CONJUECES: SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL


La agrupación de abogados independientes BLOQUE CONSTITUCIONAL, con relación al falloUriarte”, por el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Subrogancias (Ley 27.145), declara que:

·   Adhiere y comparte la declaración de inconstitucionalidad y la reserva del ejercicio de la Magistratura exclusivamennte a funcionarios elegidos constitucionalmente y con inamovilidad en sus cargos.
·   Desde el mes de febrero de 2015 la Corte tiene a resolver esta cuestión en nuestra causa “Mihura Estrada” (Expte CAF 29895/2014), y dejó correr inexplicablemente casi un año, en el que el problema se agravó considerablemente (por ejemplo: causa “Amia”). Reclamamos que la Corte reconozca nuestra legitimación, como ciudadanos y abogados, para reclamar la plena vigencia constitucional en la conformación del Poder Judicial.
·   Es competencia de cada Juez y de cada Tribunal resolver sobre la nulidad de los actos dictados por cada “conjuez” en las respectivas causas, por lo que el punto 5.- del fallo “Uriarte” es inaplicable a otras causas.
·   El mantenimiento de los “conjueces” por tres meses en el ejercicio de sus inconstitucionales cargos implica convalidar situaciones “de facto”, y ampara las últimas maniobras judiciales del gobierno saliente, lo cual es inadmisible en nuestro régimen republicano.

Destacamos la responsabilidad del Consejo de la Magistratura y de las instancias políticas ulteriores -Poder Ejecutivo Nacional y Senado de la Nación- para cubrir los cientos de juzgados que este gobierno deja vacantes, y hacerlo por medio de los mecanismos constitucionales obligatorios, sin atajos ni soluciones provisorias.  El próximo cambio de gobierno presenta un desafío y una oportunidad de cambio hacia el profesionalismo e imparcialidad en los procesos de selección de jueces, y el consenso en la resolución de los concursos y en la aprobación de los candidatos.

Desde BLOQUE CONSTITUCIONAL continuaremos demandando la responsabilidad de nuestros funcionarios y legisladores, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto irrestricto de la Constitución Nacional

Julio César García Elorrio
Secretario

Pedro Pablo Pusineri
Vicepresidente

Ricardo Mihura Estrada
Presidente

LEY DE HONORARIOS PROFESIONALES - MEDIA SANCIÓN


¡¡PELIGRO INMINENTE DE PÉRDIDA DE LIBERTAD!!

El Senado dio media sanción al Proyecto de Ley deHonorarios Profesionales para Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal (Proyecto S-2993/15). Este proyecto aclara y mejora algunos problemas de la actual Ley 21.839, pero avanza sobre la libertad de contratación en forma inaceptable.
 
La falta de libertad de contratación perjudica el ejercicio profesional de los abogados independientes y obstruye el acceso a la Justicia a los más necesitados.
 
Estas disposiciones son tan artificiales que resultarán en la práctica imposible de cumplir y de hacer cumplir, en un mercado que es totalmente atomizado y muy populoso como es el de los matriculados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (casi llega a los cien mil abogados). La amenaza de sanción ética a quienes se apartaren de las normas propuestas configura una amenaza gravísima para todos los abogados, que pasan así a quedar expuestos a todo tipo de denuncias e investigaciones persecutorias por parte de los colegios profesionales.

 
1. MÍNIMOS OBLIGATORIOS

 El artículo 5° del proyecto prohibe la renuncia o pacto de honorarios por debajo de los aranceles fijados en el mismo. A tal efecto declara nulos los acuerdos y considera incurso en falta ética al abogado que renunciare o acordare con sus clientes honorarios inferiores a los legales.

