiento económico.

Queremos trabajar para que el Consejo cumpla estrictamente sus funciones constitucionales dentro de un marco de transparencia y control republicano, y tome efectivamente la responsabilidad de mejorar el servicio de Justicia.

En Bloque Constitucional hemos aprendido y estamos demostrándolo con hechos que, aún siendo minoría, podemos incidir sustancialmente en la calidad de las instituciones.

Lo estamos haciendo en el Colegio Público de Abogados. Lo haremos en el Consejo de la Magistratura.

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Nuestros Candidatos


Ricardo Mihura Estrada es uno de los fundadores y referentes de Bloque Constitucional. Tiene 49 años y es socio de un estudio jurídico con activo desempeño en el mundo del litigio, de los contratos y del asesoramiento empresarial.

Tiene una sólida formación profesional. Abogado por la UCA, Especialista en Tributación por la UBA (Cs. Económicas) y LLM in Taxation por la University of Florida (como becario Fulbright). Significativa experiencia docente (principalmente en la UCA) y numerosos trabajos publicados en revistas especializadas.

En su vida personal Ricardo destaca la náutica, el yoga y la literatura como sus ámbitos preferidos de elevación del espíritu y conexión con la energía del mundo.

Ricardo es un convencido de que el trabajo, la dedicación y el estudio todo lo pueden, y está decidido a lograr, con esas armas, que prime la racionalidad, el profesionalismo, la independencia y la honestidad en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de la Justicia.

Victoria Villarruel es una abogada argentina, que fundó y preside CELTYV, la ONG que nuclea a las víctimas del terrorismo de Argentina. En 2010 presentó su primer libro "Los llaman... jóvenes idealistas". En 2014 publicó "Los otros muertos" (en co-autoría), estudio sobre las víctimas del terrorismo de los '70. Es miembro de la Comisión de DDHH del Colegio Público de Abogados de Capital Federal.

Recibió en 2012 el premio "Amigo della forze dell´ordine" otorgado por la Asociación de la Policía Penitenciaria de Italia (Venecia). Ha disertado en numerosos países del mundo sobre DDHH y las víctimas del terrorismo, entre ellos USA, Noruega, España, Italia, Francia, Colombia, Uruguay, Perú y en nuestro país. Fue entrevistada por el Wall Street Journal (USA), el diario ABC (España), El Expreso (Perú), La Nación y Clarín (Argentina), Fohla y Veja (Brasil) entre otros importantes medios del mundo.

"Trabajar para construir una Justicia Independiente tiene todo el sentido para el trabajo que venimos realizando desde hace años", dice Victoria, "porque sin jueces independientes no podemos seguir avanzando en demandar justicia para las víctimas del terrorismo".

EL 9 DE SEPTIEMBRE PODES VOTAR A NUESTROS CANDIDATOS. 
POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE,  TRANSPARENTE Y PARA TODOS


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JUSTICIA, POBREZA Y TÍTULOS DE PROPIEDAD

por Ricardo Mihura Estrada (*)

(*) Abogado, vicepresidente de Bloque Constitucional. Candidato a integrar el Consejo de la Magistratura

Desde que en el año 1986 el economista Hernando de Soto publicó su libro “El Otro Sendero. La Revolución Informal” nadie ha logrado una mejor respuesta a la pobreza estructural de América Latina y del tercer mundo. Uno de los aspectos centrales de su trabajo concluye en que reconocer fuerza legal a los títulos sobre las viviendas de las personas marginadas de la revolución capitalista es un requisito esencial para posibilitar su crecimiento económico y humano.


La tesis es sencilla y contundente: la propia vivienda tiende a ser la mayor acumulación de capital de las familias. La libre circulación de ese capital permite a las familias apalancar su crecimiento económico. Por el contrario los obstáculos y costos a la circulación de este capital los condena a vivir al día, sin los beneficios del crédito. El título legal de propiedad es el primer requisito para que dicha circulación y el crédito sea posible.

