BLOQUE CONSTITUCIONAL PRESENTA CANDIDATOS AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN

El 11 de Julio de 2014 Bloque Constitucional presentó ante la Junta Electoral designada por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación a sus candidatos titular y suplente, Ricardo Mihura Estrada y Victoria Villarruelpara representar a los abogados de la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones del 9 de Septiembre de 2014.

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¿Por qué nos presentamos?

Nos presentamos porque queremos que en la silla de los abogados del Consejo se ubique un profesional con independencia y no que termine ocupada por alguien que responda a intereses políticos y/o corporativos.

La política y la corporaciones han desnaturalizado un sinfín de instituciones que deben cumplir un rol técnico.

Queremos trabajar para que el Consejo cumpla estrictamente sus funciones constitucionales dentro de un marco de transparencia y control republicano.

En Bloque Constitucional hemos aprendido y estamos demostrándolo con hechos que, aún siendo minoría, podemos incidir sustancialmente en la calidad de las instituciones.

Lo estamos haciendo en el Colegio Público de Abogados. Lo haremos en el Consejo de la Magistratura.

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Nuestros Candidatos


Ricardo Mihura Estrada es uno de los fundadores y principales referentes de Bloque Constitucional. Tiene 49 años y es socio de un estudio jurídico con activo desempeño en el mundo del litigio, de los contratos y del asesoramiento empresarial.

Tiene una sólida formación profesional. Abogado por la UCA, Especialista en Tributación por la UBA (Cs. Económicas) y LLM in Taxation por la UF (como becario Fulbright). Significativa experiencia docente (principalmente en la UCA) y numerosos trabajos publicados en revistas especializadas.

En su vida personal Ricardo destaca la náutica, el yoga y la literatura como sus ámbitos preferidos de elevación del espíritu y conexión con la energía del mundo.

Ricardo es un convencido de que el trabajo, la dedicación y el estudio todo lo pueden, y está decidido a lograr, con esas armas, que prime la racionalidad, el profesionalismo, la independencia y la honestidad en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de la Justicia.

Victoria Villarruel es una abogada argentina, que fundó y preside CELTYV, la ONG que nuclea a las víctimas del terrorismo de Argentina. En 2010 presentó su primer libro "Los llaman... jóvenes idealistas". En 2014 publicó "Los otros muertos" (en co-autoría), estudio sobre las víctimas del terrorismo de los '70. Es miembro de la Comisión de DDHH del Colegio Público de Abogados de Capital Federal.

Recibió en 2012 el premio "Amigo della forze dell´ordine" otorgado por la Asociación de la Policía Penitenciaria de Italia (Venecia). Ha disertado en numerosos países del mundo sobre DDHH y las víctimas del terrorismo, entre ellos USA, Noruega, España, Italia, Francia, Colombia, Uruguay, Perú y en nuestro país. Fue entrevistada por el Wall Street Journal (USA), el diario ABC (España), El Expreso (Perú), La Nación y Clarín (Argentina), Fohla y Veja (Brasil) entre otros importantes medios del mundo.

"Trabajar para construir una Justicia Independiente tiene todo el sentido para el trabajo que venimos realizando desde hace años", dice Victoria, "porque sin jueces independientes no podemos seguir avanzando en demandar justicia para las víctimas del terrorismo".

EL 9 DE SEPTIEMBRE PODES VOTAR A NUESTROS CANDIDATOS. POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE Y TRANSPARENTE

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PROPUESTAS PARA EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

"POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE Y TRANSPARENTE"