Los mínimos arancelarios que se declaran “de orden público” son porcentuales (del 12% al 22%, según el importe del asunto judicial) y también de importes nominales, fijados en “Unidades de Medida Arancelaria” (UMA), que actualmente sería de aproximadamente $ 1.000 por UMA. Por ejemplo:

-         Divorcio: 10 UMA (cada parte) = $ 20.000

-         Efectos del divorcio (p.ej, separación de bienes): 25 UMA (cada parte) = $ 50.000

-         Adopción: 20 UMA = $ 20.000

-         Excarcelación: 10 UMA = $ 10.000

-         Habeas corpus: 25 UMA = $ 25.000

-         Carta documento: 1 UMA = $ 1.000

Esta restricción a la libertad de trabajo, a la privacidad de los actos que en modo alguno ofenden al orden y a la moral públicos y a la libre competencia es insostenible de cara a las garantías de la Constitución Nacional en sus artículos 14, 19 y 43. Pero, además de ello, produce gravísimos perjuicios a nuestra profesión y a la sociedad en general.

Entres tales perjuicios destacamos los siguientes:

 ·   Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1255, acaba de sancionarse definiendo que “Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios.” El mero hecho de haberse incluido esta norma en el novísimo Código que regula todas las relaciones de derecho privado, es una definición explícita de que la legislación procesal y/o administrativa –como lo son las leyes de aranceles profesionales- no pueden avanzar por sobre la libertad de contratación, pues esta libertad es una cuestión jurídica de fondo y derivada directamente de garantías constitucionales de orden superior. La mera definición de que esta ley sería “de orden público” no alcanza para sanear esta contradicción, sino que la muestra con toda crudeza. Pues no puede ser que simultáneamente sea “de orden público” la libertad de contratación (según el Código Civil y Comercial) y la prohibición de esa misma libertad de contratación (según el proyecto del Senado).
 
·   Asimetrías e ineficiencias territoriales. Más allá de que no tendría ningún sentido ni razonabilidad legislativa que el Código Civil y Comercial prohíba la indisponibilidad de los mínimos arancelarios en todas las jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que los fueros nacionales y federales rigiese exactamente lo contrario, esta situación crearía un doble estándar de trabajos profesionales: los remunerados en condiciones de libertad y los remunerados según mínimos obligatorios. Se establece así un incentivo para la migración de la litigiosidad hacia jurisdicciones provinciales, lo cual perjudicaría nuestras posibilidades de trabajo y la eficiencia en la asignación macroeconómica de esfuerzos profesionales. La consecuencia sería que las empresas que puedan hacerlo pactarán jurisdicción u optarán por demandar en la Provincia de Buenos Aires y no ante la Justicia Nacional con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
·   Abogados perjudicados. En el ámbito profesional quienes mayormente sufren estas restricciones contractuales son los abogados independientes y los abogados jóvenes. Se trata de los colegas que no tienen un gran estudio o empresa detrás, pero que pueden ofrecer sus propios servicios con costos más eficientes y competir de esa forma con los estudios establecidos. El efecto económico de esta norma, entonces, es condenar a estos profesionales a ser empleados toda su vida, dificultándose su desarrollo en forma independiente.
 
 ·   Quiénes pagan el mayor costo. Dado que este aspecto del proyecto está ordenado a encarecer el precio de los servicios legales, es importante identificar quiénes serán los que habrán de soportar este encarecimiento. Quienes, en forma individual o colectiva, mayor demanda hacen de nuestros servicios profesionales son:

 §         En primer lugar el Estado Nacional. La mayor parte de los servicios legales que consume el Estado lo hace con su personal en relación de dependencia, lo cual le podría hacer creer que está inmune a este mayor costo. Pero no es así, ya que el Estado Nacional también contrata servicios jurídicos como locación de servicios, sea para complementar a los profesionales de planta, como también para encarar cuestiones de alta especialización y enorme volumen, como podrían ser la emisión de deuda pública o la asistencia en otros contratos administrativos relevantes. Si los abogados a contratar por el Estado Nacional a tales efectos están obligados a cobrar en términos porcentuales de los contratos en que intervienen un mínimo del 1% ó del 0,3% “del valor del contrato”, se establecen costos fijos que terminan repercutiendo en el erario público en forma sustantiva.

