BALANCE 2015 Y PRESUPUESTO 2016 - DICTAMEN EN MINORÍA

El 30 de mayo de 2016 firmamos dictamen en minoría, con observaciones al BALANCE y al PROYECTO DE PRESUPUESTO y AUMENTO DE MATRÍCULA Y BONO del CPACF.

También propusimos un presupuesto alternativo -tal como prometimos durante la campaña- para funcionar en este ejercicio con MATRÍCULA CONGELADA ($1.700) y BONO DE $ 0.-

Como conclusiones aconsejamos:

1) Resolver la recusación con causa del Dr. Julio Argentino Decoud como Presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Cuentas, y apartar al mismo de dicha Comisión.

2) No aprobar los Estados Contables del Ejercicio N° 29, que incluyen el Estado de situación Patrimonial al 30/04/2015, el Estado de Recursos y Gastos al 30/04/2015, el Estado de Flujo de Efectivo al 30/04/2015 y el Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 30/04/2015.

3) No aprobar el proyecto de presupuesto  para el ejercicio 2016/2017.

4) Aprobar el  presupuesto alternativo adjunto a este dictamen, con matrícula anual congelada en $1.700, bono de derecho fijo de $0 y sin contemplar ingresos por certificaciones de firmas. Totaliza este presupuesto:
a) Ingresos: $140.203.030
b) Gastos: $137.784.130
c) Superavit: $  2.418.900

5) Fijar un plazo perentorio de 60 días corridos al Consejo Directivo para: (a) producir nuevos Estados Contables y proyecto de Presupuesto enmendando las deficiencias y observaciones formuladas, (b) poner a disposición de la Comisión de Presupuesto Finanzas y Cuentas la totalidad de la información contable y documentación de respaldo oportunamente requerida y (c) convocar a nueva Asamblea Ordinaria para el tratamiento completo de los Estados Contables y Presupuesto, y dictámenes respectivos.

El próximo 7 de Julio de 2016 está ya convocada la Asamblea en la cual deberemos defender esta posición

¿DE QUÉ DEBERÍA OCUPARSE EL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS?

Por Marcelo Gobbi





Con independencia de lo que cada quien piense sobre si es bueno o malo obligar
a los profesionales a colegiarse, la valoración del rol del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal (“CPA”) y lo que se pide de él se ven a mi juicio influidos por la
tensión propia de un modelo que pone en cabeza de una misma institución la función de
gobernar la matrícula, algo propio de un regulador y que debe orientarse hacia el bien
común general, y la representación gremial de los abogados, algo propio de un sindicato
y que, por definición, se orienta hacia la protección de intereses sectoriales.
Esa tensión se manifiesta en muchas situaciones. Veamos algunas de ellas a
modo de ejemplo.

1. ¿Entidad pública o club pagado (a la fuerza) por terceros?

La competencia del CPA está dada por la ley, que no le manda controlar la
formación profesional de los egresados de la carrera de Derecho, pues en nuestro país la
titulación universitaria en Derecho habilita a matricularse de manera automática, para
todo y para siempre, para ejercer la abogacía con solo cumplir un trámite burocrático,
de modo que el CPA no controla la admisión a la matrícula, salvo que por control
entendamos completar un formulario, hacer un par de fotos y organizar un juramento o
lo que haga sus veces.
Dado lo poco defendible de este régimen a la luz de lo que ocurre en el mundo,
tal vez el CPA podría establecer certificaciones o acreditaciones voluntarias que sólo
tengan el valor (o el descrédito) que les atribuyan la mayor o menor seriedad con que se
hagan. (1)

Pero por ahora la pregunta no es qué más debería hacer el CPA sino si debe
hacer todo lo que hoy hace.

El punto de partida es, a mi juicio, considerar que el CPA no se financia con
cuotas o aportes voluntarios sino con la recaudación por matrícula (una tasa cuyo pago
es necesario para ejercer la profesión) y con un bono que paga cada persona que
contrata un abogado cuando decide iniciar un juicio o debe contestar una demanda. Es
decir, se trata de recursos de naturaleza tributaria o, si se quiere, parafiscales. En
cualquier caso la jurisprudencia nacional a internacional requiere que el sector gravado
se beneficie con el destino de esa recaudación.