Competencia Constitucional
Art. CN
PROPUESTAS BLOQUE CONSTITUCIONAL
Régimen republicano
1
Númerus clausus: Las únicas funciones que puede realizar el CM son aquéllas previstas por el art. 114 de la Constitución Nacional.
Transparencia y austeridad: Administración de los recursos propios del Consejo en forma transparente y eliminación de gastos innecesarios.
Escuela Judicial: Eliminación de costos y estructuras burocráticas que son ajenas a la competencia constitucional del Consejo de la Magistratura. Propiciaremos la mejora de la calidad educativa, mediante el reconocimiento de los servicios de formación de magistrados, funcionarios, empleados judiciales y postulantes a dichos cargos por instituciones universitarias de máximo prestigio, con plena libertad de elección para el aspirante o funcionario, eliminando las   ventajas comparativas indirectas en los concursos que hoy tienen los funcionarios judiciales vinculados a la Escuela Judicial, y sin costo para el Estado.
Desefectivización de personal de gabinete: Eliminación de los cargos creados por los consejeros salientes para efectivizar a su propio personal de gabinete.
Ejercicio responsable: presencia física diaria de los Consejeros en las oficinas del Consejo de la Magistratura.
Selección postulantes
114(1)
Eliminar sistema de conjueces: Eliminar el sistema de cobertura de juzgados vacantes con "conjueces". Las leyes 26.372 y 26.376 son inconstitucionales porque permiten asignar jurisdicción plena y poner a cargo de Juzgados y Vocalías de Cámara a candidatos del Poder Ejecutivo, sin concurso y sin estabilidad.  En cualquier caso, los jueces “subrogantes” deben ser jueces con estricto cumplimiento de art. 99(4) de la CN, con selección por concurso y estabilidad funcional.
Entrevistas personales por video televisadas: Grabar y exhibir online las entrevistas personales con los candidatos a jueces.  Adherimos a la iniciativa 'Concursos Transparentes' de la ACIJ.
Acelerar Concursos: Acelerar los procesos de selección de postulantes y resolución de concursos. Hoy existe más de un 20% de juzgados y vocalías de Cámara vacantes, muchos de ellos con procesos de selección detenidos o no iniciados, lo cual es funcional para que el Poder Ejecutivo pretenda cubrir esos puestos con gente no calificada ni independiente.
Tomar intervención en la Comisión de Selección: La Ley 26.080 (2006) excluyó a los representantes de los abogados de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, algo insólito e inconstitucional, pero la Ley 26.855 (2013) los restableció, y a pesar de que esta ley difirió su entrada en vigencia en este punto, es necesario ponerla en vigor para cumplir con la Constitución, por lo que actuaremos en todos los ámbitos legales y judiciales para exigir esta participación.
Emitir Propuestas en Ternas
114(2)
Rol técnico: El CM debe cumplir un rol estrictamente técnico, y la elevación de propuestas de ternas es una de las funciones en donde debe asegurarse la transparencia y el control republicano para que responda a un riguroso orden de mérito.
Postulantes sin mérito: No todos los postulantes que componen una nómina reúnen las condiciones de mérito para integrar una terna. Cuando una nómina es insuficiente o es utilizada para más de una terna, debe determinarse un criterio técnico para asegurar que no se incluyan postulantes que no reúnen las condiciones mínimas de mérito.
Administrar recursos y ejecutar presupuesto para la administración de justicia
114(3)
Administración de recursos y del personal: La administración de los recursos y la ejecución del presupuesto del Poder Judicial de la Nación corresponde al Consejo de la Magistratura, no a la Corte Suprema. Retomaremos el pleno ejercicio de esta competencia constitucional, que hoy es ejercida sólo a medias. El Poder Judicial no debe hacer política a partir del manejo de recursos, cargos, etc., pues ello enturbia la administración de Justicia. Inconstitucionalidad de artículos finales de la Ley 26.855 que negoció el PEN con la CSJN con anterioridad al fallo “Clarín” sobre la Ley de Medios.