§         En segundo lugar, el mayor demandante de servicios legales –como colectivo- es la enorme población de familias e individuos que requieren asistencia legal para sus divorcios, separación de bienes y sucesiones. Si bien individidualmente, el incremento derivado de la innegociabilidad de los hoonorarios podría parecer pequeño, en su conjunto significa trasladar un costo significativo a toda la población, con el agravante de que los sectores de menor poder adquisitivo, al no poder asumir este costo, habrán de quedar directamente excluidos del orden jurídico, con detrimento de sus derechos de propiedad, títulos inmobiliarios, alimentos, filiaciones, etc.

 §         Por último, las empresas que contratan y litigan en forma masiva, como las compañías de seguros, bancos y cadenas de comercios minoristas también habrán de incrementar grandemente sus costos legales. Este tipo de empresas suelen tener también la posibilidad de trasladar estos costos a los precios de sus productos, por lo cual también este mayor  costo legal terminará repercutiendo en la población, en general.

 
2. PROHIBICIÓN DE “CUOTA LITIS” (previsional y alimentos)

El artículo 6° inciso c) del proyecto prohíbe los pactos de “cuota litis” en los asuntos “previsionales, de alimentos y con intervención de menores de edad que actuaren con representante legal”. Esto fue incorporado en el DEBATE, sin ninguna explicación razonable.

La aparente justificación de esta prohibición es la protección de quienes –se presume- estarían en peores condiciones de negociación con el abogado, debido al carácter alimentario de sus créditos. Pero lo cierto es que al limitar de esta forma el honorario profesional quedan sin abogado los casos en los que por su complejidad, menor cuantía o imposibilidad de cubrir los gastos mediante el pago de anticipos, la mera expectativa de una regulación judicial futura resulta insuficiente para satisfacer el interés del profesional. Se trata de los casos de mayor necesidad y se los condena así a la indefensión.

Por supuesto que, además de entorpecer el acceso a la Justicia de los más necesitados, esta disposición prohíbe el ejercicio profesional de los miles de abogados que ejercen legítimamente su profesión, en mutuo provecho, de sus clientes y suyo propio. Además perjudica la relación de confianza entre el abogado y su cliente, haciendo creer que quien propone un pacto de “cuota litis” es un abusador de la necesidad de su cliente, cuando en realidad es el último refugio de la confianza de ciudadanos que son víctimas de arbitrariedades e incumplimientos de terceros.

Los únicos beneficiarios de esta prohibición son la ANSES y los deudores alimentarios morosos, que verán reducida la capacidad de reclamo de las víctimas de sus arbitrariedades y contumaces incumplimientos.

 
3. FALTA DE LIBERTAD INSTRUMENTAL

 Además de las cuestiones de fondo señaladas, el artículo 4 del proyecto también cercena la libertad de las partes para instrumentar los acuerdos de honorarios. Se obliga a que el contrato de honorarios se haga “por escrito” y se establece que no puede ser probado de otra forma que mediante “la exhibición del propio documento o el reconocimiento de la parte obligada al pago”.

Esta limitación contraría inexplicable e injustificadamente la libertad de formas y pruebas que el Código Civil y Comercial de la Nación admite y protege en general (arts. 1015 y 1019).

Dada la relación de confianza –y a veces de urgencia- en la que se suele contratar los servicios del abogado, es usual que los honorarios se cierren por correo electrónico, notas o meras facturas. Prohibir estas formas de instrumentación puede resultar en una grave inequidad, perjudicial para el abogado, y eventualmente también para el cliente.

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015

 

¡¡DE NUEVO CON LOS HONORARIOS OBLIGATORIOS!!