Los enemigos de esta solución son poderosos: Por un lado, los políticos populistas, que estructuran su base de poder sobre la pobreza de las masas y su creciente dependencia de los “beneficios” que reparten el Estado y los punteros políticos del partido. Por otro lado, las corporaciones profesionales y fiscales que se interponen en el proceso de adquisición y traslación de los títulos de propiedad: abogados, escribanos, agrimensores, contadores, recaudadores fiscales, intermediarios y gestores de todo tipo y color que buscan su tajada en la circulación de la riqueza inmobiliaria, y que para asegurarla generan dificultades y trabas burocráticas cuya remoción requiere de su intervención.

En nuestro país se está dando un grave proceso de “destitulización” de las viviendas. Hay un enorme crecimiento de poblaciones informales y villas, sin catastro alguno, simultáneo con la pérdida de títulos de propiedad sobre las propiedades catastradas. El primer fenómeno, el del crecimiento de las villas, es bien visible y conocido. El segundo, en cambio, es silencioso y no se conocen mediciones ni estadísticas: me refiero a la enorme cantidad de propiedades que se transfieren sin escrituras, sea por muerte, divorcio, división de condominio, prescripción u otras situaciones en las cuales la regularización del título es un puro costo, no asociado a una transacción económica.


La legislación del Código Civil es realmente muy adecuada para que esto no suceda, es decir para que, en lugar de perderse los títulos, las personas puedan adquirir y transferir con entera seguridad jurídica títulos sobre sus bienes. Institutos como la divisibilidad eminente del condominio, la prescripción adquisitiva y toda la regulación de la posesión y de la transmisión hereditaria tienen ese objetivo. Por ello, el fenómeno creciente de “destitulización” no es un problema de legislación de fondo sino de su implementación y de los costos fiscales y corporativos que se han ido generando en el mercado inmobiliario.

¿Y quién tiene la llave y la responsabilidad para revertir esta situación? Yo veo dos principales campos de acción:

Uno es el fiscal. El impuesto de sellos sobre las viviendas debe eliminarse. Y ni hablar del impuesto sucesorio generado recientemente por la Provincia de Buenos Aires y de peligroso contagio en las demás. Pero también deben eliminarse otros costos fiscales o cuasi fiscales que también encarecen las transferencias e hipotecas de viviendas, como la obligatoriedad de la intervención notarial y las normas de mínimos arancelarios obligatorios y de aportes colegiales y previsionales a las cajas de escribanos, martilleros y abogados. Esto depende, principalmente, de la legislación local de la Ciudad de Buenos Aires y de cada provincia, que establece los impuestos y las normas de ejercicio profesional relevantes.

El otro campo de acción, no menos importante, es el procesal. Salvo la transferencia voluntaria entre vivos, todas las demás formas de traslación y adquisición de título requiere de la intervención de la Justicia. Muchas veces son procesos voluntarios, otras no. Pero en todos los casos la intervención judicial debe resolver problemas que son sencillísimos (muchísimo más sencillos que los que resuelve mi computadora, cada vez que la enciendo, para decirme simplemente qué día y hora es). No hay nada, en la naturaleza de las cosas, que diga que estos procesos judiciales deban ser extensos, costosos, inabordables o eminentemente diferibles para el común de la gente.

Rediseñar estos procesos para revertir la progresiva “destitulización” es –también- responsabilidad de cada provincia, ya que bajo su competencia constitucional está la de administrar la Justicia y los catastros. En el caso particular de la Capital Federal la administración de Justicia y del Registro de la Propiedad Inmueble aún descansan en la órbita de la jurisdicción nacional (son los resabios de la malhadada “ley Cafiero”). Y, dentro de la jurisdicción nacional, es al Consejo de la Magistratura a quien le cabe la responsabilidad de organizar la Justicia y reglamentar la eficaz prestación de este servicio.

Bastaría que el Consejo de la Magistratura se tomara esta responsabilidad en serio, para organizar procesos judiciales rápidos, eficientes y económicos. Con ello, la gente podría concurrir en masa y con muy bajo costo a regularizar sus títulos de propiedad, usucapir sus posesiones de hecho, y poner en valor y dentro del circuito económico el capital que han sabido acumular en sus propias viviendas.