Transparencia y publicidad del manejo de recursos que hace la CSJN: Mientras la administración la siga ejerciendo la CSJN, realizaremos la publicidad total de la ejecución presupuestaria, cargos, sueldos, contratos, etc.
Igualdad entre empleados y abogados para el acceso a cargos judiciales: Concursos abiertos para el ingreso a cubrir cargos de empleados y funcionarios judiciales. Valoración de antecedentes en el ejercicio profesional en igualdad de condiciones que antecedentes en cargos judiciales.
Procesos de compras: Transparencia, racionalidad y calidad en la contratación de todos los servicios y bienes que requiere la Justicia para funcionar.
Informatización: Informatización total de las actuaciones y del proceso judicial.
Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados
114(4)
Proceso voluntario abreviado: Los jueces que reciban una denuncia podrán someterse voluntariamente a un proceso abreviado, de una sola audiencia pública dentro de 30 días, en la que den las explicaciones y se produzca toda la prueba, y se resuelva en el acto la sanción o sobreseimiento.
Audiencias públicas televisadas: Grabar y exhibir online las audiencias con jueces imputados en procesos disciplinarios.
Publicidad de todos los expedientes y resoluciones.
Acelerar la resolución de todos los procesos sancionatorios: Toda denuncia fundada contra un magistrado debe ser tramitada de inmediato y resuelta en no más de 3 meses. La extensión de los procesos disciplinarios sólo sirve para generar presiones morales y de todo tipo sobre los Jueces, lo cual afecta su independencia. La extensión máxima de 3 años que fija la Ley para abrir los procesos de remoción debe ser abreviado sustancialmente por una actuación eficiente y ecuánime del Consejo.
Decidir apertura procedimiento de remoción, ordenar la suspensión y formular la acusación
114(5)
Transparencia y Celeridad en el Procedimiento: el dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación y la acusación formulada por el plenario del Consejo de la Magistratura deberán ser publicados en la página web sin necesidad de requerimiento especial.
Dictar reglamentos de organización judicial y los necesarios para asegurar la independencia de jueces y eficaz prestación de justicia
114(6)
Establecimiento del juicio por jurados
Traspaso completo de Justicia local a CABA
Código de Conducta: Aprobar un Código de Conducta Judicial que establezca normas objetivas sancionables, con respeto del principio de tipicidad y demás requisitos del derecho sancionador.
Procedimientos judiciales modernos y ágiles.
Estructuras administrativas y tecnológicas acordes a los procedimientos.
Auxiliares de la justicia (peritos, martilleros, síndicos concursales, etc): Selección y designación en forma abierta, competitiva y transparente.
Subastas: Reglamento de subastas bajo sobre y en presencia del Juez y un auditor, para terminar con los negocios de  “la Liga”, que parasita del patrimonio de los justiciables (tanto deudores como acreedores).
Reglamento de contrataciones transparente, igualitario y eficiente.
Reglamento para la Justicia Nacional: Revisión y adopción del Reglamento para la Justicia Nacional y mantenimiento bajo la competencia del Consejo de la Magistratura.
Depósitos judiciales: eliminar el monopolio del Banco Nación y establecer mecanismos de depósitos y transferencias alternativos, competitivos y eficientes.
Matriculación de abogados: eliminar la colegiación obligatoria al CPACF y habilitar un registro de letrados que los habilite a ejercer en los procesos judiciales y prejudiciales con el único requisito de poseer título habilitante