A continuación, el texto de las notas que hemos presentado en las Comisiones de Justicia y de Legislación General del Senado de la Nación, que analizan el Proyecto de Ley del CPACF sobre HONORARIOS PROFESIONALES

Buenos Aires, 5 de octubre de 2015


Sr.
Presidente de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales del
Senado de la Nación
D. Pedro Guillermo Guastavino
S.                    /                 D.
____________________________________


                                                        Ref: Proyecto S-2993/15
                                                        Ley de Honorarios de Abogados


De nuestra consideración:

                                 Nos dirigimos a Ud. en representación de la agrupación de abogados independientes Bloque Constitucional (Lista 61, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), con relación al Proyecto de Ley S-2993/15, de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal, a fin de expresar nuestro decidido apoyo a la iniciativa en general, pero también nuestra muy grave preocupación con relación al cercenamiento de la libertad de contratación que contienen algunas de sus previsiones, y a los efectos perjudiciales que ello acarrearía.

                                 El artículo 5° del proyecto prohibe la renuncia o pacto de honorarios por debajo de los aranceles fijados en el mismo. A tal efecto declara nulos los acuerdos y considera incurso en falta ética al abogado que renunciare o acordare con sus clientes honorarios inferiores a los legales.

                                 Esta restricción a la libertad de trabajo, a la privacidad de los actos que en modo alguno ofenden al orden y a la moral públicos y a la libre competencia es insostenible de cara a las garantías de la Constitución Nacional en sus artículos 14, 19 y 43. Pero, además de ello, produce gravísimos perjuicios a nuestra profesión y a la sociedad en general.

                                 Entres tales perjuicios destacamos los siguientes:

·   Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1255, acaba de sancionarse definiendo que “Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios.” El mero hecho de haberse incluido esta norma en el novísimo Código que regula todas las relaciones de derecho privado, es una definición explícita de que la legislación procesal y/o administrativa –como lo son las leyes de aranceles profesionales- no pueden avanzar por sobre la libertad de contratación, pues esta libertad es una cuestión jurídica de fondo y derivada directamente de garantías constitucionales de orden superior. La mera definición de que esta ley sería “de orden público” no alcanza para sanear esta contradicción, sino que la muestra con toda crudeza. Pues no puede ser que en una misma jurisdicción territorial, sea “de orden público” la libertad de contratación (según el Código Civil y Comercial) y la prohibición de esa misma libertad de contratación (según el proyecto analizado).

·   Asimetrías e ineficiencias territoriales. Más allá de que no tendría ningún sentido ni razonabilidad legislativa que el Código Civil y Comercial prohíba la indisponibilidad de los mínimos arancelarios en todas las jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que los fueros nacionales y federales rigiese exactamente lo contrario, esta situación crearía un doble estándar de trabajos profesionales: los remunerados en condiciones de libertad y los remunerados según mínimos obligatorios. Posiblemente el efecto a mediano plazo será una migración de la litigiosidad hacia jurisdicciones provinciales, lo cual perjuicaría nuestras posibilidades de trabajo y la eficiencia en la asignación macroeconómica de esfuerzos profesionales. A tal efecto las empresas que puedan hacerlo pactarán jurisdicción u optarán por demandar en la Provincia de Buenos Aires y no ante la Justicia Nacional con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

·   Abogados perjudicados. En el ámbito profesional quienes mayormente sufren estas restricciones contractuales son los abogados independientes y los abogados jóvenes. Se trata de los colegas que no tienen un gran estudio o empresa detrás, pero que pueden ofrecer sus propios servicios con costos más eficientes y competir de esa forma con los estudios establecidos. El efecto económico de esta norma, entonces, es condenar a estos profesionales a ser empleados toda su vida, dificultándose su desarrollo en forma independiente.

·   Quiénes pagan el mayor costo. Dado que este aspecto del proyecto está ordenado a encarecer el precio de los servicios legales, es importante identificar quiénes serán los que habrán de soportar este encarecimiento. En este sentido, quienes, en forma individual o colectiva, mayor demanda hacen de nuestros servicios profesionales son:

§         En primer lugar el Estado Nacional. La mayor parte de los servicios legales que consume el Estado lo hace con su personal en relación de dependencia, lo cual le podría hacer creer que está inmune a este mayor costo. Pero no es así, ya que el Estado Nacional también contrata servicios jurídicos como locación de servicios, sea para complementar a los profesionales de planta, como también para encarar cuestiones de alta especialización y enorme volumen, como podrían ser la emisión de deuda pública o la asisteencia en otros contratos administrativos relevantes. Si los abogados a contratar por el Estado Nacional a tales efectos están obligados a cobrar en términos porcentuales de los contratos en que intervienen un mínimo del 1% ó del 0,3% “del valor del contrato”, se establecen costos fijos que terminan repercutiendo en el erario público en forma sustantiva.