En conclusión, si bien nadie en el Consejo de la Magistratura está pensando en ello, cada uno de sus trece miembros es responsable por la creciente pobreza estructural del país, y podrían hacer muchísimo por mejorar la calidad de vida y la inserción económica de los más desposeídos.

Por eso creo que vale la pena!!!!
Por eso, #el9del9votaLista9
Muchas gracias!!

RESPETAR Y HACER RESPETAR LA PUBLICIDAD DE CAMPAÑA

BLOQUE CONSTITUCIONAL APELÓ A LA CÁMARA ELECTORAL POR
INCUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO ELECTORAL

SE SOLICITÓ APLAZAR POR 10 DÍAS LAS ELECCIONES

BLOQUE CONSTITUCIONAL apeló en el día de hoy ante la CÁMARA NACIONAL
ELECTORAL por la reticencia de la JUNTA ELECTORAL en aplicar el Reglamento
Electoral en cuanto se refiere a las normas y restricciones de publicidad en campaña.

Según estas normas, la publicidad electoral debe realizarse en un pie de igualdad, por
afiches colocados exclusivamente en los edificios de Tribunales y de los Colegios y
Asociaciones de abogados, lo cual excluye la vía pública y los medios audiovisuales.

Similar pedido había peticionado BLOQUE CONSTITUCIONAL el 25/8/2014 como
medida cautelar autosatisfactiva ante el JUZGADO NACIONAL ELECTORAL (a cargo
de la Dra. María R. Servini de Cubría), pero dicho pedido fue rechazado con sustento en que las decisiones de la JUNTA ELECTORAL deberían ser recurridas primero ante el COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL o ante el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

Ahora deberá ser la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL (a cargo de los Dres. Rodolfo
Munnie, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via) quien decida si toma el tema, por
considerarlo inherente a la decisión de un cargo electivo nacional, y si corresponde dar
vigencia a las restricciones de publicidad electoral.

Así, mientras la lista de Gente de Derecho se gasta nuestra plata (del CPACF y del Gobierno de la CABA) en fiestas y pautas publicitarias en todos los medios, y Alegandra García aplica sumas astronómicas en cartelería en vía pública, en BLOQUE CONSTITUCIONAL nos vemos obligados otra vez a recurrir a la Justicia para hacer cumplir la Ley, en un país en el que estamos convencidos de que respetar la Ley y la Constitución Nacional es el gran cambio que hay que lograr.

Dada la proximidad de las elecciones y el consistente incumplimiento de las normas de publicidad  de campaña, también hemos pedido a la Justicia que se posponga por 10 días el acto eleccionario.





PROPUESTAS PARA EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

"POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE Y TRANSPARENTE"

Hemos estructurado nuestra propuesta, siguiendo estrictamente el esquema de la Constitución en la creación del Consejo de la Magistratura.