#JusticiaIndependiente

#JusticiaTransparente





Un nuevo proyecto de Ley de Honorarios: NADA ES LO QUE PARECE

por: Ricardo Mihura Estrada

[Reedito este post ante el reciente ingreso de un nuevo proyecto de ley, esta vez en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que propicia honorarios mínimos, indisponibles por las partes. La pena para el abogado que pacte honorarios debajo del mínimo será de entre 6 meses y un año de suspensión de la matrícula]


Un proyecto de ley de honorarios para los abogados de la ciudad de Buenos Aires tiene estado parlamentario en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo promueve el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (en su versión "reloaded" a partir de su alianza con el PRO) y dice beneficiar y devolver la dignidad a todos los abogados, y especialmente a los que paternalistamente (no sin un dejo de desprecio) llaman abogados “de a pie”. He escuchado que que el proyecto es también apoyado por algún que  otro estudio grande, que "de a pie" sólo tiene a los abogados que llaman "pateadores" (acá sí, claramente despectivo). 


Estas breves líneas solamente intentan abrir los ojos sobre los probables efectos del principal cambio normativo que se propone: declarar nulos los acuerdos de honorarios que se pacten por debajo de los aranceles mínimos, y sujetos a sanción disciplinaria por falta de ética a los profesionales que los suscriban.

Asumiendo que esta norma se promulgue y que la amenaza de penas (que van de 6 meses a un año de suspensión de la matrícula, en el proyecto presentado para la CABA) haga que efectivamente se cumpla, con menos ciencia económica que sentido común creo que se puede vaticinar lo siguiente:

(a) Efectos sobre la oferta de servicios jurídicos


Respecto del precio de los servicios, los aranceles mínimos serán un piso para la competencia. El costo agregado de los servicios jurídicos se incrementará. Los usuarios de estos servicios deberán pagar precios más altos de los que hoy pagan en un régimen de libre competencia. Ello significa que los abogados (al menos algunos) se intentarán apoderar de una porción más grande de la renta nacional y que el costo de vivir y de producir en la argentina será más caro. Las víctimas del mayor costo serán los consumidores finales de servicios jurídicos y también los consumidores de todos los demás productos y servicios que contienen el servicio legal como un insumo en algún punto de su cadena de producción y comercialización. También serán víctimas las empresas, allí donde no puedan trasladar el mayor costo legal, es decir en los mercados más competitivos, particularmente en el mercado internacional.

Qué habrá de suceder con la calidad de los servicios jurídicos. ¿Mejorará la calidad por ser ésta la única variable legal que tendrán los abogados para competir? Yo creo que no. La calidad en el servicio jurídico no es algo que el cliente pueda medir fácilmente y –mucho menos- en el corto plazo. Por eso es muy difícil competir por calidad. Como se vende seguridad, se compite más por nombre y antecedentes, los cuales presumen calidad. Y en este punto es indudable que los estudios establecidos tienen un capital acumulado imposible de empardar para sus jóvenes e independientes competidores.

El profesional, en cambio, sí puede medir su propia eficiencia, al menos en el costo final de su servicio. Mejores técnicas y tecnología, menores costos fijos y más vocación al trabajo y a la investigación permiten prestar servicios con menores costos y precios finales. Es muy decisivo en esta ecuación el costo de oportunidad, que se refleja en la mayor o menor disponibilidad de tiempo que tiene un abogado  según la acumulación de trabajo en cada momento. Es allí donde el abogado independiente tiene más posibilidad de vender servicios, llegando al extremo (muy común, por cierto) de tomar el caso entera o mayormente “a riesgo”, lo cual permite a muchísimas personas acceder a un servicio que de otra forma sería demasiado caro. Por eso, la competencia por precio es una competencia en la que gana el abogado más eficiente, o el abogado más dispuesto a trasladar las ventajas de su eficiencia al cliente.  Pero, si el abogado eficiente queda fuera de la competencia porque el precio como termómetro de su eficiencia no es una variable admisible, tienden a prevalecer los otros abogados, los ya establecidos, los que compiten sólo con su capital acumulado de nombre y experiencia. No veo, entonces, que el honorario mínimo sea un incentivo a mejorar la calidad.

De paso, los estudios establecidos obtienen algunos beneficios adicionales: la mayor dificultad de los abogados para competir por precio es un desincentivo para que los abogados en relación de dependencia de otros abogados decidan levantar vuelo y entrar en competencia con sus propios mentores. Al mismo tiempo, esta situación es un incentivo a los jóvenes para entrar y permanecer como empleados en tales estudios, con la lejana promesa de algún día llegar a socios. Mayor disponibilidad y fidelización de empleados es el marco ideal para reducir el costo salarial, es decir, para proletarizar la profesión. 