§         En segundo lugar, el mayor demandante de servicios legales –como colectivo- es la enorme población de familias e individuos que requieren asistencia legal para sus divorcios, separación de bienes y sucesiones. Si bien individidualmente, el incremento derivado de la innegociabilidad de los hoonorarios podría parecer pequeño, en su conjunto significa trasladar un costo significativo a toda la población, con el agravante de que los sectores de menor poder adquisitivo, al no poder asumir este costo, habrán de quedar directamente excluidos del orden jurídico, con detrimento de sus derechos de propiedad, títulos inmobiliarios, alimentos, filiaciones, etc.

§         Por último, las empresas que contratan y litigan en forma masiva, como las compañías de seguros, bancos y cadenas de comercios minoristas también habrán de incrementar grandemente sus costos legales. Lamentablemente este tipo de empresas suelen tener también la posibilidad de trasladar estos costos a los precios de sus productos, por lo cual también este mayor  costo legal terminará repercutiendo en la población, en general.

·   Arbitraje y métodos alternativos. La prohibición de contratar libremente honorarios, tiene un especial y negativo impacto con relación a los métodos alternativos de resolución de conflictos, como son los arbitrajes, conciliaciones y mediaciones. El proyecto fija un arancel mínimo para los árbitros y mediadores, del 10% sobre el monto del litigio (artículo 33 inciso “d”), lo cual puede resultar absolutamente impeditivo de la solución alternativa. En todo caso este arancel funciona como un grave desincentivo, ya que el costo de acceder a la justicia (tasa de justicia) es mucho menor, del 3% (Ley 23.898). Estando establecida la mediación obligatoria –que a su vez ya cuenta con su  propia regulación arancelaria mediante Ley 26.589 y Decreto 1467/2011, de incierto destino en su convivencia con este proyecto- y siendo un objetivo con amplio consenso el de descomprimir la demanda de servicios judiciales, parecería que esta norma no ha sido objeto de suficiente ni apropiado análisis.

·   Por último, la prohibición de contratar libremente es tan artificial que resulta en la práctica imposible de cumplir y de hacer cumplir, en un mercado que es totalmente atomizado y muy populoso como es el de los matriculados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (casi llega a los cien mil abogados). La amenaza de sanción ética a quienes se apartaren de dicha prohibición configura una amenaza gravísima para toda esta población, que pasa así a quedar expuesta a todo tipo de denuncias e investigaciones persecutorias por parte de los colegios profesionales.

                                 Aprovechamos la oportunidad para señalar otras disposiciones que también afectan a la libertad de trabajo, con grave y potencial perjuicio a los profesionales independientes, y que requieren de una meditada revisión en el proyecto:

·   Cuota litis previsional. Limitar el pacto de cuota litis, en materia previsional, de alimentos y menores, a un máximo del 20% (artículo 6° inciso “c”). Si bien esta disposición parecería encontrar cierto sustento en la protección de quienes –se presume- estarían en peores condiciones de negociación con el abogado, debido al carácter alimentario de sus créditos, lo cierto es que al limitar de esta forma el honorario profesional se deja sin asistencia letrada, y en definitiva sin derecho a reclamar, a los casos en los que por su complejidad, menor cuantía o imposibilidad de cubrir los gastos mediante el pago de anticipos, una expectativa de sólo un 20% resulta insuficiente para satisfacer el interés del profesional. Se trata de los casos de mayor necesidad de asistencia letrada y se los condena así a la indefensión.