¿Es correcto que los fondos que percibe el CPA –ninguno de ellos pagado
voluntariamente- se destinen a servicios que sólo aprovechan a sus matriculados y no
impactan de manera directa en el desempeño de las competencias que la institución
tiene por ley, ni de manera indirecta en el mejor funcionamiento del sistema de justicia?
Opino que no.¿Por qué? Por lo mismo que la contribución especial que grava la yerba
mate se destina al Instituto de la Yerba Mate, que se dedica a la investigación para
mejorar la calidad y cantidad de la producción de yerba mate, no a comprar un terreno
para que los productores yerbateros jueguen al tenis.

Sí parece admisible que el CPA invierta sus fondos en servicios que redunden de
manera directa en el control disciplinario o en la administración de la matrícula. Podría
admitirse, también, que esos recursos se destinen a cooperar para un mejor servicio de
justicia, del cual el abogado es auxiliar, pues eso también redundará en el beneficio de
los sujetos gravados, que son los clientes. En otras palabras, que se trate de servicios
que, al hacer más eficiente el servicio del abogado como auxiliar de la justicia, le
mejoren también la vida a sus clientes, porque el bienestar de éstos es la razón de ser de
un organismo de derecho público (de lo contrario, se trataría de una asociación civil
más). Así, por ejemplo, si merced a un servicio prestado por el CPA o en una
dependencia del CPA el abogado demora menos en pagar una tasa, o en tramitar un
oficio o en obtener un informe de un registro, esa mayor eficiencia no es beneficiosa
sólo para los profesionales sino también, en última instancia, para los clientes a quienes
todos los costos invariablemente se trasladan y de cuyo acceso a la justicia se trata.

En cambio, no parece ajustado a la finalidad pública del CPA que esos fondos
paguen prestaciones que sólo benefician a los abogados y que no se relacionan con el
servicio al cliente, como la posibilidad de tramitar documentos de identidad para el
matriculado y su familia, el suministro de direcciones electrónicas o cualquier otra
prestación que puede conseguirse en el mercado. Nada hay en la ley que permita
semejante subsidio de los clientes a favor de la abogacía, cuyo mantenimiento debe
surgir de los honorarios que libremente acuerden ambas partes de esa relación
profesional. Aunque algunos servicios no tengan impacto presupuestario directo, que el
CPA dedique personal, espacio, luz eléctrica, seguridad, etc. para que el hijo de un
abogado pueda hacer allí su documento de identidad o, aunque parezca antipático, para
que funcione una guardería para que los matriculados dejen allí a sus niños es, en
esencia, lo mismo que si el CPA comprara un inmueble para instalar una sala de
masajes para los abogados tensionados, paguen éstos o no las sesiones de masajes,
pague o no el masajista un alquiler a precio de mercado, sea la unidad de masajes
deficitaria o superavitaria para el CPA. Un minuto de un empleado del CPA dedicado a
negociar y luego gestionar convenios con agencias de turismo, aunque nada más le
cueste a la institución ese vínculo, es propio de un club social, que se financia por los
asociados que pagan la cuota si quieren seguir siendo asociados.

2. ¿De qué sirve controlar la disciplina a través de un tribunal opaco?

Otro ejemplo de esa tensión entre los dos sombreros del CPA tiene que ver con
el control de la disciplina o ética profesional. El Tribunal de Disciplina del CPA (“TD”)
funciona merced a un reglamento que parece concebido para evitar todo lo posible que
alguien sea sancionado y que, si lo es, esa sanción se conozca. Está inspirado en el
procedimiento penal, cuyos principios ha recogido a pesar de que se trata de un tribunal
de naturaleza deontológica y no jurídica: prohibición de la analogía, obligación de
absolver en caso de duda, acusación por una unidad de instrucción, ausencia de toda
legitimación del denunciante para impulsar o recurrir, y la lista sigue.

Lo que más asombra es la ausencia de publicidad de sus sentencias. Como
cualquier tribunal, además de resolver casos particulares el TD debe interpretar, crear
precedentes, indicar cómo debe portarse la gente. Pero no es este el caso. En virtud de
una interpretación por lo menos cuestionable de una norma del reglamento del TD,
hecho por el propio CPA, la comunidad profesional ha entendido que las sanciones que
no implican suspensión o exclusión de la matrícula no solamente no deben ser
publicadas sino que tampoco pueden ser consultadas, con lo que el TD reviste la insólita
naturaleza de ser un tribunal hermético.