Por último, al quedar menos prestadores de servicios jurídicos, y ser estos prestadores más conocidos, es fácil prever el incentivo a la cartelización y al reparto de clientes, es decir, a incrementar aún más el costo del servicio jurídico.

(b) Efectos sobre la demanda de servicios jurídicos


Mayores precios, menor calidad, menor cantidad de prestadores… Todo ello parecería indicar que la demanda de servicios jurídicos se habrá de retraer. ¿Qué significa la retracción de la demanda? ¿Es ello posible, o se trata -como la salud- de una demanda rígida porque los servicios jurídicos son un componente necesario del servicio público de Justicia?

Por supuesto que la demanda de servicios jurídicos puede mermar. Hay vida sin servicios jurídicos.

Es una vida de peor calidad, con menor seguridad jurídica y por ello con más dificultades para la circulación y creación de riqueza. Pero la vida continúa. Así como es enorme la cantidad de propiedades que no se escrituran por el costo notarial y fiscal que conlleva, y los malos títulos dificultan las ventas y el acceso al crédito, del mismo modo, hay divorcios, sucesiones, alimentos, filiaciones, visitas, reclamos de cobro, contratos, en fin, un sinnúmero de negocios y conflictos jurídicos que no se resuelven, o se resuelven mal por las deficiencias del servicio de Justicia, que ya hoy son notorias.

Aumentar el costo y reducir la oferta de los servicios de los abogados no puede sino llevar a reducir aún más a esa ya espantada demanda.

Claro que la parte más rígida de la curva de demanda es la de las grandes empresas, que tienen más intereses que proteger y por eso pueden pagar abogados en relación de dependencia o pagar estudios por sobre los mínimos arancelarios, o bien tienen la posibilidad de trasladar esos costos a sus productos finales. Estas grandes empresas contratan, naturalmente, a los estudios establecidos. 

¿Cuál es la parte más flexible, más sensible de la demanda? La de los particulares y las Pymes, que reducirán su ya decreciente demanda de servicios, privándose de organizar sus intereses y de resolver sus conflictos personales y patrimoniales conforme a derecho, y privando de su legítima fuente de trabajo actual a los abogados independientes, jóvenes, trabajadores y emprendedores.

(c) Conclusión


Este proyecto es una etapa más del corporativismo, que sólo busca privilegios para unos pocos, y descarga el peso de ese privilegio sobre los más indefensos y los más necesitados.

Lo que me gusta de este proyecto es que no se va con eufemismos, sino que deja bien al desnudo la violencia que necesita ejercer la corporación para lograr su objetivo: me refiero a la draconiana pena de suspensión (prohibición de trabajar por un mínimo de 6 meses) a quien ose desafiar el sistema y acordar libremente con sus clientes cómo desea trabajar y cobrar por sus servicios.

CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL

Se trata en el Consejo de la Magistratura la aprobación de un Código de Ética Judicial

En nuestro programa de Abogados en Bloque (FM 97.9 Radio Cultura) el sábado 24 de mayo de 2014 el Dr. Daniel Ostropolsky -Consejero representante de los abogados del interior y Presidente de la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- nos hizo entrega de una copia del proyecto de Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que fue presentado al Presidente del Consejo de la Magistratura el pasado 8 de Abril de 2014 (presentación y fundamentos de la propuesta).

Lo que se intenta aprobar es la adopción de un estándar de conducta ético de reconocimiento internacional, que pueda servir para la evaluación del desempeño de los jueces en funciones, como también para la evaluación de concursos de aspirantes a la magistratura.

Se espera que este Código sea tratado en la próxima reunión del plenario del Consejo de la Magistratura, en la primera semana de Junio.

Las incógnitas son:

¿Apoyará el kirchnerismo la aprobación de este proyecto?

Y, sobre todo:

¿Apoyarán los tres representantes de los Jueces la aprobación de este proyecto?