Competencia Constitucional
Art. CN
PROPUESTAS BLOQUE CONSTITUCIONAL
Régimen republicano
1
Transparencia y austeridad: Administración de los recursos y competencias propios del Consejo en forma transparente. Eliminación de gastos innecesarios y extraños a sus competencias constitucionales.
Ejercicio responsable: presencia física diaria de los Consejeros en las oficinas del Consejo de la Magistratura.
Desefectivización de personal de gabinete: Eliminación de los cargos creados por los consejeros salientes para efectivizar a su propio personal de gabinete.
Escuela Judicial: Eliminación de costos y estructuras burocráticas que son ajenas a la competencia constitucional del Consejo de la Magistratura. Propiciaremos la mejora de la calidad educativa, mediante el reconocimiento de los servicios de formación de magistrados, funcionarios, empleados judiciales y postulantes a dichos cargos por instituciones universitarias de máximo prestigio, con plena libertad de elección para el aspirante o funcionario, eliminando las   ventajas comparativas indirectas en los concursos que hoy tienen los funcionarios judiciales vinculados a la Escuela Judicial, y sin costo para el Estado.
Selección postulantes
114(1)
"Conjueces": Eliminar el sistema de cobertura de juzgados vacantes con "conjueces". Las leyes 26.372 y 26.376 son inconstitucionales porque permiten asignar jurisdicción plena y poner a cargo de Juzgados y Vocalías de Cámara a candidatos del Poder Ejecutivo, sin concurso y sin estabilidad.  En cualquier caso, los jueces “subrogantes” deben ser jueces con estricto cumplimiento de art. 99(4) de la CN, con selección por concurso y estabilidad funcional.
Entrevistas personales por video televisadas: Grabar y exhibir online las entrevistas personales con los candidatos a jueces.  Adherimos a la iniciativa 'Concursos Transparentes' de la ACIJ.
Acelerar Concursos: Acelerar los procesos de selección de postulantes y resolución de concursos. Hoy existe más de un 20% de juzgados y vocalías de Cámara vacantes, muchos de ellos con procesos de selección detenidos o no iniciados, lo cual es funcional para que el Poder Ejecutivo pretenda cubrir esos puestos con gente no calificada ni independiente.
Tomar intervención en la Comisión de Selección: La Ley 26.080 (2006) excluyó a los representantes de los abogados de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, algo insólito e inconstitucional, pero la Ley 26.855 (2013) los restableció, y a pesar de que esta ley difirió su entrada en vigencia en este punto, es necesario ponerla en vigor para cumplir con la Constitución, por lo que actuaremos en todos los ámbitos legales y judiciales para exigir esta participación.
Igualdad entre empleados y abogados para el acceso a cargos judiciales: Concursos abiertos para el ingreso a cubrir cargos de empleados y funcionarios judiciales. Valoración de antecedentes en el ejercicio profesional en igualdad de condiciones que antecedentes en cargos judiciales.
Emitir Propuestas en Ternas
114(2)
Orden de mérito: El CM debe cumplir un rol estrictamente técnico, y la elevación de propuestas de ternas es una de las funciones en donde debe asegurarse la transparencia y el control republicano para que responda a un riguroso orden de mérito.
Postulantes sin mérito: No todos los postulantes que componen una nómina reúnen las condiciones de mérito para integrar una terna. Cuando una nómina es insuficiente o es utilizada para más de una terna, debe determinarse un criterio técnico para asegurar que no se incluyan postulantes que no reúnen las condiciones mínimas de mérito.
Administrar recursos y ejecutar presupuesto para la administración de justicia
114(3)