Las sanciones y las absoluciones son un antecedente importante para alguien que
quiere vincularse con un abogado como cliente, empleador o socio. Y en última
instancia podrían publicarse las sentencias sin indicación de nombres, como se publican
los fallos que tienen que ver con cuestiones de familia. De nuevo parece evidente la
confusión de roles entre lo público y lo asociativo, pero en este caso va más allá: los
socios de un club deportivo conocen las resoluciones de los tribunales de honor o de
ética; los propios abogados y los clientes, no. (2)

Hace algunos años, y luego de muchos meses sin noticias sobre una causa en la
que yo había sido el denunciante, concurrí al TD y me informaron verbalmente que
había sido dictado el fallo pero que, al no estar firme, yo no podía verlo. Deduje que
habían sancionado al colega (única posibilidad de que existiera un recurso) pero nada
más pude saber.

El sitio de Internet del CPA publica algunos sumarios (ningún fallo) del TD.
Veamos cómo hace pública su labor: para que la gente llegue a esos sumarios tiene que
hacer los siguientes cinco clicks por un camino de hipervínculos bastante poco intuitivo:


  •  primero, Institucional (¿?);
  •  segundo Tribunal de Disciplina;
  •  tercero, Deberes Fundamentales del Abogado, que viene luego deltribunal, y no al revés;
  • cuarto, debe elegir el Deber que le interesa;
  • quinto, Información (palabra que constituye un perfecto ejemplo de referencia vacía).

Recordemos que también pueden radicar denuncias quienes no son abogados y,
por definición, no están familiarizados con la estructura del CPA. Parece poco probable
que lleguen fácilmente a esa información por ese camino.

En 2012, a casi tres décadas de existencia del CPA, comprobé que habían sido
considerados dignos de publicación 216 sumarios, sin que se indique quién los elige ni
con qué criterio. Es decir, un promedio de ocho por año, lo que parece mostrar un
criterio más propio de una revista jurídica, cuyo director elige qué publicar, que de un
tribunal que funciona en un organismo de Derecho Público.

Dado que a los sumarios solamente se agrega como referencia un número y año
de iniciación, no es posible conocer la fecha de la resolución que corresponde al
sumario publicado. Tomando como referencia, entonces, esa indicación encontramos las
siguientes curiosidades:


  • de 1995 se había publicado un solo sumario;
  • de 1997 se había publicado un solo sumario;
  • de 2005 se habían publicado 115 sumarios (es decir, el 53% de las publicaciones
  • de toda la historia correspondía a un solo año);
  • hay 15 períodos anuales de los que no había un solo sumario;
  • no había ningún sumario desde 2007 hasta la fecha del relevamiento, de modo que se podía consultar la jurisprudencia más vieja de un tribunal pero no la más nueva, que es la que usualmente interesa más al que investiga.
No se trata solamente de que no publiquen en Internet las resoluciones. Para radicar una
denuncia llamé al TD porque me proponía hacer una investigación de jurisprudencia y
me dijeron que las resoluciones no estaban disponibles tampoco en soporte papel. Ante
mi insistencia en conocerlas me indicaron que debía presentar una nota justificando para
qué las quería pero que en principio las resoluciones no se publican. Una respuesta
bastante paradójica, porque no explica por qué continúan publicadas 216.

3. ¿Puede el regulador de un servicio auxiliar de la justicia liderar una puja distributiva?

La conflictiva frontera entre las dos competencias del CPA se puso de
manifiesto en la ostensible campaña que sus autoridades hicieron oficialmente en
nombre de la institución para que se restaurara el llamado carácter de orden público de
los honorarios mínimos establecidos en el arancel, inclusive atribuyendo al CPA la
autoría del proyecto recientemente aprobado por el Senado de la Nación. Una iniciativa
de una originalidad notable, porque intenta regular una tarifa porque sobra competencia,
no porque falta, y que además pretende hacerlo como un precio mínimo o sostén, no
como un precio máximo. Todo al revés de lo que ocurre en el mundo en materia de
regulaciones.