·   Instrumentación del contrato de honorarios. Obligar a instrumentar por escrito los contratos de honorarios, prohibiendo otras formas de prueba (artículo 4) contraría la libertad de formas y pruebas que el Código Civil y Comercial de la Nación admite y protege en general (arts. 1015 y 1019). Dada la relación de confianza en la que se suele contratar los servicios del abogado, es usual que los honorarios se cierren por correo electrónico, notas o meras facturas. Prohibir estas formas de instrumentación puede resultar en una grave inequidad, perjudicial para el abogado, y eventualmente también para el cliente.

                                 Muchas de estas cuestiones referidas a restricciones artificiales e injustificadas en la libertad de contratación recientemente debatidas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a la sanción de la Ley 5134, ya que en ese caso también el proyecto original contemplaba la indisponibilidad de los mínimos arancelarios y sanciones por acordar por debajo de los mismos, lo cual fue abandonado en el proyecto en definitiva sancionado.

                                 Reiteramos nuestra favorable predisposición a que se trate y se sancione una nueva ley de aranceles profesionales de abogados que atienda a las múltiples problemáticas y situaciones que son abordadas por el Proyecto de la referencia, pero las cuestiones que hemos señalado son de una gravedad tal que exigen su debida atención y revisión, para no generar peores perjuicios sobre la profesión y sobre la sociedad, en general.


                                 Saludamos a Ud. muy atentamente

DOS LUCHAS MUY IMPORTANTES


PRIMERA: PRESERVAR LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS, LA TRANSPARENCIA Y LA INDEPENDENCIA DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA EN EL CPACF
El oficialismo en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Dr. Jorge Rizzo - Gente de Derecho) impulsa una reforma del Reglamento Interno destinada solamente a eliminar el ejercicio republicano que venimos haciendo como oposición. VER PROYECTO REFORMA
Hemos osado pedir información financiera para fiscalizar el uso del dinero, y los hemos obligado a votar en forma nominal el constante aumento de la Matrícula y del Bono.
La reacción ha sido contundente: reformar del Reglamento Interno, para 
1) ECHARNOS DE TODAS LAS COMISIONES, 
2) PROHIBIR EL VOTO NOMINAL PEDIDO POR UNA MINORÍA, 
3) IMPEDIR LA FORMACIÓN DE SUBBLOQUES, y 
4) SOMETER LA SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y LAS COMISIONES A LA CONDUCCIÓN VERTICALISTA DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Pero hoy tenemos la satisfacción, la alegría y esperanza de haber logrado unificar una posición férrea de todas las agrupaciones de la oposición, para PONER UN FRENO A ESTE ABUSO.
Somos los "tábanos de la institución", y la única reacción es intentar eliminarnos con un manotazo. ¡Ellos tienen la fuerza para hacerlo, pero no tienen el Derecho!
Les compartimos el dictamen que presentamos -junto con la Lista 60- objetando la reforma propuesta al Reglamento Interno. DICTAMEN

SEGUNDA: ABRIR LOS OJOS AL DESMANEJO FINANCIERO Y A LAS PUERTAS DE LA CORRUPCIÓN EN EL CPACF
Remitimos íntegramente a nuestro dictamen presentado en la Comisión de Presupuesto Finanzas y Cuentas, para objetar el último Balance y el Presupuesto del CPACF ($186 millones de caja anual pagada por todos los abogados y justiciables) y exigir la inmediata entrega de información relevante respecto del dispendio de esos recursos, que Gente de Derecho utiliza a su entera discreción.

Un colegio público que elimina la participación de los matriculados en sus decisiones

Por María Laura Blanco Peña (*)

Se está llevando a cabo en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal la reforma al Reglamento Interno que rige el funcionamiento de la institución, junto a la Ley 23187, y de aprobarse, se limitará la representación de los matriculados en el ámbito de la Asamblea restringiendo la actuación de los delegados que no pertenezcan a agrupaciones numerosas u oficialista.-


Días atrás, publiqué la propuesta reformadora traída por Gente de Derecho a la Comisión de Interpretación y Reglamento, la cual integro como delegada de asamblea por una agrupación que representa a 4400 abogados de la matricula (https://www.facebook.com/abogadoscaba/photos/pcb.1506815176229697/1506814132896468/?type=1&theater), a los fines de su divulgación, y toma de conocimiento entre abogados que quedarán afectados -de aprobarse- desde el día 4 de junio próximo.