Administración de recursos y del personal: La administración de los recursos y la ejecución del presupuesto del Poder Judicial de la Nación corresponde al Consejo de la Magistratura, no a la Corte Suprema. Retomaremos el pleno ejercicio de esta competencia constitucional, que hoy es ejercida sólo a medias. El Poder Judicial no debe hacer política a partir del manejo de recursos, cargos, etc., pues ello enturbia la administración de Justicia. Inconstitucionalidad de artículos finales de la Ley 26.855 que negoció el PEN con la CSJN con anterioridad al fallo “Clarín” sobre la Ley de Medios.
Transparencia de recursos de la CSJN: Mientras la administración la siga ejerciendo de hecho la CSJN, realizaremos la publicidad y auditoría total de la ejecución presupuestaria, cargos, sueldos, contratos, etc.
Procesos de compras: Transparencia, racionalidad y calidad en la contratación de todos los servicios y bienes que requiere la Justicia para funcionar.
Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados
114(4)
Proceso voluntario abreviado: Los jueces que reciban una denuncia podrán someterse voluntariamente a un proceso abreviado, de una sola audiencia pública dentro de 30 días, en la que den las explicaciones y se produzca toda la prueba, y se resuelva en el acto la sanción o sobreseimiento.
Audiencias públicas televisadas: Grabar y exhibir online las audiencias con jueces imputados en procesos disciplinarios.
Publicidad de todos los expedientes y resoluciones.
Acelerar la resolución de todos los procesos sancionatorios: Toda denuncia fundada contra un magistrado debe ser tramitada de inmediato y resuelta en no más de 3 meses. La extensión de los procesos disciplinarios sólo sirve para generar presiones morales y de todo tipo sobre los Jueces, lo cual afecta su independencia. La extensión máxima de 3 años que fija la Ley para abrir los procesos de remoción debe ser abreviado sustancialmente por una actuación eficiente y ecuánime del Consejo.
Decidir apertura procedimiento de remoción, ordenar la suspensión y formular la acusación
114(5)
Transparencia y Celeridad en el Procedimiento: el dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación y la acusación formulada por el plenario del Consejo de la Magistratura deberán ser publicados en la página web sin necesidad de requerimiento especial.
Dictar reglamentos de organización judicial y los necesarios para asegurar la independencia de jueces y eficaz prestación de justicia
114(6)
Establecimiento del juicio por jurados
Traspaso completo de Justicia local a CABA
Código de Conducta: Aprobar un Código de Conducta Judicial que establezca normas objetivas sancionables, con respeto del principio de tipicidad y demás requisitos del derecho sancionador.
Procedimientos modernos y ágiles. Estructuras administrativas y tecnológicas acordes a los procedimientos.
Informatización: Informatización total de las actuaciones y del proceso judicial.
Auxiliares de la justicia (peritos, martilleros, síndicos concursales, etc): Selección y designación en forma abierta, competitiva y transparente.
Subastas: Reglamento de subastas bajo sobre y en presencia del Juez y un auditor, para terminar con los negocios de  “la Liga”, que parasita del patrimonio de los justiciables (tanto deudores como acreedores).
Reglamento de contrataciones transparente, igualitario y eficiente.
Reglamento para la Justicia Nacional: Revisión y adopción del Reglamento para la Justicia Nacional y mantenimiento bajo la competencia del Consejo de la Magistratura.
Depósitos judiciales: eliminar el monopolio del Banco Nación y establecer mecanismos de depósitos y transferencias alternativos, competitivos y eficientes.
Matriculación de abogados: eliminar la colegiación obligatoria al CPACF y habilitar un registro de letrados que los habilite a ejercer en los procesos judiciales y prejudiciales con el único requisito de poseer título habilitante