Pedir más por lo mismo es sólo una puja distributiva. Se trata de una acción
gremial comprensible, pero de difícil asimilación si uno piensa en un organismo de
Derecho Público que ejerce una función de contralor por delegación estatal y cuyos
recursos son extraídos por la fuerza a terceros (¡para financiar acciones de lobby que, en
este caso, los perjudican!). Tampoco se ha conocido ningún análisis o siguiera
referencia respecto de la constitucionalidad de una iniciativa que parece chocar con los
derechos de los consumidores, que ahora tienen rango constitucional y que incluyen
explícitamente la protección contra toda forma de distorsión de los mercados (art. 42,
Constitución Nacional).

4. La dificultad del doble sombrero no es original de la Argentina

La Ley de Servicios Legales de 2007 dictada en Gran Bretaña obliga a las
instituciones equivalentes a los colegios de abogados a establecer políticas y procesos
que delimiten con claridad la función reguladora de la función de representación
gremial, y que ambas no se interfieran.

Esa misma ley creó un consejo que está por encima de los colegios, que
establece el marco regulatorio de más alto nivel y en el que están representados a través
de un panel también los consumidores de los servicios de los abogados, a quienes se los
debe consultar antes de aprobar regulaciones.

Tal vez sea hora de reflexionar sobre estas tensiones en una discusión franca y
serena, despojados por un momento de las afinidades de pandilla.

5. Aunque uno esté dormido, amanece igual

¿En qué debería estar pensando entonces el CPA para el bien común, tanto el de
sus asociados como el de la sociedad a la que sirve como entidad de Derecho Público?

Demasiados cambios hay ya en el ecosistema de la profesión. Cuando Richard Susskind
escribió en 2009 The end of lawyers sus predicciones sobre el impacto de la tecnología
y la internacionalización nos parecían algo remotas. En todo caso, propias de un primer
mundo del que nos considerábamos alejados. Nos hablaba de tercerización en abogados
extranjeros,(3) de fragmentación de procesos y su asignación a distintas firmas, de
clientes que comparten el conocimiento que alguna vez compraron a un abogado a la
manera de Wikipedia y de varios fenómenos más. Pocos años después basta mirar
servicios de resolución de conflictos para el comercio electrónico como Modria, o de
generación de contratos y documentos legales de baja o mediana complejidad como

Legalzoom para confirmar que es hora de revisar paradigmas. No doy esos ejemplos
porque sí: los he conocido a ambos no como abogado sino como usuario. Acepté el
riesgo de prescindir de un abogado norteamericano en un tema personal, y por un costo
despreciable obtuve un servicio de gran calidad sin moverme de mi casa y sin
interactuar con ningún ser humano. A través de Legalzoom obtuve un muy buen
contrato y un poder hecho a medida por US $ 80 y en minutos.

En un libro que yo regalaría a cada dirigente con quien me cruzara, The second
machine age, Brynjolfsson y McAfee, dos académicos del Instituto Tecnológico de
Massachusetts básicamente optimistas sobre el impacto de la tecnología en nuestras
vidas, demuestran que desgraciadamente con la innovación ocurre lo que se suele
expresar como Ley de Moore cuando se trata de los procesadores (su capacidad de
procesamiento se duplica cada determinado lapso al mismo tiempo en que su costo se
reduce a la a la mitad, ambos fenómenos obviamente exponenciales, pero que hace con
un nivel tal de aceleración que no permite que los trabajadores que se vuelven
inempleables se recapaciten a la misma velocidad. A diferencia de lo que ocurrió con la
máquina de vapor y luego con el motor de combustión interna, esta segunda revolución
industrial no solamente desemplea a los trabajadores manuales sino también a los de
cuello blanco, a los que fueron a la universidad, en la medida en que se ocupen de
procesos que tienen un alto contenido rutinario. La distinción ya no es entre trabajo
manual o intelectual, sino entre trabajo creativo y rutinario. Y, para peor, disminuye la
paga promedio de los que tienen la suerte de seguir trabajando. (4)

Ese doloroso efecto puede ser transitorio solamente si se lo ataca con planes
efectivos de capacitación (pagados por sus interesados, no por los clientes). Sorprende,
en este entorno inevitable, que el CPA reitere cada tanto su pedido de prórroga de la
implementación del expediente digital alegando las dificultades que tendrían sus
matriculados para capacitarse a tiempo. De ser cierta esa dificultad, se trataría de un
síntoma preocupante de que no estamos atacando las causas sino solamente los efectos
de los problemas.