¿Qué implican éstos cambios? ¿Qué trascendencia aparejarán desde entonces? ¿Qué podría un matriculado hacer al respecto?
El Reglamento Interno propuesto reformará los artículos 1; 2; 12; 20; 36; 37; 42; 46; 61; 83; 95; 96; 97 y 105 respectivamente.
Y como un abogado, no protesta por despotricar ante las injusticias, sino que da razones y fundamentaciones previamente, es necesario analizar las proyecciones que tendrían cada uno, de modificarse.

1) En primer lugar, se incorporan como normas que regirán la actividad de los abogados que ejercen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que dicte la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el sólo hecho de la matriculación del abogado, según proyecto de nuevos artículos 1 y 2.-.

2) Se cambia la “votación nominal en las asambleas”, en los proyectados artículos 20 y 61 y se incorpora como una “atribución” del presidente de la asamblea –hoy oficialista- la determinación de su aplicación para la toma de decisiones; como correlato, se restringe esa posibilidad actual de petición por “15 delegados presentes” en la sesión de asamblea, elevando el requisito a “mayoría absoluta de delegados presentes”.
La incorporación de este nuevo requisito cuantitativo del voto nominal, restará transparencia, responsabilidad individual, y publicidad de actos y sesiones asamblearias que exigen la conformación con la voluntad de la asamblea. Es una realidad, que el oficialismo no necesita jamás utilizar del voto nominal y sí es solicitado por agrupaciones que se comportan como fiscalizadoras de la conducción directiva, y es público y notorio que, cuando se tratan asuntos de importante trascendencia se hace uso del mismo sólo si hay unanimidad y consenso entre los opositores -que minimamente pueden comunicarse en ese breve tiempo- porque cada bloque no reúne solo el recaudo regularmente.
La exigencia de “mayoría absoluta” eliminará esa posibilidad, de obtener la individualización personal del delegado que forma la decisión colectiva que afectará a los abogados de la jurisdicción, y obligará a la persona jurídica de derecho público, y que apela a la responsabilidad individual en “hipotéticos casos en que se infrinjan normas vigentes”, ó, impliquen discrecionalidad del consejo directivo para no dar cuenta ni justificaciones ni información de sus actos cuando se busque sanear irregularidades reglamentarias en la asamblea misma, como se viene observando en las últimas celebradas, en las que fue rechazado el pedido pese a cumplimentar con los 15 delegados presentes, en decisiones relacionadas a aumentos de la matricula anual y la compra del inmueble de calle Paraná bajo la figura del gestor de negocios.

3) Sobre el órgano de la asamblea de delegados los artículos 36, 37, 42, 46, y 61 aparejan cambios importantes en el funcionamiento interno del colegio público.
Actualmente, para constituir un nuevo bloque, se requiere la voluntad de 3 delegados y su manifestación a la presidencia mediante una nota firmada por sus integrantes. A partir de la eventual reforma, se exigirá que esa nota sea suscripta por el “apoderado de la lista” a la que representa. Se empoderará la figura del "apoderado de la lista". De allí, la relevancia de consultar quiénes son -y serán- estos colegas, que ahora en mas, pueden respetar o tergiversar, lo que eligió un abogado con posterioridad a una elección al impedir cualquier escisión cuando algunos decidan omitir el respeto de lo prometido en campaña, o por diferencias internas en cualquier agrupación que conforma una lista, sólo sea posible su continuidad con un nuevo bloque.-

4) La representación de los bloques en las comisiones de la asamblea debe guardar proporción y correspondencia con la existente en la asamblea, actualmente.
Con la reforma, se transgrede el espíritu de las normas vigentes -y de rango superior-, de lograr la mayor participación interna y posible de los abogados representados en los delegados, al imponer el número de 11 miembros, quedando excluidas aquellas listas ganadoras que aritméticamente NO logren acceder quedando una composición netamente oficialista, sin voces que puedan efectuar observaciones diferentes a las que implementará la conducción directiva ¿y temporaria? del colegio público.
En síntesis, se excluye de las comisiones de la Asamblea a las listas elegidas por los matriculados que tengan menos del 9% de votos del padrón. Menor representación del matriculado y sus delegados.