Un nuevo proyecto de Ley de Honorarios: NADA ES LO QUE PARECE

por: Ricardo Mihura Estrada

[Reedito este post ante el reciente ingreso de un nuevo proyecto de ley, esta vez en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que propicia honorarios mínimos, indisponibles por las partes. La pena para el abogado que pacte honorarios debajo del mínimo será de entre 6 meses y un año de suspensión de la matrícula]


Un proyecto de ley de honorarios para los abogados de la ciudad de Buenos Aires tiene estado parlamentario en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo promueve el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (en su versión "reloaded" a partir de su alianza con el PRO) y dice beneficiar y devolver la dignidad a todos los abogados, y especialmente a los que paternalistamente (no sin un dejo de desprecio) llaman abogados “de a pie”. He escuchado que que el proyecto es también apoyado por algún que  otro estudio grande, que "de a pie" sólo tiene a los abogados que llaman "pateadores" (acá sí, claramente despectivo). 


Estas breves líneas solamente intentan abrir los ojos sobre los probables efectos del principal cambio normativo que se propone: declarar nulos los acuerdos de honorarios que se pacten por debajo de los aranceles mínimos, y sujetos a sanción disciplinaria por falta de ética a los profesionales que los suscriban.

Asumiendo que esta norma se promulgue y que la amenaza de penas (que van de 6 meses a un año de suspensión de la matrícula, en el proyecto presentado para la CABA) haga que efectivamente se cumpla, con menos ciencia económica que sentido común creo que se puede vaticinar lo siguiente:

(a) Efectos sobre la oferta de servicios jurídicos


Respecto del precio de los servicios, los aranceles mínimos serán un piso para la competencia. El costo agregado de los servicios jurídicos se incrementará. Los usuarios de estos servicios deberán pagar precios más altos de los que hoy pagan en un régimen de libre competencia. Ello significa que los abogados (al menos algunos) se intentarán apoderar de una porción más grande de la renta nacional y que el costo de vivir y de producir en la argentina será más caro. Las víctimas del mayor costo serán los consumidores finales de servicios jurídicos y también los consumidores de todos los demás productos y servicios que contienen el servicio legal como un insumo en algún punto de su cadena de producción y comercialización. También serán víctimas las empresas, allí donde no puedan trasladar el mayor costo legal, es decir en los mercados más competitivos, particularmente en el mercado internacional.

Qué habrá de suceder con la calidad de los servicios jurídicos. ¿Mejorará la calidad por ser ésta la única variable legal que tendrán los abogados para competir? Yo creo que no. La calidad en el servicio jurídico no es algo que el cliente pueda medir fácilmente y –mucho menos- en el corto plazo. Por eso es muy difícil competir por calidad. Como se vende seguridad, se compite más por nombre y antecedentes, los cuales presumen calidad. Y en este punto es indudable que los estudios establecidos tienen un capital acumulado imposible de empardar para sus jóvenes e independientes competidores.

El profesional, en cambio, sí puede medir su propia eficiencia, al menos en el costo final de su servicio. Mejores técnicas y tecnología, menores costos fijos y más vocación al trabajo y a la investigación permiten prestar servicios con menores costos y precios finales. Es muy decisivo en esta ecuación el costo de oportunidad, que se refleja en la mayor o menor disponibilidad de tiempo que tiene un abogado  según la acumulación de trabajo en cada momento. Es allí donde el abogado independiente tiene más posibilidad de vender servicios, llegando al extremo (muy común, por cierto) de tomar el caso entera o mayormente “a riesgo”, lo cual permite a muchísimas personas acceder a un servicio que de otra forma sería demasiado caro. Por eso, la competencia por precio es una competencia en la que gana el abogado más eficiente, o el abogado más dispuesto a trasladar las ventajas de su eficiencia al cliente.  Pero, si el abogado eficiente queda fuera de la competencia porque el precio como termómetro de su eficiencia no es una variable admisible, tienden a prevalecer los otros abogados, los ya establecidos, los que compiten sólo con su capital acumulado de nombre y experiencia. No veo, entonces, que el honorario mínimo sea un incentivo a mejorar la calidad.

De paso, los estudios establecidos obtienen algunos beneficios adicionales: la mayor dificultad de los abogados para competir por precio es un desincentivo para que los abogados en relación de dependencia de otros abogados decidan levantar vuelo y entrar en competencia con sus propios mentores. Al mismo tiempo, esta situación es un incentivo a los jóvenes para entrar y permanecer como empleados en tales estudios, con la lejana promesa de algún día llegar a socios. Mayor disponibilidad y fidelización de empleados es el marco ideal para reducir el costo salarial, es decir, para proletarizar la profesión. 

Por último, al quedar menos prestadores de servicios jurídicos, y ser estos prestadores más conocidos, es fácil prever el incentivo a la cartelización y al reparto de clientes, es decir, a incrementar aún más el costo del servicio jurídico.

(b) Efectos sobre la demanda de servicios jurídicos


Mayores precios, menor calidad, menor cantidad de prestadores… Todo ello parecería indicar que la demanda de servicios jurídicos se habrá de retraer. ¿Qué significa la retracción de la demanda? ¿Es ello posible, o se trata -como la salud- de una demanda rígida porque los servicios jurídicos son un componente necesario del servicio público de Justicia?

Por supuesto que la demanda de servicios jurídicos puede mermar. Hay vida sin servicios jurídicos.