Octubre, 2015


Notas:

(1) Un colega y amigo suele bromear sobre la débil presunción de idoneidad que da entre nosotros la mera matriculación, afirmando que él confía más en la calidad de un jamón de Jabugo o de una botella de Brunello di Montalcino (si llevan en sus etiquetas la denominación de origen controlada por sus gremios desde el Medioevo) que en un abogado argentino.

(2) Cualquier persona puede consultar las infracciones de tránsito que ha cometido otro con sólo conocer su número de documento de identidad, que no es un dato personal reservado. Pero nadie puede saber si un abogado recibió una sanción menor o fue absuelto por el TD.

(3) The New York Times informó en su edición del 4/8/2010 que el número de firmas de tercerización de procesos legales en India había crecido de 40 a fines de 2005 a 140 en 2009, que de acuerdo con la consultora Valuenotes los ingresos por honorarios generados en esta actividad alcanzarían los 440 millones de dólares en 2010, equivalente a un crecimiento del 38% en dos años y que en función de la tendencia el volumen de esa exportación de servicios podría superar los 1.000 millones en 2014. Sólo hay que dividir ese importe por el honorario promedio que los abogados indios cobran por hora para ver cuánta demanda se ha generado. Esa demanda incremental, nueva, ha permitido dar trabajo a una cantidad de abogados equivalente al que tendrían, sumados, muchos estudios jurídicos de cientos de abogados cada uno.

(4) Recordemos que la computadora Deep Blue de IBM venció al ajedrez al campeón mundial Kasparov, una tarea que pareciera bastante menos rutinaria que hacer un alegato o un contrato de compraventa de acciones.

LISTAS OFICIALIZADAS

BLOQUE CONSTITUCIONAL -  CANDIDATOS – 26.04.2016

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente:



CORDERO, Julio Gabriel



Vocales titulares:

2
DE ROSA, Susana N.
3
MUSI, Héctor Luis
4
RYBNIK, Daniel Eduardo
5
VALSANGIACOMO ANDURANDEGUY, Roxana
6
FOGLIA, Ricardo Arturo
7
ALLENDE, Agustín Pedro
8
BLANCO PEÑA, María Laura
9
SAENZ VALIENTE, Luciano A.
10
TOUJAS, Pablo Alfredo
11
CASTIÑEIRA ARCE, Jimena
12
RAMIREZ BOSCO, Luis Ernesto
13
CARDINI, Mario Enrique
14
MOISES TRUJILLO, María Inés
15
ROSSI, José Antonio T.

Vocales Suplentes:

1
MIHURA ESTRADA, Ricardo
2
HALAC, Mauricio Roberto
3
CHIDA, Julieta
4
JUANCHE, Esteban Luis María
5
CAFFARINI, Ezequiel
6
SAGASTA, Mariana
7
VOLMAN, Sergio Daniel
8
MORENO HUEYO, Belisario
9
MOSE MEDRANO, Camila María
10
CILLO, Nélida Estela María
11
VAINI, Roberto Nicolas
12
GALATRO, María Alejandra
13
NUÑEZ, Diego Eduardo
14
DE LOS HEROS, Mariano A.S.
15
GUGLIARA, María Inés



BLOQUE CONSTITUCIONAL -  CANDIDATOS – 26.04.2016

TRIBUNAL DE DISCIPLINA


1
DEL CARRIL, Enrique
2
LASCANO QUINTANA, Guillermo V.
3
CALVO, María Inés
4
LABANCA, Jorge Nicolás
5
PROSPERI, Alba M
6
BAUR, Marian Mabel
7
BUTLER, Alejandro Tomás
8
COMBA, Marcelo Alberto
9
FERNANDEZ REY, Blanca Edith
10
MELLO, Felix José Luis
11
REVILLA CORNEJO, Gonzalo
12
GUADAGNI, María Viviana
13
SEEBER, Ricardo Vicente
14
SAMBRIZZI, Eduardo Antonio
15
CATELAN, Mirta Graciela