5) Se elimina la facultad de requerir informes y exhibición de documentación a la Tesorería del colegio, desde la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Cuentas que hoy tienen los delegados que representan los matriculados, poniendo un nuevo recaudo en el proyectado artículo 46 que “dicho pedido sea aprobado por los integrantes de la comisión” (¿unanimidad?) que claramente con estos cambios quedará integrada por delegados de grandes bloques ó, del bloque con mayoría propia. No hace falta aclarar que, esta reforma eliminará la escasa facultad de control real que hoy tiene un delegado electo sobre el uso de las finanzas y recursos patrimoniales del colegio público; así como la de ser informados sobre la afectación de los mismos, recaudación y erogaciones documentadas.

6) En el órgano del Tribunal de Disciplina, se elimina el requisito “previo concurso y a propuesta del Tribunal” para que la designación del Secretario General del Tribunal de Disciplina por parte del Consejo Directivo, y la remoción que actualmente se efectúa por decisión de 2/3 de los miembros del Tribunal, pasará a ser una facultad del Consejo Directivo.
El cambio propuesto equivale a una merma de la imparcialidad necesaria y fundamental que requiere la función disciplinaria, quebrando la independencia funcional que debe imperar para un correcto desenvolvimiento y administración de la justicia que merece el abogado matriculado a un colegio público –y cualquier ciudadano que recurra a él-, y facilitará la impunidad de infractores que puedan ser allegados, amigos, socios de los integrantes de la agrupación que tenga la conducción temporaria del colegio. No se puede desconocer que estos hechos –públicos y notorios- suceden en organizaciones públicas, y que lejos de consolidar la aplicación de justicia y equidad en un juzgamiento concreto, alejan la ecuanimidad del juzgador.-

7) También los “Institutos” regulados en los artículos 95 y 96 respectivamente serían modificados. Se elimina la asistencia y consulta por la Comisión de Institutos del ámbito de la Asamblea, en la formación de nuevos institutos del colegio, quedando como una función exclusiva del Consejo Directivo dicha creación, designación de autoridades y delimitación de competencias.
Con este cambio se evidencia que la interacción e interconsulta previa entre los órganos del colegio va desapareciendo, así como se va quitando la participación de la voluntad de los matriculados electores en la toma de decisiones cuando se excluyen a los delegados que votaron y los representan, y que lejos de ser un “obstáculo burocrático” como pretende señalarse, solo favorecen la concentración de poder en el consejo directivo y fomentan la falta de autocontrol a través de sus órganos de la persona pública.

8) Finalmente, se reformaría el modo de elegir un coordinador y secretario de cada Comisión de la asamblea, por simple mayoría de votos presentes actualmente, pasando a ser una decisión del Consejo Directivo y añadiendo la figura de un prosecretario que no existía hasta el momento.
Con estas modificaciones, que derogan los artículos 43 inc. d) y 47 del reglamento Interno vigente, el Consejo Directivo adoptará como propias, facultades exclusivas del órgano de la asamblea del colegio y una función que es competencia de los representantes de los matriculados quebrando el equilibrio que los legisladores tuvieron en cuenta con la sanción de la ley 23.187… ¿para qué?, …¿por qué?, …. Sobra respuesta, y mientras los matriculados permanezcan inertes ante estos avances institucionales, será un deterioro en su perjuicio irreversible porque poco podrá hacer valer y hacerse escuchar de futuro. El próximo 4 de junio es la fecha.-

(*) Abogada, delegada miembro de la Comisión de Interpretación y Reglamento de la Asamblea del CPACF, periodos 2012-2014/2014-2016.-