Es una vida de peor calidad, con menor seguridad jurídica y por ello con más dificultades para la circulación y creación de riqueza. Pero la vida continúa. Así como es enorme la cantidad de propiedades que no se escrituran por el costo notarial y fiscal que conlleva, y los malos títulos dificultan las ventas y el acceso al crédito, del mismo modo, hay divorcios, sucesiones, alimentos, filiaciones, visitas, reclamos de cobro, contratos, en fin, un sinnúmero de negocios y conflictos jurídicos que no se resuelven, o se resuelven mal por las deficiencias del servicio de Justicia, que ya hoy son notorias.

Aumentar el costo y reducir la oferta de los servicios de los abogados no puede sino llevar a reducir aún más a esa ya espantada demanda.

Claro que la parte más rígida de la curva de demanda es la de las grandes empresas, que tienen más intereses que proteger y por eso pueden pagar abogados en relación de dependencia o pagar estudios por sobre los mínimos arancelarios, o bien tienen la posibilidad de trasladar esos costos a sus productos finales. Estas grandes empresas contratan, naturalmente, a los estudios establecidos. 

¿Cuál es la parte más flexible, más sensible de la demanda? La de los particulares y las Pymes, que reducirán su ya decreciente demanda de servicios, privándose de organizar sus intereses y de resolver sus conflictos personales y patrimoniales conforme a derecho, y privando de su legítima fuente de trabajo actual a los abogados independientes, jóvenes, trabajadores y emprendedores.

(c) Conclusión


Este proyecto es una etapa más del corporativismo, que sólo busca privilegios para unos pocos, y descarga el peso de ese privilegio sobre los más indefensos y los más necesitados.

Lo que me gusta de este proyecto es que no se va con eufemismos, sino que deja bien al desnudo la violencia que necesita ejercer la corporación para lograr su objetivo: me refiero a la draconiana pena de suspensión (prohibición de trabajar por un mínimo de 6 meses) a quien ose desafiar el sistema y acordar libremente con sus clientes cómo desea trabajar y cobrar por sus servicios.

CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL

Se trata en el Consejo de la Magistratura la aprobación de un Código de Ética Judicial

En nuestro programa de Abogados en Bloque (FM 97.9 Radio Cultura) el sábado 24 de mayo de 2014 el Dr. Daniel Ostropolsky -Consejero representante de los abogados del interior y Presidente de la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- nos hizo entrega de una copia del proyecto de Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que fue presentado al Presidente del Consejo de la Magistratura el pasado 8 de Abril de 2014 (presentación y fundamentos de la propuesta).

Lo que se intenta aprobar es la adopción de un estándar de conducta ético de reconocimiento internacional, que pueda servir para la evaluación del desempeño de los jueces en funciones, como también para la evaluación de concursos de aspirantes a la magistratura.

Se espera que este Código sea tratado en la próxima reunión del plenario del Consejo de la Magistratura, en la primera semana de Junio.

Las incógnitas son:

¿Apoyará el kirchnerismo la aprobación de este proyecto?

Y, sobre todo:

¿Apoyarán los tres representantes de los Jueces la aprobación de este proyecto?

CRECE BLOQUE CONSTITUCIONAL, CRECE EL DESEO DE LIBERTAD

En nombre de todos los que integramos Bloque Constitucional queremos expresarles nuestro sincero agradecimiento por el apoyo recibido en las elecciones que tuvieron lugar ayer para renovar autoridades del CPACF.

Agradecer a todos los que nos votaron, y eligieron una alternativa para defender sus derechos como abogados, pero por sobre todas las cosas como individuos libres. 22 delegados titulares y 19 suplentes trabajarán para cumplir el compromiso que asumimos con los matriculados.

Con un crecimiento del 550% respecto de la última elección no podemos hacer otra cosa más que confirmar que existe entre los colegas un verdadero interés por la libertad, un deseo de ejercer la profesión de manera libre y responsable, respetando nuestros derechos, sin ser expoliados por una institución que se ha convertido en una carga para los abogados y los justiciables.

Hoy comienza una nueva etapa en la que seguiremos, trabajando al igual que lo hicimos durante los últimos dos años, para defender los valores republicanos, para promover un mayor control y transparencia sobre los que dirigen el Colegio, para remover los obstáculos para el acceso a la justicia y para continuar con la prédica por un Colegio Libre, que respete la libertad de asociación.