Vocales Suplentes:

1
GOBBI, Marcelo
2
WILSON RAE, Tomás
3
BOTTIROLI, Silvia
4
CAFFARINI, Carlos Alberto
5
NIETO, Pedro Gabriel
6
PALLA, Marcela Aldina
7
CORTADA, Alicia Mercedes
8
MOISES TRUJILLO, Federico Luis
9
PETITTO, Analía Gabriela
10
BLANCO, Eduardo Alfredo
11
ZENARRUZA,Octavio Carlos
12
DEANDREIS, Rosana Claudia
13
RODRIGUEZ SONEIRA, Diego E.
14
LOVERA, Mónica Beatriz
15
FORTIN, Alejandro Wenceslao



BLOQUE CONSTITUCIONAL -  CANDIDATOS – 26.04.2016

ASAMBLEA DE DELEGADOS

Delegados titulares:

1
PUSINERI, Pedro Pablo
2
LOVERA, Mónica Beatriz
3
TORRES BARTHE, Pablo
4
TAMAGNONE, J. Santiago
5
CATELAN, Mirta Graciela
6
SOSA VALLE, Federico
7
BUTLER, Alejandro Tomás
8
VALSANGIACOMO ANDURANDEGUY, Roxana
9
MUSI, Héctor Luis
10
NUÑEZ, Diego Eduardo
11
CASTIÑEIRA ARCE, Jimena
12
REVILLA CORNEJO, Gonzalo
13
PANIZZA, María Verónica
14
PROSPERI, Alba M
15
LLAMBIAS PRAVAZ, Marcelo Alberto
16
NIETO, Pedro Gabriel
17
BLANCO PEÑA, María Laura
18
DE LOS HEROS, Mariano A.S.
19
SAENZ VALIENTE, Luciano A.
20
BOTTIROLI, Silvia
21
COMBA, Marcelo Alberto
22
MORENO HUEYO, Belisario
23
NIHANY, MARISA GABRIELA                      
24
BERTORELLO, Nicolás
25
FORTIN, Alejandro Wenceslao
26
CORTADA ALICIA MERCEDES                     
27
FOGLIA, Ricardo Arturo
28
SANZ, Gregorio Ignacio
29
GUGLIARA, María Inés
30
ITZCOVICH GRIOT, Emilio Ricardo               
31
VILLAFAÑE TAPIA, Tomás
32
ROMANCZUK, María Luján
33
DONOFRIO, Pablo Martín
34
ZENARRUZA,Octavio Carlos
35
GUADAGNI, María Viviana
36
MARTINEZ, PABLO SEBASTIAN                    
37
MC EWAN, Juan Pablo
38
MOSE MEDRANO, Camila María
39
PEREIRA, Martín Horacio
40
RODRIGUEZ SONEIRA, Diego E.
41
DEANDREIS, ROSANA CLAUDIA
42
GALATRO, María Alejandra
43
RYBNIK, Daniel Eduardo

BLOQUE CONSTITUCIONAL -  CANDIDATOS – 26.04.2016

ASAMBLEA DE DELEGADOS

Delegados Suplentes:

1
ALLENDE, Agustín Pedro
2
CHIDA, Julieta
3
OYUELA, Jorge Guillermo
4
MARTINEZ, GUSTAVO
5
DE ROSA, Susana N.
6
MELLO, Felix José Luis
7
MENDIGUREN, Alfredo
8
FERNANDEZ REY, Blanca Edith
9
MIHURA ESTRADA, Ricardo
10
REIGADA, Javier
11
PALLA, Marcela Aldina
12
BAUR, Marian Mabel
13
SILVEYRA, Miguel María
14
VOLMAN, Sergio Daniel
15
ASTI VERA, Marina Soledad                    
16
WILSON RAE, Tomás
17
ROSSI, José Antonio T.
18
PETITTO, Analía Gabriela
19
VAINI, Roberto Nicolas
20
BLANCO, Edudardo Alfredo
21
SAGASTA, Mariana
22
CAFFARINI, Carlos Alberto
23
JUANCHE, Esteban Luis María