Este resultado exitoso solamente nos da más energía y motivación para seguir con la tarea de representar a las decenas de miles de abogados que no quieren ser forzados a pertenecer al Colegio para ejercer su profesión.

Por todo esto, nuevamente gracias.

Colegiatura obligatoria para abogados: la expresión del corporativismo



Por Ezequiel Spector, Profesor de Derecho, Universidad Torcuato Di Tella

Ezequiel Spector: los colegios obligatorios son como mafias
Todos hemos oído de mafias que hostigan a los comerciantes callejeros, obligándolos a pagarles un porcentaje de sus ganancias a cambio de dejarlos trabajar en paz, sin acosarlos, e incluso a cambio de algo de protección. Los comerciantes no hablan de ellas, probablemente por miedo, pero ahí están, controlando a los trabajadores de a pie que sólo desean ejercer el comercio libremente.

Lo que no todos saben es que los abogados también son obligados a pagar una cuota anual y de inscripción para poder ejercer su profesión; si no lo hacen, simplemente tienen prohibido trabajar. Los colegios públicos de abogados, que son las corporaciones que se encargan de cobrar ese dinero, cada uno en una jurisdicción diferente, cosa de mantener bien establecidos los monopolios, no son mafias, porque actúan con el uso de la coerción estatal. Quizá ello lo haga más grave aún: el Estado puede castigar a las mafias que hostigan a los comerciantes, pero cuando el mismo Estado actúa así con los abogados, el problema se vuelve más serio.

Algunos sostienen que la colegiatura obligatoria es necesaria porque es crucial para que los abogados que desempeñan incorrectamente sus funciones sean sancionados. Al establecer la ley ciertos deberes para los abogados, el Colegio Público puede sancionarlos en caso de incumplimiento. No obstante, este argumento resulta implausible. Cualquier abogado que viole alguna normativa vigente del ejercicio de la profesión debería ser sancionado, y quizá impedido de volver a ejercer la profesión si la falta fue especialmente grave. Pero, ¿por qué para ello es necesario obligar al abogado a pertenecer a un colegio público y destinar parte del fruto de su trabajo a mantenerlo? El mal ejercicio de las diferentes profesiones debería ser juzgado y sancionado por el Estado, así como debe juzgar y sancionar todos los daños que pueden hacerse los privados, ya sea una lesión, un homicidio, o una mala praxis médica o legal. Es innecesario obligar al abogado a pertenecer a un colegio público para ello, y menos a mantenerlo económicamente, así como es innecesario obligar al panadero a pertenecer a un colegio público de panaderos para sancionarlo si vende productos en mal estado. No faltará dinero para juzgar y sancionar la mala praxis profesional, porque lo que destinan en promedio los contribuyentes, incluidos los abogados, al Estado es aproximadamente un 50% de su salario, promediando impuestos nacionales, provinciales y municipales, y excluyendo el impuesto inflacionario.

Quizá estoy siendo injusto con los colegios públicos. Tal vez, después de todo, lo que los abogados pagan les es devuelto con beneficios para su profesión. No obstante, en tal caso, no habría problema con que la colegiatura sea voluntaria: los letrados mismos, en vista de esos beneficios, decidirían asociarse. Obligarlos sugiere que los abogados tienen más para perder que para ganar.

El artículo 20 de la ley 23.187 dice que es función del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal “defender a los miembros para asegurarles el libre ejercicio de la profesión”. Obligarlos a asociarse no es la forma de cumplir con esto. En efecto, la libertad de asociación, consagrada constitucionalmente, supone la libertad de no asociarse. Puede que algún día, finalmente en una sociedad libre y abierta, recordemos a carcajadas cuando muchos profesionales, para poder ejercer su profesión, eran obligados a asociarse a un colegio público y a mantenerlo económicamente, con cuotas cada vez más caras. Pero es necesario poner el tema sobre la mesa para alcanzar ese ideal.